El cambio de tarifas de las privatizadas telecomunicaciones de Panamá generó una ola de quejas de los usuarios, a pesar de que el gobierno aduce que el costo del servicio bajó para 70 por ciento de los abonados.
Centenares de panameños se apostaron en febrero y marzo con pancartas ante las oficinas de la compañía británica Cable and Wireles para protestar por supuestos abusos en el cobro del servicio telefónico.
Un portavoz de los manifestantes afirmó que "es inverosímil que en un país donde el salario mínimo es apenas de 200 dólares Cable and Wireles haya aumentado sus tarifas 200 por ciento en algunos casos y que cobre por servicios que no prestó".
La estatal Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor impuso a la compañía una multa de 15.000 dólares a comienzos de marzo por el cobro indebido de tarifas a los usuarios del servicio de larga distancia nacional.
Trece por ciento de los 2,5 millones de habitantes de Panamá cuentan con una línea telefónica en su domicilio.
La compañía británica, que explota telecomunicaciones en su país de origen, en Hong Kong y en doce naciones del Caribe, sorprendió en mayo de 1997 a sus competidores internacionales cuando pagó 652 millones dólares por 49 por ciento de la panameña Intel SA, cuyos activos fijos eran de 463 millones de dólares.
Luego desembolsó otros 72,5 millones de dólares por el derecho a explotar la banda B de la telefonía celular.
La compra de 49 por ciento del paquete accionario del Intel le otorgó a Cable and Wireles el control de sus operaciones, la administración y la gerencia general de la empresa, así como el derecho a establecer nuevas tarifas telefónicas tras recibir una autorización del parlamento a tal fin.
El gobierno aseguró que la transferencia de Intel al sector privado iba a abaratar los costos del servicio y a ampliar las redes de telecomunicaciones hacia zonas desprovistas de teléfonos.
Pero el sindicalista panameño Rodolfo Benitez, representante regional de la Internacional de Comunicaciones (IC), indicó que "una de las características de las empresas de telecomunicaciones que son privatizadas es el aumento de las tarifas".
Tras indicar que "no ha existido ningún caso donde no se haya dado este fenómeno", Benitez acotó que "lamentablemente Panamá no será una excepción".
Boris Vergara, secretario general del sindicato de trabajadores de Intel, precisó que le han hecho llegar su preocupación a la compañía por el alza de precios y el impacto negativo que las mismas van a tener sobre los sectores de menores recursos.
Sin embargo, recordó que "el error de los panameños fue dejar que el parlamento aprobará las nuevas tarifas a su libre albedrío, pese a las advertencias del sindicato" de Intel.
La nueva escala estableció una tarifa minima de tres dólares dólar más dos centavos por minuto para los usuarios de una sola línea, otra intermedia de 5,5 dólares más un centavo de dólar por minuto y una general de 24 dólares por uso ilimitado.
Intel cobraba una tarifa única de 10,5 dólares por el uso de la línea y llamadas intraprovinciales.
Cable and Wireles también aumentó de 0,10 centavos de dólar a 0,15 dólares por minuto las tarifas de larga distancia nacional.
A pesar de las quejas de los usuarios y del sindicato, el ministro de Hacienda y Tesoro, Miguel Heras, señaló que 70 por ciento de los abonados al servicio telefónico "facturaron menos" en enero de 1988 que en los meses de 1997.
El sector comercial, que en enero de 1997 había pagado un promedio de 22,21 dólares por el servicio telefónico, este año redujo los pagos a un promedio de 20,17 dólares, dijo Heras.
Pero la Camara de Comercio, Industrias y Agricultura, el Sindicato de Industriales y la Asociación de Consumidores atribuyeron la caida en las recaudaciones de Cable and Wireles en enero y febrero a la gran retracción del uso del telefóno por temor de los consumidores a las nuevas tarífas.
Un segundo aspecto planteado por Benítez y Vergara son las relaciones entre los sindicatos y los altos ejecutivos de Cable and Wireles.
Vergara sostuvo que la compañía "se niega a reconocer los sindicatos" en Gran Bretaña y en Hong Kong, si bien ha tolerado su existencia en el Caribe.
Representantes de los trabajadores de Cable and Wireles de varios países decidieron en Panamá "adoptar acciones mancomunadas" cuando alguno de los sindicatos nacionales de la compañía afronte dificultades.
Philip Bowyer, secretario general del sindicato internacional de Cable and Wireles, afirmó que las telecomunicaciones son un servicio público y que la función del sindicato, además de velar por los derechos de sus asociados, es "hacer que ese servicio llegue a toda la población".
Las quejas de los usuarios y el sindicato de Cable and Wireles ocurre cuando Perú los abonados del servicio telefónico se aprestan a realizar el 1 de abril el primer paro de usuarios en América Latina desde que comenzó el proceso de privatización de servicios públicos en la región. (FIN/IPS/sh/mj/if cr/98
