Una nueva ley que pone límites al secreto bancario y somete el centro financiero internacional que opera en Panamá al concordato de Basilea sobre supervisión de la banca, generó reacciones encontradas entre empresarios.
La disposición fue aprobada tras una polémica de diez años en torno de la intervención del Estado en las operaciones de la banca para evitar el blanqueo de dinero del narcotrático y otros delitos.
Durante ese periodo se produjo un bombardeo de acusaciones internacionales, sobre todo del gobierno de Estados Unidos, en cuanto a la presunta participación de un sector de la banca en esas actividades.
El ex banquero Luis Moreno, actual presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, afirmó al analizar la nueva ley bancaria que ésta sólo fue posible por la existencia de una banca nacional "deseosa de limpiar su imagen".
A su juicio, era más importante incorporar el centro bancario al mundo financiero que responder a las nunca bien fundamentadas acusaciones que se han hecho a la banca local, pues "podríamos terminar con una ley que nos permita vivir con una bonita imagen, mientras el centro bancario sigue desmejorando".
Moreno explicó que en 1982, cuando el centro financiero panameño tenía 50.000 millones de dólares en activos, 92 por ciento de los mismos eran internacionales.
La proporción es ahora de 55 por ciento de los alrededor de 30.000 millones de dólares en activos que posee el mismo centro, que está integrado por unas 120 instituciones nacionales y extranjeras, indicó el banquero.
Moreno puso en duda la importancia de una imagen pública saneada para atraer a los inversionistas extranjeros, ya que en los últimos años, tres bancos españoles invirtieron cerca de 8.000 millones de dólares en América Latina "sin importarles la mala imagen de la banca de muchos de esos países".
Otros banqueros, como el vicepresidente del Banco General de Panamá, Raúl Alemán, consideraron la ley "positiva, tanto para el centro bancario como para el país".
Alemán observó que, además de flexibilizar las actividades de los bancos, las nuevas disposiciones legales eliminan "distorsiones" del decreto que regulaba el sector.
Según el decreto que reguló las operaciones del centro bancario internacional desde su fundación en 1970, los depósitantes locales gozaban de preferencia para recuperar su dinero cuando un banco se declaraba en quiebra y era intervenido por el Estado.
Otro aspecto sumamento polémico es el de la investigación de cuentas sospechosas de amparar operaciones de "lavado" de dinero.
Según informes de la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos) y de otros organismos de Washington, en el centro bancario, en la zona libre de Colón y en el comercio panameño se "lavarían" anualmente alrededor de 10.000 millones de dólares del narcotráfico.
Hasta ahora las autoridades judiciales estaban obligadas a presentar evidencias para investigar las cuentas cifradas en los bancos de este país.
Sin embargo, la figura del superintendente bancario introducida en la nueva ley permite al Estado -previa solicitud formal de un organismo legal competente- investigar depósitos de origen supuestamente espurio.
Asimismo, establece "la supervisión consolidada" entre la superintendencia bancaria e instituciones extranjeras similares, las cuales podrán solicitar información y efectuar visitas de inspección en las sucursales o subsidiarias de sus bancos radicados en Panamá.
Pero la ley prohibe a las instituciones extranjeras que reciban información o realicen alguna inspección revelar el contenido de sus investigaciones sin previa autorización del ente regulador panameño.
Un banquero extranjero que pidió reserva de identidad opinió que esa disposición atenta contra la confidencialidad que exigen los clientes en ciertas operaciones financieras.
La fuente subrayó que el tipo de supervisión que se ha autorizado "es una situación que no ocurre en otros países del mundo".
"Yo he visto reacciones adversas (a esa medida). Lo que se proponía al principio es que si había algo que solicitar que se pidiera a las autoridades locales y que éstas, a su vez, fueran las que rindieran informes a los entes supervisores extranjeros, y no que lo hagan directamente ellos", precisó.
El consultor bancario Carlos González, de la firma Cieca, advirtió que la supervisión consolidada autorizada por la nueva ley puede crear "dilemas éticos".
González puso como ejemplo el caso de cualquier funcionario extranjero que visite la sucursal de un banco de su país radicado en Panamá y se percate de que el mismo está realizando operaciones que violan las leyes de su nación.
En Panamá, de acuerdo con la nueva ley, sería un delito hacer pública dicha información, porque se vulneraría el secreto bancario "desde la perspectiva de un banco extranjero". Pero el funcionario visitante "debe hacer lo que las leyes de su país establecen", puntualizó el experto.
La Asociación Panameña de Bancos anunció que estudiará "a fondo" la nueva ley, que fija en 10 millones de dólares el capital mínimo para los bancos de licencia general y en tres millones para los bancos internacionales, en lugar del millón que se exigía anteriormente para ambos casos.
Así mismo, los bancos de licencia general deberán aumentar sus fondos de capital de cinco a ocho por ciento de sus activos totales, y mantener un saldo mínimo de activos líquidos que no exceda 35 por ciento del otal bruto de sus depósitos. (FIN/IPS/sh/ff/if/98
