PANAMA: Médicos anuncian huelga contra privatización de salud

Unos 2.000 médicos, odontólogos y laboratoristas dependientes del Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social de Panamá amenazaron con paralizar los hospitales en rechazo de proyectos gubernamentales que consideran la antesala de la privatización de la salud pública.

Tras fracasar una reunión de acercamiento entre funcionarios del gobierno y los sindicatos del sector salud, una asamblea general autorizó el lunes de noche a los dirigentes sindicales de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud a decretar una huelga indefinida cuando lo estimen oportuno.

Octavio Mena, secretario general de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja del Seguro Social, dijo que dos proyectos de ley que pretende promulgar el gobierno para administrar el nuevo hospital San Miguel Arcángel, en esta capital, son el preámbulo de la privatización de la salud pública.

El presidente Ernesto Pérez Balladares cedió en los últimos tres años al área privada la compañia de telecomunicaciones, los dos puertos terminales del canal de Panamá, el ferrocarril transístmico y otros activos del Estado, como parte de un plan de modernización de la economía para insertar el país en el proceso de globalización.

Los proyectos de ley presentados por el gobierno la semana pasada proponen la creación de una sociedad anónima denominada Finsalud S.A, que se encargará de financiar y comprar servicios médicos con fondos otorgados por el Estado, y de una corporación que se ocupará del manejo operativo del San Miguel Arcángel.

La representación en la junta directiva de las dos entidades se repartiría en proporción de 75 por ciento para la sociedad civil, incluidos los médicos, y de 25 por ciento para los Ministerios de Salud, de Hacienda y Tesoro, y la Caja del Seguro Social y la Contraloría.

Noventa por ciento de las acciones de Finsalud S.A. estarán en poder del Estado y el restante 10 por ciento de organizaciones de la sociedad civil, según explicó la ministra de Salud, Aída Moreno.

La ministra negó que el gobierno proyecte privatizar los servicios de salud y aseguró que sólo se pretende "desburocratizar la gestión" en el hospital San Miguel Arcángel.

Ese hospital "será un ente público y no será privatizado, porque pertenece a una red pública sanitaria" cuyos usuarios no pagan por la atención que reciben, sino que los costos son financiados por el Estado, agregó.

Sin embargo, aclaró que la creación de Finsalud S.A. tiene el propósito de "manejar el centro especializado como un ente privado, para agilizar el pago de servicios y para que la gestión hospitalaria funcione sin burocracia".

Pese a las explicaciones de la ministra, Tobías Monge, de la Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás, de la capital, acusó al gobierno de violar un acuerdo con los médicos con respecto a la administración del hospital San Miguel Arcángel.

Monge dijo que inicialmente se acordó que ese centro sería administrado "por un patronato o un ente de gestión autónoma pública, que actuaría de acuerdo con "las leyes laborales y civiles" ya existentes.

"No obstante, ahora se cambia por un ente privado ante el cual el personal de salud no responderá ni se seguirá relacionando con el Ministerio de Salud, ni mucho menos con la Caja de Seguro Social, sino con Finsalud S.A.", señaló.

A su juicio, el resultado de la iniciativa del gobierno será que "todos los funcionarios de la salud (pública) van a dejar de ser funcionarios públicos y van a depender de una empresa privada, y todas las conquistas logradas se van a perder".

La amenaza de paro de médicos, odontólogos y laboratoristas del sistema de salud pública coincide con la huelga que mantienen desde hace 22 días unos 4.000 obreros bananeros de la occidental provincia de Chiriquí y una serie de protestas de los camioneros.

Estos últimos se oponen a un acuerdo de libre contratación y movimiento de mercancías en América Central suscrito entre Panamá y los otros cinco países del istmo, por considerar que el mismo es lesivo para sus intereses.

Mientras, los obreros bananeros exigen la firma de un contrato colectivo de trabajo con la transnacional estadounidense Chiquita Brands Company. (FIN/IPS/sh/ff/lb he/98

Archivado en:

Compartir

Facebook
Twitter
LinkedIn

Este informe incluye imágenes de calidad que pueden ser bajadas e impresas. Copyright IPS, estas imágenes sólo pueden ser impresas junto con este informe