Una sesión hoy del Consejo de Seguridad de la ONU dejó claro que diplomáticos y familiares de las víctimas de un avión de Pan Am derribado en Escocia, en 1988, no se ponen de acuerdo sobre la forma de llevar a juicio a los dos libios bajo sospecha por el atentado.
Para Libia, la discusión representó una victoria. Por primera vez, se expresaron dudas sobre los intentos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) de obligar a Trípoli a entregar a los sospechosos Abdel Basset al Megrahi y Al Amin Jalifa Fhimah a un tribunal de Estados Unidos o Gran Bretaña.
Así mismo, los pedidos de Libia de un juicio neutral y de que se atenúen las sanciones que el Consejo impuso a Trípoli en 1992 reciben un respaldo creciente.
El primer debate público de las sanciones se caracterizó por las gestiones de varios diplomáticos para hallar una solución de transacción al juicio de los libios y por la enérgica resistencia de Washington y familiares de las víctimas del atentado a que los sospechosos sean juzgados fuera de Gran Bretaña o Estados Unidos.
Por un lado, a Libia le puede agradar el creciente apoyo manifestado hacia la adopción de varias excepciones, por razones humanitarias, de la prohibición de vuelos internacionales que el Consejo le impuso hace seis años.
Ese apoyo también se dirige a la posibilidad de que los dos sospechosos sean juzgados por la Corte Internacional de Justicia, de La Haya. Una decisión del tribunal el mes pasado incluso alentó los pedidos de algunos diplomáticos para que se suspendan las sanciones de la ONU.
Por otra parte, Washington y Londres siguen firmes en su oposición a un juicio fuera de Estados Unidos o Gran Bretaña. Estos fueron los países más afectados por el atentado del vuelo 103 sobre Lockerbie, Escocia. De las 270 víctimas, 189 fueron estadounidenses y 11 residentes de la localidad escocesa.
"Hay poca esperanza de que termine el sufrimiento hasta que Libia cumpla con las resoluciones del Consejo de Seguridad y entregue a los dos sospechosos", insistió el embajador de Washington ante la ONU, Bill Richardson.
Pero otros embajadores utilizaron el debate del viernes para pedir públicamente una solución de transacción.
"La propuesta de Libia para que sus dos ciudadanos bajo sospecha sean juzgados según el derecho escocés por jueces escoceses en un tercer país o en la Corte Internacional debe ser considerada con seriedad", arguyó el embajador de Namibia Martin Andjaba.
La disputa en el Consejo de Seguridad se reflejó en los últimos meses en la creciente división entre los familiares de las víctimas. Un grupo de británicos se inclina hacia la transacción de la Corte Internacional, mientras dos grupos mayoritarios de estadounidenses la rechazan.
"Los problemas de Libia se pueden resolver con la entrega de los sospechosos a Estados Unidos o Escocia para un juicio justo e imparcial, ante los ojos del resto del mundo", arguyó George Williams, presidente de la organización Víctimas del Vuelo 103 de Pan Am. "No es una cuestión negociable", sentenció.
Pero Jim Swire, portavoz del grupo Familias Británicas del Vuelo 103, que representa a las 35 víctimas de Gran Bretaña, replicó que "es hora de transar, y no de ser altisonante".
"No somos políticos. Lo único que queremos es un juicio justo y el lugar en realidad no importa", agregó.
Libia sostiene que la opinión pública de Estados Unidos y Gran Bretaña está tan influida por el caso que ello impedirá un juicio justo en los dos países.
"Queremos recordar que el juicio de Timothy McVeigh (por el atentado en Oklahoma de 1995) fue transferido de la ciudad de Oklahoma a Colorado porque el lugar donde se cometió el crimen" no garantizaba las condiciones necesarias para un juicio justo, argumentó este viernes el canciller libio Omar Mustafa Muntasser.
Muntasser solicitó que se suspendan o retiren las sanciones de la ONU y señaló que la decisión de la Corte Internacional del mes pasado había convertido las exigencias del Consejo de Seguridad de un juicio en Estados Unidos o Gran Bretaña en "irrelevante y discutible ya que la Corte aceptó la jurisdicción en el asunto".
La decisión del 27 de febrero fortaleció el argumento de Trípoli a favor de un juicio en La Haya.
La misma respaldó a Libia en su afirmación de que ni Londres ni Washington tienen derecho de obligar a Trípoli a entregar a los dos sospechosos e indicó que la Corte procederá a analizar la relevancia del caso.
No es probable que la decisión de la Corte pueda contribuir a retirar las sanciones contra Libia. Gran Bretaña y Estados Unidos tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad y siguen opuestos a levantar el castigo hasta que Trípoli acceda a sus condiciones. (FIN/IPS/tra-en/fah/aq-ml/ip/98
