Estados Unidos, durante largo tiempo contrario a crear un fiscal independiente para crímenes internacionales, está cerca de aceptar ese puesto en el propuesto Tribunal Penal Internacional, según fuentes políticas en la ONU.
Miembros de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) se reunirán el lunes para comenzar tres semanas de discusiones preparatorias de la creación de la corte antes de una conferencia final en Roma, entre el 15 de junio y el 17 de julio.
Estados Unidos está dispuesto a abandonar su insistencia en que el fiscal del Tribunal sólo pueda actuar bajo órdenes del Consejo de Seguridad de la ONU, dijeron las fuentes.
"(Funcionarios de Estados Unidos) están muy preocupados por no dar la imagen de que esta vez no están del lado de los ángeles", dijo a IPS un experto en derechos humanos que pidió el anonimato.
Como resultado, agregó, "recibimos una variedad de señales de que dejarán la idea de que el Consejo de Seguridad pudiera vetar cualquier acusación".
Un cambio de Washington en el tema sería decisivo, ya que podría cambiar el equilibrio de poder entre los cinco miembros con poder de veto del Consejo de Seguridad de 15 miembros, sobre si el cuerpo podría votar con anterioridad a cualquier acusación del Tribunal en casos penales.
Hasta ahora, Estados Unidos dijo que el Consejo debería ser capaz de autorizar o bloquear la acusación en cualquier caso potencial que invlucre conflictos ya discutidos en el Consejo.
Entre los otros cuatro miembros permanentes, Gran Bretaña y China aprobaron algún nivel de autonomía, para un fiscal del Tribunal, de los dictados del Consejo de Seguridad. Rusia ha sido más cautelosa, mientras Francia insistió en que el Consejo controle al fiscal.
Un cambio de Estados Unidos hacia la posición británica de no requerir aprobación del Consejo "aislaría definitivamente a Francia por la cuestión del control", alegó Richard Dicker, consejero asociado de la organización internacional Human Rights Watch.
Muchos expertos en derechos humanos quieren mayor autonomía para la oficina del fiscal, y algunos la ven esencial para que el Tribunal sea eficaz.
"Hay más que temer de un fiscal impotente que de uno con amplias potestades", alegó en una reciente reunión la jueza Louise Arbour, fiscal general canadiense para los tribunales de la ONU que tratan crímenes de guerra en Ruanda y la ex Yugoslavia.
No obstante, algunos expertos en derechos humanos creen que Washington aún quiere mantener varios controles sobre los poderes de cualquier fiscal, quien bajo los actuales planes del Tribunal, tendría potestades para investigar casos de genocidio y una variedad de crímenes de guerra, incluyendo asesinatos masivos y violación.
David Scheffer, embajador de crímenes de guerra de Estados Unidos, aún estudia varias condiciones para cualquier acusación del Tribunal, incluyendo el consentimiento del país a ser investigado.
Ese prerrequisito, que permitiría un veto de cualquier gobierno acusado de crímenes de guerra, impediría cualquier acuerdo, agregó la fuente.
Scheffer no cambió la posición pública de Estados Unidos en los últimos meses que indica cierto interés en un acuerdo propuesto por Singapur, en el cual el Consejo de Seguridad no autorizaría acusaciones del Tribunal, pero podría votar explícitamente para mantenerse alejado de ciertos casos pendientes.
Bajo la propuesta de Singapur, el Consejo tendría que renovar ese comando negativo cada 12 meses, para permitir que el Tribunal tuviera jurisdicción.
"El mérito de la propuesta de Singapur es que reconoce el papel legítimo del Consejo de Seguridad", dijo Scheffer durante conversaciones preparatorias sobre el Tribunal durante el otoño (boreal).
Desde entonces, no obstante, un tema no relacionado volcó a Washington a mejorar su imagen sobre la creación del Tribunal.
En diciembre, el gobierno de Estados Unidos resistió presiones internacionales para firmar la Convención de Ottawa que prohibe la producción y desarrollo de minas antipersonales, una decisión que opacó la reputación del presidente Bill Clinton de cooperar con tratados y cuerpos internacionales.
Ahora, alegó un oficial de derechos humanos, la preocupación del gobierno de Clinton es evitar una polémica "Minas antipersonales II" que lo enfrente a aliados tradicionales como Canadá y Europa occidental.
Actualmente, alegó Dicker, la mayoría de las naciones europeas, con la excepción de Francia, respaldan un tribunal con una fiscalía fuerte e independiente.
Un fuerte bloque de estados de América Latina y el Caribe, así como dos docenas de países africanos e incluso algunas naciones asiáticas, en especial Corea del Sur y Singapur, presionaron por mayores facultades para el Tribunal, agregó.
La polémica del fiscal no es la única que se presentará durante los próximos meses. Aldo Facio, del no gubernamental Foro de la Mujer para la Justicia de Género en el Tribunal Penal Internacional, alegó que también necesita haber un "equilibrio entre hombres y mujeres en los órganos de la Corte".
Varios grupos de mujeres pretenden que el Tribunal sea capaz de examinar una amplia gama de crímenes basados en el género, desde el uso de la violación durante la guerra hasta el "apartheid de género" por el cual son acusados grupos como las milicias Talibán de Afganistán. (FIN/IPS/tra-en/fah/mk/lp/ip hd/98
