Viejos ejemplares de borrego cimarrón se salvaron de morir impactados por balas expansivas gracias a la decisión de un juez que suspendió permisos de caza subastados por el gobierno de México en más de 500.000 dólares.
Las autoridades lamentaron la decisión, pues, dijeron, priva de recursos que servirían para proteger a la especie, cuyas características son la gran cornamenta y habilidad para escabullirse. Pero ecologistas y expertos la celebraron.
El juez Pedro Hernández acogió este viernes una demanda de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), que pedía impedir la caza del borrego, actividad que años atrás realizaban de forma clandestina por aire y tierra ricos empresarios y hacendados.
Según el juez, los permisos se suspenden hasta que un perito neutral defina con exactitud cuál es la población actual de la especie en las montañas del estado nororiental de Baja California.
"Es un triunfo de la razón contra la barbarie", coincidieron en señalar a IPS Aidé Grijalba, representantes de la UABC en la capital mexicana, y Roberto López, de la organización ambientalista Greenpeace.
Los cazadores profesionales, que se preparaban para matar unos cinco borregos de gran cornamenta a los que se supone los más viejos, deberán esperar un tiempo para disfrutar de su hábito.
"Los ingresos que se obtienen con los permisos de caza son la única forma de asegurar la supervivencia de ésta y otras especies amenazadas por la extinción", dijo Felipe Ramírez, director de Vida Silvestre de la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente, tras lamentar la decisión del juez.
Las autoridades indican que gracias a las "tasas de aprovechamiento", término con el que se denomina al número de ejemplares de cimarrón que pueden matarse, el país obtuvo unos tres millones de dólares en los últimos tres años.
Con ese dinero se realizaron actividades para asegurar la conservación de la especie y se favorece a las poblaciones que habitan en Baja California , dijeron.
Basado en un estudio de 1995 realizado por investigadores de Estados Unidos, el gobierno de México sostiene que la población de borrego cimarrón llega hoy a 1.000 y está en crecimiento.
La UAB refuta estas cifras en base a un estudio propio realizado el año pasado. La población es menor a 300 y está disminuyendo, afirman.
Ramírez aseguró a la revista Milenio que la UAB no tiene los elementos para realizar un estudio de la magnitud que implica censar al borrego cimarrón. "Mejor deberían ponerse a estudiar y no estar cuestionado por cuestionar", expresó.
Para Greenpeace, más allá de la controversia sobre el número de ejemplares que habría, está un asunto de ética frente a la conservación de la naturaleza.
"El asunto debe discutirse, pues la caza de animales en peligro de extinción como el borrego cimarrón es un atentado nacional", declaró su portavoz.
La secretaria (ministra) de Medio Ambiente, Julia Carabias, opina que los grupos ecologistas no entienden "que para proteger mejor la especie necesitamos usarla".
"No tiene sentido no utilizar tres borregos que se van a morir por viejos", manifestó.
El vocero del Consejo Coordinador Empresarial y ex funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente, Gabriel Quadri, sostiene que para el caso del borrego cimarrón se aplica el concepto que "sólo vale la pena conservar aquello que significa algún tipo de beneficio potencial para el usuario o propietario".
Los cazadores consideran uno de los mejores trofeos de su actividad al borrego cimarrón, pues además de que su carne es deliciosa, la cornamenta se valora hasta en 300.000 dólares.
Los borregos son perseguidos primero por helicópteros desde donde se los dispara con armas cargadas de balas expansivas. Si no se tiene éxito, es necesario bajar a tierra para seguir sus huellas hasta alcanzarlo. (FIN/IPS/dc/mj/en/98
