El gobierno de México lanzó toda su artillería política contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), al que acusó de violento y excluyó del debate en curso sobre leyes indígenas.
Los analistas sostienen que la nueva ofensiva política contra el EZLN es la más fuerte desde que el presidente Ernesto Zedillo inició su gestión, en diciembre de 1994.
Las autoridades tomaron medidas que incluyen la expulsión de todo extranjero que se relacione con la guerrilla, críticas a los mediadores entre el gobierno y el EZLN y búsqueda de apoyo internacional.
El gobierno presentó el domingo al Congreso un proyecto de reformas constitucionales sobre derechos indígenas, distinto al elaborado por una comisión de diputados mediadores en base a los acuerdos de San Andrés, firmados entre autoridades y la guerrilla.
El país no será rehén del EZLN, y el gobierno, el parlamento y los partidos políticos atenderán los problemas de los indígenas y discutirán sobre democracia y justicia como corresponde, dijo este lunes el secretario de Gobernación (Interior), Francisco Labastida.
El Poder Ejecutivo sólo tratará con la guerrilla asuntos relacionados con sus demandas y se buscará el desarme, anunció Labastida, luego de reiterar que el gobierno jamás recurrirá a la fuerza para solucionar el conflicto en el sureño estado de Chiapas.
Partidos políticos de oposición y grupos humanitarios, que acusan al gobierno de emplear doble lenguaje en el caso de Chiapas, ya que mantiene allí un fuerte contingente de tropas y tolera la presencia de grupos paramilitares, mientras habla de paz, creen que la nueva estrategia oficial no solucionará el conflicto.
La paz se alejará si no se admite la participación del EZLN, un grupo armado que permanece aislado en zonas de selva, afirmaron.
El diálogo de paz de Chiapas está interrumpido desde 1996, cuando el gobierno cuestionó el proyecto de leyes indígenas preparado por la comisión de mediadores del Congreso -integrada por todos los partidos políticos- por considerar que otorgaba excesivos derechos de autonomía a las etnias.
En su nuevo proyecto, el gobierno pide al Congreso la reforma de siete cláusulas de la Constitución. Las propuestas hablan de libre determinación de los indígenas "dentro del marco jurídico vigente" y están en línea con los acuerdos de San Andrés, aseguraron portavoces oficiales.
El EZLN acusa al gobierno de faltar a sus compromisos y buscar justificación para un ataque militar. Pero Labastida dijo que el Poder Ejecutivo resolvió actuar por su cuenta en la cuestión de los derechos indígenas debido a que, aseguró, los zapatistas obstruyen la negociación.
El gobierno mantiene desde hace varias semanas una intensa campaña en los medios de comunicación con mensajes en los que asegura cumplir plenamente los acuerdos de San Andrés y trabajar a favor de los pueblos nativos.
Las autoridades no detendrán su labor ante la intransigencia de grupos minoritarios, advirtió Zedillo.
El presidente asegura que los mexicanos están ahora convencidos de que es el EZLN y no el gobierno el promotor de la violencia en Chiapas, donde en diciembre, 45 indígenas, en su mayoría mujeres y niños, fueron asesinados por un grupo paramilitar.
Zedillo declaró al diario El Mercurio, de Chile, donde se halla actualmente, que la guerrilla ya no cuenta con factores de sorpresa e incertidumbre con los que "jugó tan bien en 1994 para dañar al país".
Delegados del gobierno viajaron al extranjeros en los dos últimos meses para explicar la postura oficial frente al EZLN. Personalidades visitantes, como Felipe González, ex jefe del gobierno de España, y Mario Soares, ex presidente de Portugal, hablaron a favor de la actuación de Zedillo en Chiapas.
El Poder Ejecutivo también expulsó del país a ocho extranjeros, entre ellos a un sacerdote francés que trabajó más de 30 años con los indígenas de Chiapas, aduciendo que se habían involucrado en asuntos internos.
Así mismo, acusó de parcialidad a la Comisión Nacional de Intermediación, que preside el obispo Samuel Ruiz.
En un informe entregado a organismos internacionales, la Comisión afirma que el gobierno quiere ahora "un diálogo incondicional, lo que pone en juego la negociación" y señala que quienes apoyan a los indígenas son atacados.
Añade que el problema "central" para el proceso de pacificación de Chiapas) es "la estrategia reductora y contrainsurgente del gobierno federal". (FIN/IPS/dc/ff/ip/98
