Los 30 campesinos acusados en México de participar en la matanza de 45 indígenas del sureño estado de Chiapas, se declararon hoy inocentes y reclamaron la detención de miembros de la guerrilla zapatista, a los que señalaron como "verdaderos criminales".
Los campesinos, que dijeron pertenecer al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijeron que se entregaron este miércoles porque confían en la justicia y ya no soportan el acoso y la persecución de la policía, así como el odio y la sospecha de los habitantes de Chiapas.
Afirmaron que desean un juicio justo y el castigo de los miembros y simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que asesinaron a 18 miembros del PRI, mucho antes de la matanza de 45 indígenas en diciembre.
Las autoriades aseguran que el asesinato de los 45 indígenas, por el que han sido detenidos hasta el momento 89 personas, se habría originado en rencillas políticas y familiares entre campesinos de la zona norte de Chiapas.
La Comisión Nacional de Intermediación (CONAI), que preside el obispo de Chiapas Samuel Ruiz, refuta la versión oficial de la matanza y afirma que se cometió en el marco de la guerra de baja intensidad que el gobierno libra contra el EZLN.
Organizaciones humanitarias aseguran, por su parte, que el crimen lo cometieron grupos paramilitares protegidos por polícias.
Las diferencias entre el gobierno y la CONAI se acentuaron en las últimas horas, luego que miembros de esa comisión criticaron al Poder Ejecutivo por enviar al Congreso un proyecto de ley sobre derechos indígenas sin consultar previamente con el EZLN.
Se quiere "desmantelar el proceso del diálogo", aseguró la CONAI, tras acusar a las autoridades de violar el "espíritu de la paz".
El gobierno tiene "una profunda preocupación sobre la desnaturalización que esta comisión (la CONAI) está llevando a cabo de su importante función intermediadora, pues asume una posición francamente parcial", replicó el Coordinador para el Diálogo en Chiapas, Emilio Rabasa.
A la sombra de los suspendidos diálogos de paz entre el gobierno y el EZLN, que se reunieron por última vez en 1996, la tensión entre los habitantes de la zona del conflicto va en aumento, en forma paralela a los roces entre el gobierno, los mediadores, la Iglesia Católica y los grupos humanitarios.
Los últimos días aparecieron en algunas ciudades mexicanas carteles con la imagen del obispo Ruiz acompañada de la leyenda "se busca".
Miembros del PRI, hacendados de Chiapas y grupos evangélicos demandan a Ruiz, quien trabaja desde hace tres décadas en ese estado, que abandone su papel de mediador, pues estaría actuando en forma parcial.
Según la Comisión Internacional de Observación de los Derechos Humanos, que visitó Chiapas el mes pasado, ese estado mexicano "vive las consecuencias de una situación de profunda descomposición política y de una importante desestructuración social".
La Comisión, integrada por observadores europeos y americanos, indicó que en Chiapas se percibe "cómo las estructuras institucionales son incapaces de asegurar la vigencia del estado de derecho y cómo la sociedad sufre las consecuencias de una situación generalizada de violencia e impunidad".
En un informe presentado esta semana en Europa, los miembros de la Comisión sugirieron enviar a Chiapas a un relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para que participe en el proceso de paz, pero el gobierno rechazó esa posibilidad.
En las últimas semanas, el gobierno del presidente Ernesto Zedillo lanzó una campaña en los medios de comunicación en la que asegura que atiende a los pueblos nativos y cumple con los acuerdos sobre derecho y cultura indígena firmados con el EZLN en 1996.
El gobierno afirma que es el EZLN el culpable de la suspensión del diálogo de paz y el responsable de que no puedan reanudarse.
Zedillo sostiene que los mexicanos están ahora convencidos de que el EZLN, y no el gobierno, es el promotor de la violencia en Chiapas, donde cientos de militares ocupan extensas zonas de selva y mantienen cercados a los guerrilleros. (FIN/IPS/dc/ag/ip/98
