Malasia, que hasta 1997 importaba mano de obra, deporta hoy inmigrantes para reducir el desempleo, mientras se denuncian maltratos y el riesgo de que se deporte a refugiados de Indonesia, que podrían sufrir torturas en su país.
Las autoridades afirman que todos los deportados son inmigrantes ilegales, muchos de ellos indonesios que cruzan el estrecho de Malaca en bote para huir de la crisis económica que afecta a su país.
Ocho inmigrantes y un policía murieron tras los disturbios ocurridos el jueves pasado en el campamento de Semenyih, a 40 kilómetros de Kuala Lumpur. Unos 290 residentes de ese campamento son indonesios refugiados por razones políticas.
Las autoridades anunciaron luego de la tragedia que las deportaciones continuarán para desalentar el ingreso de ilegales.
Las deportaciones, una intensa operación de vigilancia por aire y mar en el estrecho de Malaca y las redadas de inmigrantes ilegales indican que Kuala Lumpur está decidida a limitar la cantidad de trabajadores extranjeros en el país, que padece cada vez más desempleo debido a la crisis económica en Asia oriental.
La situación deja en evidencia que la actual crisis financiera regional atraviesa las fronteras nacionales y podría afectar los vínculos entre países vecinos.
El inspector general de la policía, Abdul Rahim Noor, informó que los 9.000 inmigrantes ilegales detenidos en los campamentos malasios serán devueltos a sus países de inmediato.
"Seguiremos adelante con las deportaciones para asegurarnos de que los campamentos no estén superpoblados e impedir situaciones críticas", anunció.
Pero el gobierno, en su afán por cerrar las fronteras y enviar a casa a los inmigrantes ilegales, violó los derechos de algunas personas, según activistas.
La organización Aliran señaló que 290 refugiados de Aceh, una provincia de la isla indonesia de Sumatra, se hallaban en el campamento de Semenyih, junto a cientos de indonesios que protagonizaron los disturbios del jueves.
Aliran informó que la mayoría de los 290 refugiados huyeron a Malasia a principios de la década en búsqueda de asilo político debido al conflicto surgido entre el ejército indonesio e insurgentes separatistas de la provincia de Aceh.
"Los refugiados de Aceh pidieron asilo político en Malasia. No son inmigrantes ilegales", aseguró Francis Loh, de Aliran.
A diferencia de los inmigrantes ilegales indonesios buscados para ser deportados a Indonesia, las vidas de los refugiados de Aceh corren peligro si se los repatria, sostuvo. "Es posible que sufran prisión, tortura y quizá ejecución por sus pasadas actividades políticas", añadió Loh.
La Organización de las Naciones Unidas también manifestó su inquietud por las condiciones en los campamentos de detención luego de los disturbios.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) solicitó a Malasia que deje de deportar a los indonesios y reivindicó para sí la administración de los campamentos.
Pero "no hay necesidad de entregar los campamentos de detención al ACNUR ya que no estamos repatriando a los refugiados", declaró el canciller malasio Abdullah Badawi.
Badawi sostuvo que los inmigrantes ilegales no comparten la misma categoría que los "embarcados" de Vietnam de los años 70, que huían de la guerra y la persecución política. Malasia fue el primer destino de asilo para muchos de ellos.
Por esta razón, Kuala Lumpur no dejará de repatriar a los inmigrantes ilegales, ya que no son refugiados, agregó. "No ingresaron a nuestro país pidiendo asilo, sino ilegalmente, en busca de empleo", sostuvo el canciller.
Activistas de derechos humanos expresan su preocupación por el uso de la Ley de Seguridad Interna contra quienes se cree que colaboraron con traficantes de inmigrantes o ayudaron a los extranjeros a ingresar a Malasia.
El empleo de esta Ley contra los inmigrantes justifica la eliminación de la norma, afirmaron las organizaciones.
Varios ciudadanos malasios fueron detenidos sin juicio por "albergar, proteger y ayudar" a los ilegales. Algunos funcionarios incluso sugirieron que estos inmigrantes sean azotados con cañas de ratán.
"Reiteramos nuestra absoluta oposición a los azotes como forma de castigo", señaló Elizabeth Wong, coordinadora del grupo de derechos humanos Suaram.
La crisis económica modificó drásticamente el tratamiento que Kuala Lumpur brinda a los trabajadores extranjeros en cuestión de meses.
Malasia alberga entre dos y tres millones de trabajadores extranjeros, de los cuales 1,2 millones son legales. Entre ellos, 750.000 son indonesios, 300.000 proceden de Bangladesh y el resto de Filipinas, Pakistán y Tailandia.
Más de 30 por ciento de los inmigrantes trabajan en fábricas, 27 por ciento en la agricultura, 20 por ciento en la construcción y 12 por ciento como empleados domésticos.
Pero la crisis económica provocó numerosos despidos en los sectores de servicios y la construcción. Unos 200.000 trabajadores de estas ramas de actividad serán repatriados cuando sus permisos de trabajo expiren a mediados del año.
El gobierno comenzará la repatriación de los trabajadores, muchos de los cuales legalizaron su situación en un programa de amnistía el año pasado, a partir del 15 de agosto.
Aunque los inmigrantes ilegales hace años que trabajan en la construcción y las plantaciones de Malasia, los funcionarios hicieron la vista gorda porque necesitaban la mano de obra para mantener activa la economía en un momento en que los malasios despreciaban este tipo de trabajo.
Ahora, los trabajadores se convirtieron en bienes indeseables que, según las autoridades malasias, deben ser retirados rápidamente antes de que aumente la tensión social, la delincuencia o se resientan los servicios sociales. (FIN/IPS/tra- en/an/js/mk/aq-mj/hd/98
