Las cortes y tribunales supremos de los países iberoamericanos favorecen que los delitos de narcotráfico, corrupción y depredación del ambiente sean objeto de la justicia penal internacional, cuando traspasen las fronteras, se anunció hoy en Venezuela.
Una Declaración de Caracas, producida por la reunión de presidentes de esas cortes, anunció no sólo respaldo sino promoción activa de un tribunal internacional para juzgar casos de narcotráfico, tras proclamar el principio de que se trata de un "delito contra la humanidad".
Otra novedad es que se acogió la tesis de que los juicios penales en materia de corrupción, especialmente los que involucren fondos públicos, no deben prescribir.
Los máximos tribunales de justicia de América Latina, España y Portugal tratan de traducir, en términos de proposiciones jurídicas y normas de derecho positivo, lineamientos principistas o apenas programáticos que los mandatarios iberoamericanos han producido en sus cumbres.
El impulso a trbunales penales supranacionales está acompañado en la Declaración de propuestas para ajustar leyes internas y, sobre todo, para coordinar acciones e intercambiar estudios, experiencias y jurisprudencia: sentar las bases de una justicia común frente a flagelos padecidos en común.
"Un transgresor debiera sentirse igualmente perseguido y castigado en cualquiera de nuestros países, así como un inocente igualmente protegido", explicó un redactor de la Declaración.
El respaldo a la creación de un tribunal penal internacional contra el narcotráfico no fue, sin embargo, lineal. Guillermo López, ministro de la Corte Suprema de Argentina, duda de su competencia "pues siempre los estados, soberanos, quieren juzgar los delitos cometidos en el ámbito de su soberanía".
José Amaro, presidente del Tribunal Supremo de Cuba, destacó que "un tribunal penal contra el narcotráfico, para que sea efectivo, debería ser universal, en el ámbito de las Naciones Unidas, y no sólo iberoamericano".
Sin mencionar a Estados Unidos, Amaro agregó que "el mayor consumidor del mundo está fuera de Iberoamérica".
Cecilia Sosa, presidenta de la Corte venezolana, subrayó que el respaldo al tribunal internacional antidrogas tiene, en adición, el mensaje de que los jueces quieren enfrentar ese delito con toda la dureza que esté en sus manos.
Frente a la corrupción, los presidentes de las cortes acordaron que estudiarán la incorporación en los textos legales "que las causas referidas a delitos contra la cosa pública sean imprescriptibles y no admitan caución o fianza".
También, que la sanción penal incluya "inhabilitación para el ejercicio de cargos en la administración pública". Algunos magistrados, como Héctor Romero, presidente de la Corte ecuatoriana, abogaron porque además "los funcionarios puedan ser juzgados en ausencia" y se facilite su extradición.
Varias de estas disposiciones se incluyen en la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada en Caracas en 1996, en el marco de la Organización de Estados Americanos, recordó.
Las cortes juegan un papel decisivo, al pasar por sus manos los procedimientos de extradición, y en su Declaración acogieron el criterio de trabajar junto a parlamentos y gobiernos sobre los delitos de narcotráfico y corrupción "desde una perspectiva interjurisdicional".
En cuanto a la profilaxia, decidieron elaborar un código de ética del funcionario judicial en Iberoamérica. Amaro, de Cuba, y Arturo Hoyos, de Panamá, recomendaron que el propuesto código alcance a los funcionarios de todas las ramas del poder público, y no sólo de la judicial.
Respecto del medio ambiente, la Declaración expresó respaldo a un "tribunal supranacional que tutele esa materia", a partir del principio que cada vez gana nuevas bazas: se trata de áreas bajo normas que, al infringirse, traspasan las fronteras.
El tema ambiental engarzó con otra de las preocupaciones de los máximos magistrados: los derechos humanos. En la Declaración recogieron que el derecho a un ambiente sano es un derecho individual además de colectivo.
Tras considerar prioritaria la protección de los derechos fundamentales de la persona, pidieron a los jueces de todo nivel que apliquen los criterios universalmente aceptados en esa materia, incluida la protección de "los derechos de los grupos minoritarios de cada país".
"El mundo está cambiando", dijo Sosa, y los pasos que dan las cortes apuntan a "asumir un papel activo en la solución de los grandes problemas de nuestras sociedades".
Una "unidad técnica", con representantes de las cortes iberoamericanas, se establecerá en Venezuela para hacer desde ahora seguimiento a las tesis recogidas en la Declaración de Caracas. (FIN/IPS/jz/ag/ip-en/98
