Los presidentes de las cortes supremas de justicia de Iberoamérica asumieron hoy en Venezuela el compromiso de promover la creación de un tribunal penal supranacional contra el narcotráfico, al que consideran "delito contra la humanidad".
"Las cortes supremas deben enfrentar este delito con toda la dureza que esté en sus manos", dijo en la primera sesión la presidenta de la Corte de Venezuela, Cecilia Sosa, al presentar a sus colegas un papel de trabajo que reconoce que el narcotráfico "trasciende el ámbito jurisdiccional de cada corte".
Las reuniones de presidentes de cortes supremas iberoamericanas se han sucedido desde hace 15 años, pero esta de Caracas es la primera que debate las propuestas de la cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de gobierno, la última de las cuales se realizó en Venezuela en noviembre.
"Tradicionalmente nos reunimos para examinar la evolución de la doctrina y de la jurisprudencia, pero por primera vez analizamos formalmente los temas jurídicos que consideraron importantes nuestros jefes de estado", resaltó Sosa.
Esa labor "escapa a la tarea ordinaria del juez, pues significa asumir un papel activo en la solución de los grandes problemas de la sociedad", observó la magistrada. "Hoy día, la colaboración de poderes trasciende el marco formal asignado por las constituciones al poder judicial", agregó.
Por ello, los magistrados de la región debaten sobre el desarrollo sustentable, el ambiente, el narcotráfico, la lucha contra la corrupción, la crisis penitenciaria y el respeto a los derechos humanos, además de temas propios como autonomía frente a otros poderes y capacitación de los jueces.
Sobre el desarrollo sustentable y el ambiente, las Cortes están a favor de mejorar la preparación de los tribunales para "comprometerse con la protección del ambiente y reconocer el derecho de cada individuo a gozar de un medio ambiente adecuado para su óptimo desarrollo".
"La depredación del ambiente en función de la riqueza es pan para hoy y hambre para mañana", postuló Sosa, al defender que las cortes "desarrollen legislación y jurisprudencia acordes con el derecho individual al medio ambiente".
Respecto de los derechos humanos, "los jueces deberán atender de manera especial las causas en los cuales se vean controvertidos", señala el proyecto de declaración que los magistrados se aprestan a adoptar este viernes.
Los jueces consideran fundamental "garantizar la divulgación de los tratados internacionales y otros instrumentos de protección de los derechos humanos", y expresamente "se reconoce que las poblaciones indígenas y demás grupos minoritarios son destinatarios de los derechos humanos".
Frente a las cárceles, que en América Latina tienen comunes características de hacinamiento, violencia y cotidiana violación de los derechos fundamentales, las cortes "deberán contribuir con la responsabilidad que tiene el poder judicial".
Lo fundamental es "tutelar los derechos humanos de los reclusos", y los magistrados apoyan acciones como censos de procesados, estudios sobre la eficiencia de los procesos penales, y la incorporación de la figura de jueces itinerantes y otros mecanismos que combatan el retardo procesal.
En la lucha contra la corrupción, las Cortes proponen crear códigos de ética para funcionarios judiciales, examinar la adecuación de las leyes nacionales a la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996), y mediante juicios simulados establecer políticas judiciales contra el flagelo.
La propuesta de promover un tribunal internacional que juzgue los delitos de narcotráfico cuando trasciendan el ámbito nacional se acompaña de propuestas para incentivar la especialización de los funcionarios judiciales y establecer una red iberoamericana de información sobre procesos y sentencias de ese delito.
El tema de la autonomía del poder judicial fue planteado de fomrma dramática. "¿Hasta qué punto se puede hablar de su independencia cuando su presupuesto es una partida del Poder Ejecutivo?", se preguntó Sosa.
Los jefes de Estado y de gobierno en sus cumbres han tocado los temas jurídicos pero con declaraciones de carácter principista, recordó Sosa. De lo que se trata ahora es de "aterrizar" esos principios en prácticas jurídicas, planteó.
Además, los magistrados quieren definir "una propia agenda" de prioridades, que no tiene por qué coincidir con la trazada por los gobernantes.
"El mundo está cambiando y la legalidad y juridicidad colectiva deben adaptarse a esos cambios en forma más dinámica", dijo Sosa, para quien se trata de una tarea que debe tener la participacion activa de un poder judicial renovado, transparente y vinculado con su sociedad. (FIN/IPS/jz/mj/hd ip/98
