Las espectaculares destituciones de ministros a manos del Congreso unicameral de Ecuador desde el retorno a la democracia en 1979 han llegado a su fin, anunció la Asamblea Nacional que estudia enmiendas a la constitución.
Los juicios políticos y las destituciones de los ministros "perdieron su razón de ser desde que comenzaron a servir como instrumento de ajuste de cuentas contra los gobiernos de turno", comentó a IPS el asambleísta Enrique Ayala.
La Asamblea Nacional de 71 miembros resolvió este martes, con 39 votos de derecha, centroizquierda y liberales, restar facultades al Congreso unicameral, enmienda que entrará en vigor el 10 de agosto, cuando asumirá el nuevo gobierno.
La Asamblea Nacional se instaló en diciembre con la finalidad de devolver al país el orden constitucional, después de la destitución del presidente Abdalá Bucaram dispuesta por el parlamento en febrero de 1997.
La idea de constituir una asamblea constituyente, que surgió de diversas organizaciones sociales del país, fue apoyada por la mayoría de los ecuatorianos en un referéndum convocado por el gobierno interino que relevó a Bucaram.
"El Congreso podrá iniciar juicios políticos contra los ministros y censurarlos. Podrá investigar su proceder, pero la destitución será decisión del presidente de la República", dijo este miércoles Osvaldo Hurtado, presidente de la Asamblea.
Según el ex presidente Hurtado (1981-1984), la resolución de la Asamblea "es una buena noticia para el país y para la democracia", pues "permite una mayor gobernabilidad del Ecuador".
Entre las nuevas disposiciones se establece que los ministros podrán ser llamados a juicio político por la cuarta parte de los miembros del Congreso.
Hasta ahora, bastaba con la petición de uno de los miembros para enjuiciar a un ministro, recordó Michel Rowland, investigador de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes).
Además, "en los reglamentos no se estipulaban los motivos que justificaran un llamado a juicio, por lo que muchas veces los ministros tenían que compadecer por una acusación personal procedente de un diputado", dijo Rowland a IPS.
Por eso, "la habitual pugna de poderes entre el Ejecutivo y el parlamento se dirimía por lo general en los juicios políticos", agregó.
"¿Qué políticas públicas pueden ser eficientes así?", se preguntó Felipe Burbano, también investigador del Cordes y editorialista del diario Hoy de Quito.
El Cordes está realizando un amplio estudio sobre el efecto de las censuras parlamentarias en la estabilidad social, económica y política del Ecuador.
De acuerdo con el estudio, los ministerios más afectadas por los juicios políticos y las destituciones en los últimos 18 años fueron los de Finanzas y Energía, dos de los más delicados.
Desde 1979 asumieron en total 20 ministros de Finanzas y 20 de Energía, es decir, un promedio de 1,1 ministro por año. De los de Finanzas, cinco fueron destituidos, y de los de Energía, seis.
El gobierno del socialdemócrata Rodrigo Borja (1998-1992) fue el más afectado por las pugnas políticas que se tradujeron en juicios políticos y censuras contra ministros, sostuvo Rowland.
En las elecciones parlamentarias celebradas en la mitad del período de Borja, su partido perdió la mayoría, y desde entonces 19 ministros fueron interpelados por el parlamento, de los cuales ocho fueron destituidos. (FIN/IPS/mg/mj/ip/98
