El ambiente electoral que se vive en Ecuador, en especial en el parlamento unicameral, es un obstáculo para la aplicación de medidas económicas urgentes que permitan enfrentar la brecha fiscal producida por la caída de precio del petróleo.
El ministro de Finanzas de Ecuador, Marco Flores, dijo que la oposición en el Congreso al paquete de medidas económicas que el gobierno interino envió, con carácter de urgente, respondería a cálculos electorales, pues esas medidas son consideradas antipopulares.
Partidos y movimientos políticos que antes se habían pronunciado por reformas económicas similares a las ahora propuestas por el gobierno han preferido oponerse o bien mantenerse al margen de la discusión sobre las medidas.
"La campaña electoral ha comenzado y cualquier intervención riesgosa para la imagen de los partidos políticos les significaría menos votos", manifestó Blasco Peñherrera, de la firma encuestadora Market.
El próximo 31 de mayo se celebrarán las elecciones donde seis millones de ecuatorianos elegirán al próximo gobierno y parlamento.
La baja del precio internacional del petróleo, que en los últimos días llegó a 7,6 dólares por barril, "hace imprescindible la aplicación de medidas de contingencia que nos permitan entregar las finanzas públicas en el mejor estado posible al próximo gobierno", manifestó Flores.
El presupuesto del Estado para 1998 se calculó en base a un precio promedio de 16 dólares por barril de petróleo, pero desde finales de 1997 el precio del crudo registró una importante baja por la crisis asiática y por el aumento de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Al aumentar la oferta por la decisión de la OPEP y al reducirse la demanda de los países asiáticos, los precios del petróleo comenzaron a bajar "y el cálculo de nuestros ingresos prácticamente se redujo a la mitad", apuntó Flores.
Ecuador es uno de los mayores exportadores de crudo de América Latina y su economía tiene una gran dependencia de la exportación de petróleo, rubro que representa 47 por ciento de su presupuesto.
El eje central del paquete de medidas es la elevación del impuesto al valor agregado (IVA) de 10 a 14 por ciento, que permitiría a corto plazo la disminución del déficit fiscal, según las autoridades económicas.
Diversos bloques parlamentarios de distintas tendencias han anunciado su oposición a las medidas gubernamentales, pues "solo afectarían a la gente que siempre ha pagado sus impuestos", según el presidente del Congreso, Heinz Moller.
Según Moller, líder de la bancada del derechista Partido Social Cristiano (PSC), el de mayor presencia en el parlamento, "el principal problema es que el estado no tiene control sobre la tributación y en el caso del IVA la evasión es de 60 por ciento".
El déficit presupuestal es de 6,5 por ciento del producto interno bruto (PIB), que equivale a unos 1.300 millones de dólares. Con el aumento del IVA se podrían reducir dos puntos de la brecha en relación al PIB, según el gobierno.
"La evasión tributaria continuará", pues "las medidas no contemplan mecanismos de control, así que se exprimirá la economía de las personas 'cumplidas' (que no evaden) y se provocará un efecto inflacionario", dijo Gustavo Terán, del izquierdista Movimiento Popular Democrático.
Este partido propuso la declaración de una moratoria para el pago de la deuda externa, propuesta que el gobierno califica de "disparate".
"Se abre la amenaza de una posible incautación de la Reserva Monetaria Internacional y aumentaría el riesgo-país, lo que produciría una baja de inversión en todas las áreas", dijo Flores.
Para Fabián Alarcón, presidente interino de Ecuador, el parlamento finalmente comprenderá la necesidad de aprobar estas medidas "que sólo afectarán a los que más consumen", aunque dijo esperar que esta aprobación se dé "más temprano que tarde". (FIN/IPS/mg/mj/if/98