Limitadas a transmitir mensajes y a asistir a reuniones de escasa proyección, las comisiones que median en el conflicto en el estado mexicano de Chiapas abandonan su supuesta neutralidad y cuestionan al gobierno de Ernesto Zedillo, el cual, afirman, no quiere solucionar el problema.
Miembros de las comisiones de Concordia y Pacificación (COCOPA) del Congreso y de la Nacional de Intermediación (CONAI), que preside el obispo Samuel Ruiz, rechazaron el lunes la pretensión gubernamental de aprobar una ley sobre derechos indígenas sin consultar a la guerrilla zapatista.
Los integrantes de los dos grupos, cuya actuación fue clave para que gobierno y guerrilla mantuvieran conversaciones de paz en 1995 y 1996, habían censurado antes la militarización de Chiapas, la actuación de grupos paramilitares y la presunta persecución oficial a extranjeros.
Empantanar el diálogo de paz y llevarlo al fracaso parece ser la intención del gobierno de Zedillo, coincidieron Juan Buñuelos, de la CONAI, y Gilberto López y Felipe Vicencio, de la COCOPA.
Similar postura expresó Luis Hernández, portavoz de la Comisión de Seguimiento y Verificación de los acuerdos de Chiapas.
El gobierno pidió el domingo a la COCOPA definir un nuevo proyecto de ley que recoja los acuerdos sobre derechos indígenas firmados con la guerrilla en febrero de 1996 y las observaciones "irrenunciables" hechas por la autoridad sobre el tema, para luego presentarlo al plenario del Congreso.
Las conversaciones de paz en Chiapas están detenidas desde que, hace dos años, el gobierno cuestionó el contenido del primer proyecto de ley sobre derechos indígenas preparado por la COCOPA y aceptado por la guerrilla.
Según las autoridades, el proyecto otorga excesivos derechos de autonomía a las etnias lo que pone el peligro la unidad del país. La COCOPA sostiene que el documento sólo recoge el acuerdo firmado entre la guerrilla y el gobierno.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) acusa al gobierno de no cumplir con su palabra y de ganar tiempo para legitimar un ataque militar.
Para regresar a los diálogo de paz, la guerrilla demanda que se respete el proyecto original sobre derecho y cultura indígena preparado por la COCOPA, entre en pleno funcionamiento la Comisión de Seguimiento y Verificación, "cese la persecución militar" y se libere a los presos zapatistas.
"Regresaremos sin ninguna condición extra a la mesa de negociación" si las demandas de los zapatistas son atendidas, dijo en un video difundido el fin de semana pasado el líder de la guerrilla, subcomandante Marcos.
"Basta ya" de postergar el diálogo, respondió el gobierno. El EZLN "se niega a terminar con un conflicto que desgasta y lastima a la nación", dijo el secretario (ministro) de Gobernación (Interior), Francisco Labastida.
El diputado Vicencio sostuvo que la propuesta del gobierno de elaborar y aprobar un nuevo proyecto de ley sobre derechos y cultura indígena sin consultar al EZLN "está destinado al fracaso".
Atrapada en los intercambios de acusaciones entre gobierno y guerrilla y sin una propuesta de salida al conflicto, la COCOPA se ha limitado en los últimos meses a asistir a reuniones de análisis con el gobierno e intentar bajar la tensión reinante.
La CONAI, por su parte, lleva mensajes del gobierno al EZLN y también asiste a reuniones oficiales. Sin embargo, su trabajo tampoco logra acercar a las partes.
Mientras intentan ponerse de acuerdo sobre algún camino de solución al conflicto, los problemas sociales y de violencia en Chiapas se agudizan.
Algunos miembros de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, que visitó Chiapas la semana pasada, indicaron en Madrid que el gobierno tiene gran responsabilidad en la crisis que se vive en ese estado mexicano.
"Los signos que hemos visto nos indican que se busca más de una solución violenta al conflicto", declaró Iñaki García, portavoz de la Comisión, quien sostuvo además que "hay elementos y condiciones, conforme a la legislación internacional, para acusar al gobierno mexicano de genocidio".
El informe final de la Comisión Civil, integrada por alrededor de 200 personas de Europa y América, será presentado antes de que finalice este mes.
Grupos humanitarios locales, el EZLN, políticos de oposición y un sector de la Iglesia Católica acusan al gobierno de Zedillo de promover la militarización, la violencia y la división entre los indígenas de Chiapas como estrategia para desgastar a la guerrilla.
Según esas opiniones, el gobierno tiene directa responsabilidad en la matanza de 45 indígenas en Chiapas perpetrada en diciembre por un grupo paramilitar contrario a la guerrilla. (FIN/IPS/dc/mj/hd ip/98
