Las dos cárceles de alta seguridad de México parecen campos de concentración nazis. Los presos son obligados a tomar psicofármacos y usar camisas de fuerza, y también los visitantes son tratados con crueldad, según un informe oficial.
Las penitenciarías de Almoloya y Puente Grande son, sin embargo, motivo de orgullo para las autoridades por su disciplina e imposibilidad de fuga.
Un estudio de la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), recogido el martes por el diario capitalino Reforma, informó que en ambos centros de reclusión, donde está vedado el ingreso de cualquier observador independiente, prácticamente no existen los derechos humanos.
Los tratos degradantes que se ejercen en las cárceles de Almoloya y Puente Grande pretenden justificarse como única alternativa a la sobrepoblación, la corrupción, el tráfico de drogas y los continuos motines que sufren el resto de las prisiones, según la CNDH.
Cuarenta y cinco por ciento de los alrededor de 100.000 reclusos en las restantes cárceles mexicanas están sin sentencia, y su número aumenta 25,5 por ciento cada año.
"El modelo de las prisiones de máxima seguridad que se ha adoptado en México se pretende justificar como alternativa ante la ingobernabilidad en la mayor parte de las cárceles, es decir se quiere colocar a la sociedad en la disyuntiva falsa de cárcel autoritaria o anárquica", apunta el estudio.
Los presos de Almoloya y Puente Grande no pueden hablar con nadie, excepto con sus visitantes y por un tiempo limitado y sin privacía. Todo lo que dicen, hacen o escriben es grabado y revisado.
Los internos, entre quienes se encuentran Raúl Salinas, hermano del ex presidente Carlos Salinas (1988-1994), algunos famosos narcotraficantes y miembros de grupos guerrilleros, deben dormir siempre en la misma posición y con el rostro hacia una luz y cámara de video.
La segregación en lugares especiales y los castigos sin motivación son comunes en estas cárceles, así como la humillación y las revisiones sorpresivas, con armas de alto poder y perros en estado de agitación, a las que los custodios someten a los presos.
La CNDH indica que existen documentos en los que las autoridades de estos centros reconoce el empleo de camisas de fuerza para controlar a los reclusos, algunos de los cuales han informado que son obligados a tomar psicofármacos.
Las autoridades de las cárceles de alta seguridad han agravado sin necesidad el carácter aflictivo de las sanciones penales, lo cual es una violación de las leyes, según la comisión.
Alfonso Hernández, visitador de la CNDH, informó a IPS que en la cárcel de Almoloya se han registrado al menos tres suicidios de presos.
Hernández consideró necesario hacer una revisión profunda de los reglamentos de las cárceles de alta seguridad bajo parámetros internacionales.
El informe de la CNDH indica que "en los centros federales (las cárceles de alta seguridad) el tratamiento (trabajo) conlleva manipulación psiquiátrica y sometimiento so pretexto de disciplina".
"La única manera de que el trabajo no sea una forma de despersonalización, como en los campos de concentración nazis, es que se asuma como un acto de reivindicación y libertad", añade.
La CNDH acusó a la Secretaría (ministerio) de Gobernación (Interior) y a su Departamento de Prevención y Readaptación Social de manipular estudios de personalidad de los internos de los centros de alta seguridad con el fin de impedir su traslado a otras cárceles.
También acusó a esos organismos de obstruir el trabajo de observación de organizaciones civiles y públicas de defensa de los derechos humanos.
El Estado mexicano gasta alrededor de 7,5 dólares por día en mantener a cada uno de los 700 detenidos en las dos cárceles de alta seguridad, mientras en los otros 436 centros ese costo es de menos de tres dólares.
Familiares y abogados de los internos, quienes al entrar a las cárceles de Almoloya o Puente Grande son desnudados con el pretexto de revisión, se quejan de no tener ningún garantía para defender a su familiar o cliente.
Algunos de los internos de las cárceles de alta seguridad realizaron en los últimos años huelgas de hambre para protestar por las condiciones en las que viven. Pero nada cambió. Por el contrario, el trato degradante aumentó, se quejan. (FIN/IPS/dc/mj/hd/98
