La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (Codehuca) se solidarizó "con el pueblo y gobierno de Costa Rica", ante las presiones de Estados Unidos tras la muerte de un ciudadano estadounidense en un conflicto de tierras.
Codehuca condenó las declaraciones del embajador Thomas Dodd al diario La Nación de San José, en las que no descarta que Washington imponga sanciones económicas contra Costa Rica por el incidente.
Dodd puntualizó posteriormente que sus declaraciones no tuvieron el énfasis atribuido por el diario, que habría malinterpretado sus palabras.
No obstante, "persisten presiones que por diversas vías la embajada de Estados Unidos hace para que este asunto sea resuelto de acuerdo con sus intereses", aseguró Codehuca.
El 13 de noviembre murieron el estadounidense Max Dalton y el costarricense Alvaro Aguilar, en un enfrentamiento a tiros en la localidad de Pavones de Golfito, en el Pacífico sur de este país, por un terreno cuya propiedad no está jurídicamente clara, según determinó la justicia.
"Codehuca considera que este es un conflicto privado que compete resolver a los tribunales de justicia costarricenses y que si la embajada estadounidense desea fortalecer las instituciones democráticas, lo mejor que puede hacer es respetar la necesaria autonomía del Poder Judicial", afirmó.
Los representantes de Codehuca recordaron que el senador republicano Jesse Helms ha ejercido fuertes presiones, y como resultado de las mismas el Departamento de Estado advirtió a los turistas estadounidenses que no visitaran Pavones de Golfito.
El coordinador general de Codehuca, Daniel Camacho, indicó que el embajador Dodd advirtió el lunes 23 que la embajada de Estados Unidos está dispuesta a asegurar el derecho de propiedad de los estadounidenses instalados en territorio costarricense.
El vicepresidente de Costa Rica, Rodrigo Oreamuno, dijo en un artículo de prensa publicado este miércoles que su gobierno ha tratado de solucionar los conflictos de tierra que afectan a la zona de Pavones desde hace 10 años, mediante un plan regulador.
Pero la iniciativa se retrasó porque un ciudadano estadounidense apeló ante la Contraloría General contra el convenio que aseguraba el financiamiento del plan.
Codehuca afirmó que la actual actitud de los representantes de Estados Unidos contrasta con la "negligencia patente en el esclarecimiento del asesinato múltiple de La Penca (Nicaragua, en 1994), cuando murieron y fueron heridos periodistas de varias naciones, entre ellos costarricenses y estadounidenses".
En La Penca murieron o resultaron gravemente heridos una decena de periodistas en un atentado contra Edén Pastora, un ex dirigente sandinista que combatió por las armas al gobierno de sus antiguos compañeros.
Como responsable del atentado se señala al estadounidense John Hull, quien entonces residía en la zona norte de Costa Rica, y a la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA). (FIN/IPS/mso/ag/ip-hd/98
