La campaña contra la inminente investidura del general Augusto Pinochet como senador vitalicio entró en su fase final en Chile, con acciones constitucionales y denuncias de que el ex dictador se apropió de bienes públicos.
Pinochet, quien reasumió el lunes su cargo de comandante en jefe del Ejército tras el fin de sus vacaciones, juraría el día 11 como senador vitalicio, según una controvertida norma constitucional expedida por el propio ex dictador.
Mientras el veterano general de 81 años transitaba su última semana en el servicio militar activo, seis diputados oficialistas presentaban el lunes un requerimiento al Tribunal Constitucional, para que inhabilite a Pinochet como senador vitalicio.
La presentación de parlamentarios de los partidos Demócrata Cristiano (PDC), Socialista (PS) y Por la Democracia (PPD), argumenta que el ex dictador no cumple los requisitos previstos en la Constitución para ingresar en la cámara alta.
La condición de senador vitalicio es reconocida a los ex Presidentes de la República que hayan ejercido el cargo al menos por seis años y Pinochet gobernó el país por más de 17 años, desde septiembre de 1973 a marzo de 1990.
Pero, según los demandantes, la propia Constitución determina que el Presidente de la República debe ser electo por votación directa y universal, condición no cumplida por el ex dictador, que tomó el poder a través de un golpe de Estado.
Las acciones legales contra el supuesto derecho de Pinochet a convertirse en senador vitalicio incluyen tambien dos querellas criminales, presentadas en enero por el Partido Comunista y la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desparecidos.
A ellas se sumó el martes una nueva querella, que en nombre de organizaciones humanitarias interpuso el abogado Nelson Caucoto contra Pinochet, "por su directa responsabilidad" en 1.198 desapariciones forzadas.
El PS denunció también esta semana al ex dictador ante los tribunales por la muerte en 1973 de su dirigente Mario Silva, con lo cual suman cuatro las acciones judiciales referidas a graves violaciones de los derechos humanos.
Diputados de la gobernante Concertación por la Democracia, que integran el PDC, el PS, el PPD y el Partido Radical Socialdemócrata, se proponen igualmente presentar una acusación constitucional contra el ex dictador.
Pinochet podría jurar como senador vitalicio el 11, cuando se instale la legislatura surgida de las elecciones de diciembre. Es probable, sin embargo, que el juramento se postergue para el jueves 12, para evitar enfrentamientos en el parlamento entre detractores y partidarios del ex dictador.
El presidente Eduardo Frei, que es contrario a la institución de los senadores designados y vitalicios, afirma no obstante que se debe respetar la Constitución y se opone a la acusación constitucional así como a las demás acciones con que se pretende impedir el acceso de Pinochet a la cámara alta.
El senador Jorge Lavandero, del PDC, quien encabeza el llamado Movimiento por la Dignidad Nacional, aseguró el lunes que el Ministerio de Defensa traspasó a Pinochet bienes públicos de los que hará usufructo al dejar el mando del Ejército.
Según Lavandero, esta es una acción ilegal, ya que se trata de propiedades y vehículos fiscales que sólo pueden ser utilizados en comodato por militares en servicio activo.
Los dirigentes máximos de la coalición oficialista pidieron el lunes a Pinochet una declaración pública de sus bienes y propiedades y anunciaron que solicitarán al Ministerio de Defensa que aclare la denuncia de Lavandero.
El senador del PDC sostiene igualmente que Pinochet se enriqueció indebidamente en su largo período como dictador y comandante del Ejército, al incorporar a su patrimonio bienes inmuebles adquiridos con recursos estatales.
Lavandero recordó que, tras el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, el ex dictador declaró poseer ahorros por 240.000 pesos (unos 540 dólares) y hoy posee, entre otros bienes, una mansión avaluada en 100 millones de pesos (200.000 dólares).
La campaña de Lavandero fue impugnada por el Círculo de Amigos del Ejército, que el lunes solicitó al gobierno medidas contra el senador por supuesta infracción de normas constitucionales.
El Círculo de Amigos del Ejército contrató 80 autobuses para trasladar el día 11 a la sede del Congreso en la ciudad de Valparaíso a partidarios de Pinochet.
Las organizaciones de centro e izquierda llevan a cabo, a su vez, una serie de manifestaciones de rechazo a Pinochet que se intensificarán a comienzos de la próxima semana. (FIN/IPS/ggr/ff/ip-hd/98
