Los esfuerzos por aliviar el embargo de 36 años contra Cuba parecen ganar fuerza en Estados Unidos una semana después de que el presidente Bill Clinton decidió levantar algunas sanciones contra La Habana.
Unas 500 personas, entre ellas unos 300 cubano-estadounidenses residentes principalmente en Miami, se manifestaron este martes frente al Capitolio antes de dispersarse por las oficinas de los congresistas en una "Jornada nacional de educación y apoyo para permitir la venta de alimentos y medicinas a Cuba".
Uno de los oradores fue el general John Sheehan, ex comandante supremo de las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), quien desde su retiro el año pasado se convirtió en líder de la campaña para exceptuar del embargo los artículos humanitarios.
"El presidente reconoció que las leyes que niegan alimentos y suministros médicos a Cuba ponen en riesgo a los cubanos más vulnerables", señaló Sheehan, quien se reunió este mes con el presidente cubano Fidel Castro.
"Los cubano-estadounidenses -así como grupos religiosos y humanitarios que envían alimentos a Cuba- están reunidos hoy aquí para promover la venta de alimentos y medicinas porque saben por experiencia que sólo la caridad no resuelve el problema", agregó Sheehan, quien integra el consejo asesor de Estadounidenses por un Comercio Humanitario con Cuba.
La manifestación, promovida por una coalición de grupos religiosos, humanitarios, comerciales y cubano-estadounidenses, estuvo destinada a demostrar apoyo hacia un proyectos de ley bipartidario que será discutido en ambas cámaras del Congreso a partir del mes próximo.
El proyecto, que permitiría a las empresas estadounidenses vender alimentos, medicinas y equipos médicos directamente a Cuba, tienen hasta ahora 112 partidarios en la Cámara de Representantes, de 435 escaños, y 24 en el Senado, de 100 miembros.
"Ellos esperan incorporar este proyecto al de ayuda al exterior en mayo o junio", declaró un activista este martes.
De hecho, varios analistas independientes quedaron impresionados por la velocidad con que la hostilidad hacia Cuba se redujo en las últimas semanas, sobre todo después de la histórica visita del papa Juan Pablo II a la isla del Caribe, en enero.
Wayne Smith, encargado de la Sección de Intereses Estadounidenses en La Habana a principios de los años 80 y partidario de la normalización, atribuyó el mérito al pontífice quien, con frecuencia, denunció el embargo y otros intentos por aislar a Cuba durante su visita.
El viaje del Papa "puso en marcha el engranaje del cambio", señaló Smith, ahora en el Centro de Política Internacional, de Washington. "En su mayoría, la comunidad cubana de la isla y el exterior aceptó su desafío de mayor apertura y la administración de Clinton reaccionó en forma positiva".
No obstante, la mayoría de los observadores creen que a las fuerzas contrarias al embargo les espera una lucha contra la corriente. "Espero que tengan razón (respecto a que ganarán en el Congreso), pero lo dudo", manifestó Richard Nuccio, hasta hace dos años el principal asesor de Clinton sobre Cuba.
Nuccio se refirió a informes de prensa que aseguran que el Pentágono (Departamento de Defensa) aplazó la presentación el martes de un informe especial sobre Cuba porque no describe al país como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
"Creo que el Pentágono se dio cuenta de cuál es el panorama actual en el Congreso y decidió mostrar mayor severidad hacia Cuba", declaró Nuccio a IPS. El informe discrepa con el principio básico de la ley Helms-Burton, de 1996, que califica a Cuba de "amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos".
El documento también refleja el consenso de los militares de Estados Unidos sobre que las fuerzas armadas de Cuba tienen un valor estrictamente defensivo, organizado para llevar a cabo una guerra de guerrillas en caso de ataque.
Esta opinión también refleja el parecer de Sheehan, quien se reunió con comandantes cubanos y el ministro de Defensa Raúl Castro durante su visita a Cuba.
No obstante, la administración de Clinton sintió la presión del viaje del Papa y de la posterior liberación de cientos de prisioneros por parte de Castro como para ofrecer una respuesta propia hace 11 días.
La Casa Blanca anunció el día 20 que permitiría la reanudación de vuelos charter (contratados) de carácter humanitario entre Estados Unidos y Cuba y el envío de hasta 1.200 dólares al año de los cubano-estadounidenses a sus familias en la isla.
Así mismo, anunció que facilitaría el procedimiento para la venta de medicamentos y equipos médicos a Cuba.
Además, Clinton prometió trabajar con legisladores para lograr el suministro de alimentos a Cuba.
Sin embargo, el mandatario se rehusó a decidirse entre el proyecto de ley que fue blanco de las presiones de este martes y una propuesta del republicano de extrema derecha Jesse Helms, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que sólo permitiría las donaciones de alimentos a través de organizaciones no gubernamentales.
El proyecto presentado en el Senado por el demócrata Christopher Dodd y el republicano John Warner permitiría a las compañías de Estados Unidos la venta directa de alimentos y fármacos a Cuba.
Como Sheehan, los defensores del proyecto, que cuenta con el respaldo de los obispos católicos de Washington y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, arguyen que las necesidades de nutrición de la isla son mayores de las que pueden satisfacer la caridad y las organizaciones no gubernamentales cubanas.
Estos grupos elogiaron a Clinton por las medidas que adoptó hasta el momento, pero consideraron a las mismas provisionales e insuficientes.
"Nuestra comunidad respalda la venta de alimentos y fármacos a Cuba", aseguró Sylvia Wilhelm, directora del Comité Cubano por la Democracia. "Meses de discusión sobre la manera de llevar más ayuda a Cuba sólo retrasarán lo que las mujeres, niños y ancianos cubanos necesitan ahora".
La prueba crítica, opinó Smith, yace en el Congreso, el cual tiene la llave para modificar la ley Helms-Burton, que codificó el embargo comercial.
"El presidente dio pasos pequeños, pero, de hecho, él no tiene la autoridad para levantar el embargo o partes del mismo. Eso lo decide el Congreso", destacó la activista. (FIN/IPS/tra-en/jl/ml-aq/ip/98
