El gobierno de Colombia afirmó hoy que el acuerdo que firmó en secreto con el rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) es el inicio de un proceso para la concertación de la paz con todos los grupos armados insurgentes.
José Noé Ríos, asesor presidencial para la paz, afirmó que el gobierno "tiene voluntad política" de perseguir un acuerdo que permita poner fin al conflicto que sufre el país hace cerca de cinco décadas.
El ELN, segunda fuerza guerrillera después de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), acordó hacer con el gobierno una reunión preparatoria para la convocatoria de una Convención Nacional de Paz "que prepare los elementos para desarrollar espacios posteriores de concertación", explicó Ríos.
Entre estos espacios podrían figurar "la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente", como proponen las FARC, o un referéndum que permita la participación democrática de todos los colombianos, según el acuerdo firmado el 9 de febrero en Madrid y divulgado solo este miércoles.
El documento, que había sido mantenido en secreto por las partes, señala el compromiso de celebrar la reunión preparatoria entre los días 5 y 9 de junio en territorio colombiano, en la que el ELN y el gobierno participarán con tres delegados.
En el encuentro participarán también tres representantes de la Comisión de Conciliación Nacional (CCN), organización conducida por la Iglesia Católica, que tendrá la misión de facilitar del diálogo y la concertación.
Se invitará en calidad de testigo a un delegado del gobierno de España, un representante de cada uno de los dos candidatos presidenciales ganen en la primera vuelta electoral de mayo y al menos 100 delegados de organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, gremios, sindicatos y partidos políticos.
El preacuerdo fue firmado por consejeros de paz del gobierno colombiano (Ríos y Daniel García-Peña) y Milton Puentes, del ELN, y deberá ser ratificado en los próximos días por la organización insurgente.
La firma del preacuerdo abre el camino para que otros grupos guerrilleros que así lo deseen busquen la negociación y demuestra que "en Colombia todavía hay caminos para construir la paz", dijo el ministro de Defensa, Gilberto Echeverry.
Echeverry manifestó, no obstante, que se trata de un proceso de largo plazo que deberá ser continuado por el presidente que resulte elegido en junio.
El candidato presidencial opositor Harold Bedoya, ex comandante del ejército destituido por el presidente Ernesto Samper, consideró que el anuncio del acuerdo es una muestra más "del oportunismo político del gobierno".
El ex jefe militar, crítico del denunciado aporte de dinero del narcotráfico a los fondos de campaña electoral de Samper en 1994, este preacuerdo significa "entregar la justicia y darle acogida al terror y la violencia" del ELN.
El ELN es responsable de la colocación de minas antipersonales, ataques dinamiteros a la infraestructura petrolera y secuestros de observadores de la Organización de Estados Americanos a elecciones en Colombia.
El grupo insurgente planteó la realización de una Convención Nacional, propuesta que coincide con otra presentada por las FARC, la guerrilla activa más antigua de América Latina, que pidió la convocatoria de una Asamblea Constituyente para que la sociedad civil estructure "una política de paz permanente".
Las FARC se niegan a negociar con Samper, al que consideran jefe de un gobierno "ilegítimo" por haber recibido dinero del narcotráfico para su campaña electoral.
Pero el próximo fin del mandato de Samper y una Asamblea Constituyente podrían ser, según analistas, el punto de encuentro para que las dos principales organizaciones insurgentes, que suman cerca de 14.000 combatientes, abran un proceso de diálogo.
A esta situación se suma también el interés expresado en diferentes foros por la comunidad internacional de facilitar el proceso si las dos partes lo aceptan. (FIN/IPS/yf/mj/ip/98
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