La Corte Constitucional de Colombia derogó hoy la legislación que imponía el otorgamiento por parte del Estado de una "tarjeta profesional" como condición para el ejercicio del periodismo.
Los defensores de ese instrumento afirmaron que el fallo de la máxima instancia constitucional colombiana pone en peligro la protección de los informantes que reclaman reserva de su identidad.
La Corte Constitucional invocó el derecho a la libre expresión establecido en el artículo 20 de la constitución para derogar el Estatuto del Periodista (Ley 51 de 1975).
Los nueve magistrados de la Corte en pleno, luego de una larga deliberación, decidieron este jueves que el periodismo, aun si se estudia en las universidades, es una actividad equiparable a la de artistas como escritores o compositores.
Según el tribunal, toda persona tiene derecho a dar y recibir información, por lo que debe anularse la limitación que representa la tarjeta profesional para el ejercicio del periodismo.
El presidente de la Corte, Vladimiro Naranjo, dijo que el periodismo "es un género para el cual no pueden hacerse exigencias que impliquen limitaciones", al referirse al parangón entre el periodista y los artistas, "a quienes no se les puede exigir un carné para acreditar su obra".
El fallo de la Corte acaba con la tarjeta de periodista, instrumento al que se consideró en distintos ámbitos una forma de censura e incluso de discriminación contra los comunicadores.
"Tienen igualdad ahora las personas que poseen el título de periodista con las que no tienen ninguno", dijo el magistrado redactor del borrador del fallo, Carlos Gaviria, quien reconoció que se trata de "una decisión controvertida, como muchas de las que ha tomado la Corte en anteriores oportunidades".
El estatuto contemplaba el mecanismo de protección de la fuente a través de la reserva de identidad a que tenía derecho el periodista.
El periodista Jorge Castellanos sostuvo que "al caer la protección al periodismo de parte del Estado también cae la protección de la fuente", pues ya no hay ley que la ampare.
La tarjeta profesional era el mecanismo que permitía al periodista el ejercicio de la profesión sin estar obligado a revelar el origen de su información. El Estado garantizaba que quien informaba a la opinión pública era una persona preparada en instituciones académicas.
Sin embargo, muchos colombianos que no estudiaron periodismo poseen el documento, pues la ley amparó a los que ejercieron la profesión sin preparación académica antes de la promulgación de la ley de 1975.
El requisito exigido hasta este jueves para obtener la tarjeta era acreditar la graduación en una facultad universitaria a nivel profesional o técnico.
El Colegio Nacional de Periodistas de Colombia informó que la colegiatura del periodista es obligatoria en Venezuela, pero ya fue abolida en Chile (durante la dictadura de Augusto Pinochet), Costa Rica y Ecuador.
El debate que se desarrolló durante las deliberaciones de la Corte Constitucional reveló la confrontación entre las ideas de quienes apoyan la tarjeta como medio de protección al periodista, aun en su seguridad social, y las de sus detractores, que demandaron la inconstitucionalidad del estatuto.
La Corte escuchó el 17 de febrero en audiencia pública a las partes interesadas. Concurrieron empresarios de medios de comunicación, el gobierno y periodistas a título personal, pero no las instituciones académicas donde se imparten cursos de periodismo.
La gran mayoría de los expositores se pronunció a favor de la anulación de la tarjeta profesional. El Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB), gremio de 52 años de antigüedad, postuló la posición contraria.
La representante de los medios de comunicación y los anunciantes, Olga Fernández, sostuvo que la tarjeta viola la libertad de expresión al limitar el derecho de la sociedad a recibir información y al negar a algunas personas el de difundirla.
También rechazaron la tarjeta profesional la Fundación Para el Nuevo Periodismo Latinoamericano que dirige el escritor y periodista Gabriel García Márquez, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y los columnistas de la revista Semana, la de mayor circulación en Colombia, Plinio Mendoza y Antonio Caballero.
La SIP exhortó a la Corte a derogar la tarjeta porque su vigencia vulnera la libertad de expresión y "contradice la esencia misma del oficio periodístico".
Caballero sostuvo la tarjeta era solo un privilegio para su portador y que las leyes de prensa "siempre son peligrosas para la libertad".
Por su parte, la presidenta del CPB, Gloria Tamayo, dijo a IPS que el fallo "ha abierto camino a toda clase de desmanes contra la libertad de prensa". "Nos atrevemos a denunciar que esto es fruto de una serie de intereses patronales y empresariales", agregó Tamayo.
La periodista Patricia Lara, directora de la revista colombiana Cambio 16, manifestó su complacencia por el fallo de la Corte y consideró "un disparate" que se pretenda limitar el ejercicio del periodismo con un diploma universitario y la expedición de la tarjeta.
Las facultades de periodismo y comunicación social unieron su voz de protesta ante el fallo, pero anunciaron que lo acatarán.
Jorge Salazar, decano de la escuela de periodismo Inpahu, dijo a IPS que "hay que respetarlo porque es constitucional y no da alternativa a impugnación", pero agregó que no lo comparte porque representa un retroceso en la profesión.
Los periodistas que defienden la tarjeta plantearán proyectos de ley ante el parlamento, entre otras razones, para acceder a la jubilación.
Carlos Lajud, periodista de Radio Cadena Nacional, la segunda emisora del país, dijo a IPS que la derogación de la Ley 51 aumenta los riesgos del ejercicio de la profesión.
"Sin el amparo de la ley y la tarjeta, la profesión se prostituye", en parte porque ahora pueden ascender en los medios de comunicación personas sin preparación y también porque habrá una explosión de juicios contra periodistas, pronosticó Lajud. (FIN/IPS/mj/mj/hd cr/98
