Con la llegada a Colombia de 15 obispos europeos y estadounidenses, comenzó a implementarse hoy una discreta misión de paz de la Asamblea Nacional del Episcopado, máximo órgano de la Iglesia Católica de este país.
Los obispos colombianos reunidos en la Asamblea habían manifestado este miércoles su preocupación por la dimensión que alcanzó el conflicto armado y pidieron ayuda a sus pares extranjeros para ponerle fin.
La misión de obispos visitará a funcionarios del gobierno y emprendimientos eclesiásticos en las zonas de conflicto, y no descartaron la posibilidad de reunirse con integrantes de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), cuyo enfrentamiento con las fuerzas armadas recrudeció este mes.
Los prelados señalaron la necesidad de una solución política que se canalice a través del diálogo aun en medio de la guerra, y para ello sugirieron cooperación de otros países.
Los obispos pretendían abrir espacio para ese diálogo con la invitación a la comisión internacional veedora que analizará las gestiones de paz tanto de la Iglesia Católica como del gobierno de Ernesto Samper.
El obispo Fabio Henao, organizador de la visita de la comisión, explicó a IPS que la idea nació en octubre a iniciativa del grupo Caritas Internacional.
La comisión se integra de delegados de organismos de cooperación internacional como Paul Cordes, presidente de la organización católica "Un solo corazón", y el obispo Cipriano Calderón, de la Pontificia Comisión para América Latina.
Los comisionados se entrevistarán este viernes con la canciller colombiana María Emma Mejía, quien en nombre del gobierno expresó satisfacción por el esfuerzo de la iglesia en la búsqueda de soluciones de paz.
La gira contempla la visita a zonas afectadas por los choques armados entre grupos subversivos, paramilitares y el ejército, en especial los departamentos de Antioquia, al noroeste, y Meta, al centroeste del país.
En Antioquia visitarán Urabá y Apartadó, las zonas con más agricultores expulsados por el conflicto que en todo el país son más de un millón, para "conocer las expectativas de la gente que está trabajando en la superación de este flagelo", indicó Henao.
En las localidades de Villavicencio y Granada, en el departamento de Meta, la comisión inspeccionará la labor de la pastoral social colombiana. Los obispos visitarán los barrios marginales del centro y el sudeste de Bogotá.
Jaime Prieto, obispo del puerto de Barrancabermeja, en el nordeste, dijo que el principal objetivo del encuentro con la comisión es "lograr una percepción directa de los extranjeros" para obtener ideas "que den solución" a la situación que vive el país.
Nel Beltrán, obispo de la diócesis de la ciudad de Sincelejo, en el norte, sostuvo que "la degradación del conflicto" perjudicó las acciones de "institucionalización del país" y deslegitimó a sus actores acercándolos a la calidad de "delincuentes comunes".
Según Beltrán, esa degradación de la guerra influye en el deterioro de la imagen de Colombia, pues agravan "los tres problemas internacionales básicos, el narcotráfico, los derechos humanos y el ambiente".
El conflicto se salió de las fronteras porque "el narcotráfico es un problema internacional" que afecta al ambiente, "al igual que los enfrentamientos armados en la selva", por tanto, "son conductas violatorias de derechos humanos", dijo.
Beltrán reiteró su posición favorable al despeje de varias zonas del país, pedido en reiteradas ocasiones por la cúpula de las FARC.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Alberto Giraldo, dijo a IPS que "el ejército debe entrar a todos los rincones de Colombia", porque si no lo hace "ese vacío lo llenarán otros".
El gobierno de Samper respalda todas las iniciativas planteadas hacia una solución negociada del conflicto interna. El consejero de paz, José Ríos, pidió este jueves a las FARC la liberación de los soldados secuestrados por la guerrilla.
Ríos aseguró que el gobierno aspira a alcanzar la paz mediante el diálogo y sostuvo que, para ello, la guerrilla "debe cumplir con las normas del derecho internacional humanitario".
El funcionario planteó esta exigencia al reclamar la identificación y liberación de 43 soldados prisioneros de las FARC tras los combates que se libran desde el domingo en el departamento del Caquetá, en el sudeste colombiano. (FIN/IPS/mjl/mj/ip/98
