El "paro armado" convocado por la guerrilla para boicotear las elecciones legislativas de este domingo en Colombia ha quedado relegado a un segundo lugar, ante el anuncio de que más de 200 candidatos al parlamento están siendo investigados por presunta corrupción.
De los 7.732 aspirantes al Congreso, 240 son objeto de investigaciones penales o disciplinarias, según las listas dadas a conocer este sábado por la Procuraduría General y la Fiscalía. No obstante, la legislación colombiana no les impide aspirar a cargos parlamentarios si aún no han sido condenados.
El gobierno garantizó la realización de las elecciones en todo el territorio, pese al "para armado" anunciado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), la mayor y más antigua organización guerrillera del país.
El ministro del Interior, Alfonso López, dijo que en los 1.070 municipios del país "se cumplirán las elecciones para Senado y Cámara de Diputados", aunque no descartó que se produzcan "inconvenientes en algunos puntos".
Entre los políticos investigados se encuentra Juan Cristo, candidato al Senado por el gobernante Partido Liberal, quien fue acusado de participar en la recepción de dinero del narcotráfico para la campaña electoral del presidente Ernesto Samper en 1994.
Carmen Ibarguren, candidata a diputada, es investigada por los delitos de peculado, abuso de autoridad y falsedad en documento público, y Miguel Bermúdez, candidato al Senado, afronta un proceso por peculado cometido cuando era director del Fondo Nacional para la Cultura y el Deporte.
Los liberales Elba Cárdenas y Menfis Palacios, y el conservador Mariano Ospina, del Partido Conservador, segunda fuerza política colombiana, todos candidatos al Senado, son investigados por presuntos delito de peculado.
En la extensa lista de los organismos de control, el variado menú de conductas ilícitas va desde el enriquecimiento ilícito hasta el secuestro extorsivo, pasando por peculado, daños en bienes ajenos, corrupción electoral, fraude y hurto.
Pero el jefe del Partido Conservador, Hugo Escobar, manifestó que entre estos casos no está incluido el relativo al "torrente de dinero con el que algunos políticos están financiando la compra de votos", una práctica comunes en los procesos electorales colombianos.
"Hay mercenarios y traficantes de la política en esta campaña" que con sus prácticas atentan contra el libre ejercicio del voto, dijo Escobar.
Ingrid Betancur, candidata liberal al Senado, declaró que en la norteña ciudad de Barranquilla se asegura que "los políticos corruptos han invertido cerca de siete millones de dólares en compra de votos".
El analista Luis Valencia, de la Universidad de los Andes, dijo a IPS que los políticos utilizan la compra de votos y dinero del presupuesto público para llegar a los cargos electivos, porque es la única forma que tienen para conmover al elector.
Las elecciones de este domingo "van a ser las más costosas de la historia", ya que debido al escándalo generado por los aportes del Cartel de Cali a la campaña de Samper en 1994, en esta ocasión habrá menos recursos del narcotráfico, pronosticó.
Por este motivo, la financiación la aportarán particulares, que tienen sus propios intereses y la cobrarán con los favores de los congresistas mediante "contratos del Estado y leyes que los favorezcan", dijo Valencia.
Las autoridades electorales indicaron que 20 millones de personas se encuentran habilitados para votar, pero las encuestas indican que sólo el 35 por ciento acudirá a las urnas este domingo para elegir 102 senadores y 161 diputados.
Los enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla se intensificaron esta semana. En las selvas de Caquetá, en el sudeste del país, dejaron un saldo de al menos 80 militares muertos, en el peor revés sufrido por las Fuerzas Armadas en los últimos años. (FIN/IPS/yf/ag/ip/98
