Los habitantes de las ciudades de Argentina, que hace menos de una década sufrieron el azote de la hiperinflación, ya no aceptan la estabilidad de precios a cualquier costo y la mayoría exigen atender problemas sociales.
Según una encuesta realizada por la consultora Sofres Ibope en las principales urbes del país, 52,5 por ciento de los ciudadanos creen necesario "brindar solución cuanto antes a los problemas sociales, aunque eso signifique resignar estabilidad económica".
Por primera vez desde que la inflación fue controlada en 1991, el reclamo mayoritario es otorgar prioridad a asuntos sociales, y básicamente al desempleo.
Eso "no significa que la gente no valore la estabilidad sino que ya no acepta la extorsión de tolerar cualquier cosa a cambio de ella", explicó el director de Sofres, Enrique Zuleta.
Tras la década de los 80, que estuvo signada por tasas de inflación que rondaron 2.800 por ciento anual, la estabilidad de precios se convirtió en uno de los bienes más preciados para los argentinos de todos los sectores sociales.
Incluso para los más pobres, afectados antes por el alza constante de los productos básicos.
La estabilidad, que llegó con la gestión en el Ministerio de de Economía de Domingo Cavallo, enemistado ahora con el gobierno, fue el principal capital de la administración de Carlos Menem y factor decisivo para la reelección de éste por cuatro años en 1995.
La vertiginosa caída de la inflación dio lugar a un "boom" del consumo a crédito. Al reaparecer el préstamo hipotecario aumentó el acceso a la vivienda propia y bajaron los alquileres, y se recuperó la posibilidad de presupuestar y planificar. Pero también se incrementó la cantidad de desempleados.
El índice de desempleo llegó al récord de 18,4 por ciento en 1995, y si bien desde entonces se ha reducido, los expertos en asuntos laborales coinciden en que ese descenso no se debe a la dinámica de la economía, sino a los programas oficiales de empleo precario y temporario.
Asimismo, tras un primer período en el que la distribución de la renta se hizo más equitativa por la estabilidad de precios, el desempleo determinó de nuevo una gran concentración de ingresos en cada vez menos familias y el retroceso de las sumas que perciben los más pobres y la clase media.
El primer signo de un cambio se manifestó en los comicios legislativos de octubre, cuando por primera vez en 10 años, el gobernante Partido Justicialista fue derrotado en elecciones de ámbito nacional.
Los votantes, que ya habían visto que el alejamiento del ministro Cavallo en 1996 no alteraba la estabilidad, se atrevieron a elegir entre otras opciones.
Una nueva Alianza de oposición, identificada con la atención a los problemas sociales pendientes y con la lucha contra la corrupción, ganó las elecciones y puede llegar al gobierno en 1999, según las encuestas.
Los dirigentes de la Alianza consideran que la estabilidad "ya es patrimonio de todos" y que la economía funciona "con piloto automático".
La estabilidad de precios "a cualquier costo" sólo es aceptada por 24,2 por ciento de los consultados por Sofres, en tanto 52,5 la rechazan y 23 por ciento prefieren no responder o no saben qué opción elegir.
Una mayoría de 63,8 por ciento identificó el desempleo como el principal problema social a atender, seguido por la corrupción (9,8 por ciento) y la inseguridad (6,2 por ciento).
Sobre la situación general del país, 66,2 por ciento creen que es mala o muy mala, y apenas 8,4 por ciento la consideran buena o muy buena. El gobierno fue evaluado también de manera crítica: 44 por ciento de los encuestados lo calificaron de malo y muy malo, y 31,4, de regular.
La política económica fue considerada mala o muy mala por 49,8 por ciento de los interrogados y 30,1 por ciento la calificó de regular.
La privatización de empresas públicas, que era otro dogma a principios de los 90, cuando esas compañías simbolizaban la ineficiencia, tampoco es ya un valor incuestionable.
Cuarenta y cuatro por ciento de los encuestados quieren que la Alianza triunfe en 1999 y revise las privatizaciones que, a juicio de una mayoría de consumidores, fueron realizadas de manera de crear monopolios sin suficiente control estatal.
La investigación destaca que es "la primera vez" desde 1989 – el primer año de gobierno de Menem- que el reclamo de revisión de la venta de empresas y de aumento de los controles sobre ellas supera el pedido de continuidad de la gestión privada de esas compañías. (FIN/IPS/mv/ff/ip/98
