El Congreso Nacional del Pueblo de China, cuya sesión anual comienza este jueves, promulgó 85 leyes en los últimos cinco años, un rendimiento impresionante para una nación que durante siglos fue gobernado más por el imperio del hombre que por el imperio de la ley.
Sin embargo, el Congreso aún no tiene plenos poderes constitucionales para deliberar con independencia sobre normas consideradas estratégicas por el gobierno chino, como la Ley de Defensa Nacional o la muy postergada Ley Nacional de Valores.
Cuanto más importante sea una ley, mas tortuoso será su paso a través del parlamento, el Partido Comunista y el gobierno, que disputarán por su contenido.
La Ley de Defensa Nacional fue aprobada por el Congreso el año pasado tras un largo proceso que incluyó la inversión de 36 millones de dólares por parte del Consejo de Estado para financiar investigaciones y borradores de proyectos. Así, fue la ley más cara de la historia china.
Pero la Ley de Valores, cuyo contenido ha sido objeto de cuatro años de deliberaciones, ahora está postergada de forma indefinida. A medida que pasa el tiempo su contenido queda desactualizado respecto de las operaciones de los mercados de Shanghai y Shenzhen, operativos hace siete años.
A pesar del atraso acumulado, la sesión inaugural del Congreso Nacional del Pueblo que comenzará este jueves no abordará este complejo proyecto de ley.
Cai Dinjian, experto del departamento de estudios de la Comisión Permanente del Congreso, aseguró que el motivo de este nuevo retraso es que la agenda de la novena sesión plenaria del parlamento está completa.
El Congreso debe tomar este año decisiones sobre cambios muy importantes relacionados con su dirigencia y con la reestructuración de 12 ministerios con funciones superpuestas. Pero en China son pocos los que creen esa sea la razón para un nuevo retraso de la legislación sobre valores.
Además de su importancia para la política económica chinas, el motivo parece ser, más bien, el temor a que su aprobación genere críticas por parte de los desempleados, que considerarían que el gobierno prefiere ayudar a los capitalistas antes que a los trabajadores.
Tanto la Ley de Valores como la de Defensa Nacional reciben un tratamiento especial por parte del Consejo de Estado y del Comité Central del Partido Comunista. El borrador es entregado por el gobierno, pasa por la consideración del Congreso, y luego es sometido a la aprobación definitiva del Comité Central.
"Esa ruta legislativa es muy poco utilizada", comentó Zhou Xiaosheng, experto en leyes de la Universidad de Beijing. La mayoría de los proyectos abordados en la actualidad son elaborados por la Comisión Permanente del Congreso o por una de sus ocho comisiones especiales, recordó.
El Congreso "no se ha desembarazado aún de su imagen de sello de goma" de decisiones tomadas en otros ámbitos, "pero al menos podemos decir que se trata de un sello de goma de muy buena calidad", agregó Zhou.
Pero el Congreso aún está a la sombra del Consejo de Estado, que proyecta de las leyes más importantes de China.
El Consejo de Estado trató de lograr la aprobación del primer proyecto de Ley de Valores en 1994, pero la Comisión Permanente del Congreso no lo aprobó y prefirió presentar su propia versión. La iniciativa ya acumula siete borradores y permanece en el limbo desde entonces.
Entretanto, una gran cantidad de chinos que están desempleados o tienen trabajos de baja calidad han esperado durante largo tiempo a que el Congreso apruebe leyes de seguridad social y, según Zhou, "muchos temen que la aprobación de una ley de valores cuando hay tantos trabajadores despedidos de las empresas estatales podría causar una reacción social".
Los representantes de Liaoning y otras provincias del noreste chino causaron el año pasado agitación en el parlamento, donde por lo general no hay discusiones, al solicitar la aprobación inmediata de leyes que aseguren a los trabajadores desempleados condiciones mínimas para su supervivencia.
Las demandas serán aún más fuertes este año, pues el sector de valores es visto como la máxima expresión del capitalismo, en especial después que muchos trabajadores fueron obligados a comprar acciones de sus empresas y que, al no ser transables, no generan ninguna ganancia.
El programa de privatizaciones impulsado por el presidente Jiang Zemin para empresas públicas en estado crítico incluye la compra de acciones por parte de los trabajadores para ayudarlas a mantenerse a flote.
Pero la respuesta fue débil. Eso desilusionó a burócratas regionales y directores de empresas que vieron desvanecerse sus esperanzas de generar recursos hasta que resolvieron obligar a los trabajadores a comprar las acciones.
En vista de la reacción social que provocaron esas operaciones, el Ministerio de Trabajo emitió en febrero una circular en la cual prohibía cualquier compra involuntaria de acciones.
Pero más allá de las consideraciones sociales, el gobierno chino nunca explicó qué espera de los mercados de valores.
Tras experimentar durante siete años con mercados de acciones, se reconoce que son mayores sus beneficios que sus perjuicios cuando se trata de traspasar recursos de los individuos hacia las empresas, pero persisten las dudas, en especial cuando se trata de considerar la entrega del control de los mercados.
Y es por esa razón el gobierno limita la acción de profesionales extranjeros más experimentados, al establecer distintas categorías de acciones para extranjeros y para chinos.
Beijing tamibén determina qué compañías pueden cotizar en mercados locales e internacionales e impide las transacciones de títulos en posesión del Gobierno.
Algunos representantes de la vieja guardia en el gobierno, con una marcada tendencia a involucrarse en estos asuntos, podrían optar por negarse a darle mayores libertades al mercado, y por lo tanto a dejar el proyecto de Ley de Valores esperando indefinidamente. (FIN/IPS/tra-en/ab/js/lc-mj/if/98
