La amenaza de cierre del diario La Epoca, órgano emblemático de la restauración de la democracia en Chile, desató una oleada de solidaridad y fuertes críticas al proceso de monopolización de la prensa que vive el país.
Dirigentes de todos los sectores políticos abogaron por la continuidad del diario, en tanto el Colegio de Periodistas advirtió que la concentración de la propiedad de los medios de comunicación es un peligro para la estabilidad democrática.
La Epoca, fundada en marzo de 1987, cayó esta semana en una crisis financiera casi irreversible, al acumular una cuantiosa deuda con el Consorcio Periodístico de Chile S.A. (Copesa) por un contrato de impresión y distribución del diario.
Aunque el rotativo se comenzó a imprimir en otra empresa y a distribuirse por conductos alternativos, persiste la amenaza de que deba declararse definitivamente en quiebra y cerrar al no poder servir la deuda con Copesa.
Pero el posible cierre de La Epoca no es sólo un problema financiero o empresarial, sino que amenaza directamente la libertad de expresión, en opinión de sectores políticos, sindicales, intelectuales y estudiantiles.
La Epoca está caracterizada como diario independiente, pese a que algunos de sus ejecutivos y propietarios están vinculados al Partido Demócrata Cristiano (PDC), principal fuerza de la gobernante Concertación por la Democracia.
Pero el diario no cuenta con subsidios estatales ni trato preferencial en materia de avisos del sector público, cuya participación en el mercado publicitario es declinante desde 1990.
Si desapareciera La Epoca, el mercado de la prensa diaria quedaría dominado por los consorcios de El Mercurio y Copesa, que en conjunto publican cinco de los nueve periódicos que circulan diariamente en Santiago.
Se trata de los cinco diarios de mayor tirada y publicidad, que compiten con La Epoca y La Nación, este último un órgano estatal que desde 1997 publica preferentemente información deportiva como estrategia para atraer lectores.
También circulan en la capital, de lunes a viernes, El Diario y Estrategia, especializados en economía y negocios y dirigidos a un público segmentado.
Los matutinos que se publican en Santiago se distribuyen también en el resto del país, donde la mayoría de los diarios regionales que existen forman parte de la cadena de El Mercurio.
Los consorcios Copesa y El Mercurio tuvieron serias dificultades financieras en la década de los 80, durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90), que les otorgó créditos preferenciales a través del Banco del Estado.
A diferencia de la actitud de Pinochet, el primer gobierno de transición democrática, de Patricio Aylwin (1990-94), no intervino en el mercado de los medios de comunicación, y igual política sigue la actual administración, de Eduardo Frei.
El gobierno de Frei, como en su momento el de Aylwin, es criticados por carecer de políticas comunicacionales y de fomento a la creación de medios y de entregar por tanto la supervivencia de la prensa independiente al arbitrio del mercado.
"El problema de este país es que estamos a un paso de instaurar la dictadura de las empresas de la comunicación. Si desaparece el último diario independiente que queda, ¿quién va a regular el mercado de la información?. Lo que quiera publicar el duopolio será lo único que pueda conocer el país", dijo Senén Conejeros, presidente del Colegio de Periodistas.
"Bajo los gobiernos constitucionales se está logrando lo que no pudo hacer la dictadura: la desaparición de la prensa independiente y comprometida con la democracia", señalaron estudiantes de Periodismo.
Desde 1990 dejaron de circular en Chile las revistas Análisis, Cauce y Apsi, que cumplieron un papel destacado en la oposición al régimen de Pinochet y en la lucha por la restauración democrática.
En 1991 cerraron el Fortín Diario, creado también por la oposición democrática en tiempos de la dictadura, y El Siglo, órgano del Partido Comunista, que reapareció en 1990, aunque no pudo mantener una frecuencia diaria y se publica ahora como semanario.
En esferas gubernamentales se expresó preocupación por la crisis de La Epoca, pero no se plantean posibilidades de revisar la política comunicacional ni de encauzar el la publicación de avisos del sector estatal.
Conejeros recordó que en España, el rey Juan Carlos promulgó una ley de subvención para los medios de prensa, bajo la premisa de que "un estado no puede llamarse democrático en tanto no posibilite que todos los sectores tengan voz".
"En un país con concentración de medios, la desaparición de un diario independiente y de vocación pluralista sólo puede hacerle daño a una todavía incipiente democracia", advirtió Claudia Lagos, presidenta del Centro de Alumnos de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. (FIN/IPS/ggr/hd-ip/98
