Las protestas contra el ex dictador Augusto Pinochet dejaron como saldo en Chile el mayor número de detenidos desde el retorno de la democracia, contradictorios balances de daños materiales y amenazas de endurecimiento de la derecha.
Las repercusiones políticas de la investidura de Pinochet como senador vitalicio continuarán este lunes, cuando diputados de la oficialista Concertación por la Democracia presenten una acusación constitucional contra el general retirado de 82 años.
El presidente Eduardo Frei se reunió el jueves con Enrique Krauss, líder de su Partido Demócrata Cristiano (PDC), para analizar la situación, tras la virtual derrota de su estategia de "bajar el perfil" al ingreso de Pinochet al Senado.
La derecha opositora sostiene que Frei es el gran perdedor tras los acontecimientos políticos de esta semana, ya que fue "desairado" por su propio partido, que en lugar de rechazar la acusación a Pinochet dejó en libertad de acción a sus diputados.
El Partido Renovación Nacional (PRN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) acusaron al oficialismo de radicalizar la confrontación política a raíz de las manifestaciones del miércoles contra el ex dictador en el Senado.
Pinochet, quien encabezó el largo régimen dictatorial desde septiembre de 1973 hasta marzo de 1990, entregó el martes al general Ricardo Izurieta la comandancia en jefe del Ejército tras casi 25 años de ejercicio del cargo.
Al día siguiente, el ahora general retirado juró como senador vitalicio, apoyado en disposiciones de la Constitución que él mismo impuso en 1980, en medio de la protesta de parlamentarios de la coalición gobernante.
Tanto Santiago como Valparaíso, sede del Congreso, 120 kilómetros al oeste de la capital, fueron escenario el martes y miércoles de protestas callejeras contra el ex dictador que derivaron en enfrentamientos con la policía de Carabineros.
En Concepción, 515 kilómetros al sur, Iquique, 1.200 kilómetros al norte, y en otros centros urbanos del país se repitieron las manifestaciones de repudio a Pinochet, convocadas por organizaciones políticas y de derechos humanos.
Más de 500 enviados especiales de la prensa extranjera cubrieron el retiro de Pinochet del Ejército y su conflictiva llegada al Senado, y sus despachos, por lo general, reflejaron la mala imagen internacional del ex dictador.
La policía, que según dirigentes políticos y periodistas, actuó con inusitada violencia en contra de las manifestaciones, detuvo el miércoles a 302 personas en Santiago y 278 en el resto del país.
El total de 580 es el mayor número de detenidos en manifestaciones callejeras desde que el 11 de marzo se restableciera el régimen democrático en Chile, superando con creces el balance policial de otras jornadas conflictivas.
El 11 de septiembre de 1993, en el vigésimo aniversario del cruento golpe de Estado que llevó a Pinochet al poder, se registraron 222 detenciones en todo Chile, cifra ampliamente superada el miércoles último.
Los enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes dejaron como resultado 22 civiles y 12 policías lesionados, con cinco y dos heridos graves, respectivamente, incluyendo a un periodista.
El cuerpo de Carabineros justificó el rigor represivo como respuesta a elementos calificados de "violentistas" que actuaron tanto en las manifestaciones, como en disturbios provocados en barriadas periféricas en la noche del miércoles.
La policía y la oposición derechista resaltaron la magnitud de los daños provocados a la propiedad pública y privada con "actos vandálicos", como el ataque a un depósito de una importadora de automóviles en que fueron incendiadas algunas camionetas.
El alcalde de Santiago-Centro, Jaime Ravinet, del PDC, sostuvo sin embargo que los daños en su municipio fueron menores a los que se producen en los enfrentamientos callejeros de "barras bravas" al término de partidos de fútbol de "alto riesgo".
El ambiente de confrontación se alejó ya de las calles para trasladarse a la sede del parlamento en Valparaíso, donde este lunes debe materializarse la acusación contra Pinochet por actos de insubordinación contra el poder civil cometidos bajo el gobierno de Patricio Aylwin (1990-94).
Aunque la acusación parece condenada al fracaso, por el seguro rechazo de la mayoría derechista en el Senado, diputados del PDC y los demás partidos de gobierno acordaron llevarla adelante, contrariando a Frei, quien la calificó de inconveniente.
El endurecimiento con que la derecha responderá en el Congreso podría derivar en el rechazo de una serie de leyes promovidas por el gobierno y por parlamentarios de la coalición oficialista.
Entre éstas se incluyen reformas en favor del sistema público de Salud, el restablecimiento de la negociación sindical colectiva y otros cambios a la normativa laboral y el proyecto para instituir el divorcio en Chile. (FIN/IPS/ggr/ag/ip/98
