La inculpación de un niño de 15 años por el asesinato y violación de una niña de diez muestra que la llamada delincuencia infantil es un fenómeno en aumento en Chile, frente al cual existe gran preocupación pero escasas respuestas.
La pequeña Cristina López desapareció el jueves y su cadáver fue encontrado el sábado, en las cercanías de su hogar en un barrio central de Santiago, envuelto en bolsas plásticas con señales de violación y muerte por estrangulamiento.
Las investigaciones policiales culminaron este lunes con la detención de un muchacho de 15 años, amigo de la víctima, quien confesó que cometió el crimen el jueves en su cuarto y que mantuvo el cadáver allí durante dos días.
De acuerdo con la legislación penal chilena, el niño, identificado sólo por sus iniciales HMLC, no podría ser juzgado ni menos condenado, ya que los menores de 16 años de edad están exentos de responsabilidad criminal.
El Código Penal establece en esta materia que sólo se puede encausar y sentenciar a los niños de más de 16 y menos de 18 años, siempre y cuando un tribunal de menores estableza que han "obrado con discernimiento" al cometer un delito criminal.
Más allá de los aspectos judiciales, el caso de la pequeña Cristina se inserta en la doble dimensión de un incremento de los abusos sexuales contra las niñas, por una parte, y por otra, del crecimiento de la llamada delincuencia infantil.
Desde diciembre de 1997 hasta hoy se han registrado en Chile por lo menos cinco casos graves de crímenes cometidos por menores, de los cuales cuatro, incluyendo el de Cristina, tuvieron como resultado la muerte de las víctimas.
En diciembre, un niño de 11 años mató de una cuchillada en el corazón a otro de 15, en las afueras de un local de juegos de video en el municipio de San Bernardo, al sur de Santiago.
En febrero, un adolescente de 16 años fue acusado como presunto autor del homicidio de un conductor de ómnibus en La Pintana, uno de los municipios más pobres de la capital.
El protagonista de este caso había salido sólo dos semanas antes en libertad, tras parmanecer internado en un centro de rehabilitación de menores a raíz de numerosos delitos registrados en su prontuario policial.
También en febrero, cuatro niños quemaron vivo a un mendigo en la ciudad de Concepción, 515 kilómetros al sur de Santiago, provocándole quemaduras en 54 por ciento de su cuerpo que le causaron la muerte tras 11 días de agonía.
De los cuatro autores de esta agresión, sólo uno podría ser enjuiciado penalmente, por tener 17 años, siempre que se establezca que actuó con discernimiento.
A mediados de marzo, la prensa difundió otro acto de violencia infantil. A la salida de un colegio en Talcahuano (530 kilómetros al sur de Santiago) un niño de sólo nueve años acuchilló por la espalda a otro de 16, dejándolo herido de gravedad.
El siquiatra Reinaldo Bustos caracterizó al violador y asesino de la pequeña Cristina como un adolescente enfermo, con trastornos de personalidad severos, afectado posiblemente por una esquizofrenia.
Pero más allá de este diagnóstico individual, se advierten en esta seguidilla de delitos infantiles síntomas de una enfermedad social, en que la disolución de la familia o su precariedad explicaría las conductas anormales de los menores.
Elías Escaff, sicólogo del Instituto de Criminología del Servicio de Investigaciones (policía civil), advirtió que numerosos estudios demuestran que los menores no se sienten comprendidos o se consideran abandonados por sus familias.
El experto indicó que igualmente se observa que en muchos hogares persiste la idea de "enseñar con el castigo, incluso físico", lo cual contribuye igualmente a la ruptura entre los adolescentes y sus padres y al deterioro de la familia.
Al sentirse incomprendidos o marginados por su grupo familiar, muchos jóvenes son "socializados" por otras instancias, como sus pares adolescentes o adultos en círculos callejeros que los llevan o inducen al delito, agregó Escaff.
En su último informe sobre desarrollo humano en Chile, titulado "Las paradojas de la modernización", el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo indicó también que la familia es "una fuente de seguridad amenazada".
La agencia advirtió que se tiende a crear un sentimiento de culpa en la familia, que agrava los factores de inseguridad, en la medida en que se le atribuyen todas las responsabilidades para contener "la crisis de integración" que vive la sociedad.
La relación sociedad-familia aparece cuestionada también por el fenómeno de la delincuencia infantil en Chile, que en el caso de la pequeña Cristina sacó también a la luz otro fenómeno, el de los abusos sexuales contra las niñas.
Organizaciones de mujeres lanzaron una campaña al respecto el 8 de marzo, denunciando que los abusos y maltratos contra las menores siguen siendo considerados en Chile un asunto privado y familiar, sin asumirlo como un problema social y de salud.
Se estima que más de 70 por ciento de las agresiones sexuales a niñas son cometidas por familiares o conocidos de las víctimas, como lo era el asesino de Cristina, quien le dio muerte, según la policía, porque ella se resistió a la violación. (FIN/IPS/ggr/mj/hd/98
