"Tengo miedo, si tuviera algo de dinero ya me habría ido del país", admitió Lilis, ciudadano indonesio de ascendencia china que trabaja de director financiero en la capital.
Mientras tanto, Hendra tiene el pasaporte a mano mientras continúa decorando interiores. "Me gustaría poder comprar un pasaje abierto a Singapur como han hecho otros, pero sería demasiado caro para toda mi familia y duraría sólo tres meses", se lamentó.
Lilis y Hendra pertenecen al grupo de seis millones de chinos indonesios que observan con creciente nerviosismo la ola de hostilidad racial que cunde en un país sometido a la crisis económica.
Los chinos son alrededor de tres por ciento de la población de Indonesia, que tiene 200 millones de habitantes y donde 87 por ciento son musulmanes. De hecho, este país tiene la población musulmana más grande del mundo.
A medida que la furia por la crisis degenera en tensión racial, muchos hombres de negocios chinos indonesios de clase media o alta han comenzado a salir del país, con frecuencia utilizando permisos de residencia en el extranjero, en especial en Estados Unidos o Australia.
Según algunas estimaciones, el capital retirado de Indonesia con el éxodo de estos chinos ronda los 1.000 millones de dólares. Pero los ciudadanos comunes, que son la mayoría entre los chinos, no tienen a dónde huir.
Turbas de personas furiosas por el aumento del desempleo y los precios se han entregado en los últimos meses al saqueo de tiendas, muchas de ellas propiedad de comerciantes chinos.
Iglesias cristianas, fe que profesan menos de la mitad de los chinos de este país, así como templos budistas, han sido objeto de ataques o de pintadas con grafitti.
Muchos chinos tienen la sensación de estar en riesgo, expuestos a la cólera mal encauzada de la mayoría. Algunos observadores de la realidad indonesia consideran que el gobierno no ha realizado esfuerzos para contrarrestar esta situación.
Durante la sesión de la Asamblea Consultiva del Pueblo el domingo, el reelegido presidente Alí Suharto se refirió brevemente a este problema cuando recomendó a los indonesios unirse, mientras advertía que "es inútil buscar un chivo expiatorio".
Pero a medida que el precio de los bienes de consumo subía, obligando a los comerciantes chinos a aumentar sus precios, mucha gente común e incluso algunos generales los acusaron de acaparar arroz o aceite comestible.
Mientras tanto, los chinos denuncian que los policías permiten a los saqueadores descargar su ira pues llegan a la escena cuando todo ha concluido.
Algunos dirigentes musulmanes, como el líder del Movimiento Islámico Muhammadiyah, Amien Rais, han advertido a los indonesios que el objeto de su ira debía ser el gobierno y no los chinos, "que son parte de esta integrada nación".
Sin embargo, hay quienes consideran que el gobierno trata de dirigir el resentimiento público hacia los chinos, en especial después de acciones de los militares para vincular el estallido de una bomba en enero a la actividad de conocidos indonesios chinos, como el prominente empresario Sofjan Wanandi.
El clima de tensión empeoró cuando los militares denunciaron a los empresarios chinos porque presuntamente no colaboraban con el gobierno en una campaña denominada "amar la rupia", la moneda nacional indonesia.
En ese momento, Suharto pidió a los magnates de la economía indonesia, en su mayoría chinos, retornar al país unos 80.000 millones de dólares que, según algunas estimaciones, están depositados en el extranjero.
Algunos de estos grandes empresarios hacían negocios con miembros de la familia presidencial hace muy poco tiempo.
"Somos ciudadanos de tercera clase", advirtió Anton, un editor de diarios. "Cada vez que este país atraviesa por una situación difícil, los chinos somos puestos a prueba para demostrar si verdaderamente queremos ser ciudadanos de Indonesia. Eso es muy triste", agregó.
Anton considera que los chinos deberían permanecer en este país y mantener la discreción, pero no critica "a quienes se han ido". Sus antepasados llegaron a este territorio mucho antes de que naciera la República de Indonesia, pocos días después del fin de la segunda guerra mundial.
Anton, quien se considera indonesio, asegura que mantiene vivas las esperanzas de que los chinos sean aceptados como parte integral de una nación cuyo principio fundador fue el de la unidad en la diversidad.
Los recuerdos de los años 60 contribuyen a poner nerviosos a los chinos, pues muchos de ellos fueron víctimas de la violencia generada por el golpe de estado de 1965, tras el cual Suharto llegó al poder. En esa época se argumentaba que eran sospechosos de ser comunistas desestabilizadores.
Según las leyes de Indonesia, los indonesios chinos no pueden utilizar sus nombres chinos. Tienen cédulas de identidad marcadas y se les restringe el festejo en público de costumbres como el año nuevo lunar.
Casi todos los documentos oficiales requieren a los ciudadanos indonesios información sobre su religión y su origen étnico, lo que es utilizado para cometer abusos por parte de funcionarios públicos, e incluso por parte de las universidades que establecen cuotas de cupos para estudiantes chinos.
Anton considera que el fracaso de Indonesia para fortalecerse como nación tiene que ver con conflictos étnicos que van más allá de los chinos, y recordó episodios de violencia racial registrados en 1996, cuando se enfrentaron grupos de etnias Dayak y Madurese en la provincia de Kalimantan.
Algunos estudiosos de la historia sugieren que las tensiones raciales se originaron en el siglo XVII, cuando los colonizadores holandeses utilizaron a los chinos y a otros asiáticos como intermediarios en sus relaciones con las sociedades que habitaban la actual Indonesia.
Pero hay otras opiniones que sugieren una posición ambivalente del gobierno cuando se trata de abordar asuntos relacionados con conflictos étnicos.
Sukarno, el presidente que fundó Indonesia, eligió chinos para integrar su gabinete de ministros, pero les impidió comerciar en áreas rurales.
Suharto, por su parte, permitió que algunos potentados chinos a los cuales brindó tratamiento especial se enriquecieran, pero les prohibió el uso de su lengua y la práctica de sus costumbres. (FIN/IPS/tra-en/sb/js/lc-mj/ip pr hd/98
