El Senado de Argentina confirmó la derogación de las leyes de amnistía que en 1987 beneficiaron a 1.100 militares represores, y el presidente Carlos Menem aseguró que no vetará la decisión tomada por el parlamento.
Los senadores tenían previsto debatir la próxima semana el proyecto de ley aprobado el martes por los diputados para derogar las llamadas leyes de obediencia debida y de punto final. Pero sorpresivamente, el miércoles de noche se unieron a la decisión de la cámara baja, en una sesión de cuatro horas.
La ley votada por el parlamento, que aún debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo, no tiene carácter retroactivo. De modo que no serán reabiertos los juicios suspendidos por las leyes de 1987.
La obediencia debida y el punto final habían sido promulgados para frenar procesos legales contra militares que participaron de la represión ilegal de la dictadura (1976-83). Algunos, como el destituído capitán Alfredo Astiz, tenían juicios por secuestro, torturas y asesinatos cuando recibieron la amnistía.
El gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) llevó a juicio a los jefes del régimen militar, que fueron condenados y estaban presos al momento de la sanción de las leyes. Un sector del ejército se sublevó entonces dos veces contra Alfonsín, en rebeldía contra los procesos judiciales aún pendientes.
Menem, sucesor de Alfonsín, indultó en 1989 a los cabecillas de los motines y a los ex comandantes sentenciados por los crímenes del régimen de facto.
Los organismos de Derechos Humanos, que rechazaron los argumentos oficiales de la necesidad de reconciliación, confiaban en derogar al menos el beneficio de las leyes de amnistía.
En enero de este año, legisladores de oposición respaldados de los organismos humanitarios, propusieron derogar las leyes de amnistía y declararlas nulas, de manera de poder reabrir los procesos penales a militares como Astiz, interrumpidos hace 11 años.
Menem advirtió entonces que vetaría la norma si fuera sancionada por el Congreso tal como era propuesta. Pero lo que finalmente se aprobó fue la derogación simbólica de esas leyes, sin efecto retroactivo para quienes ya obtuvieron sus beneficios.
Los organismos de derechos humanos no quedaron conformes con la ley aprobada ahora, pues reclamaban la nulidad de la obediencia debida y el punto final, para reanudar los juicios.
Algunos rechazaron de plano lo aprobado, y otros lo consideraron un resquicio que quizás podría servir a la justicia para reabrir alguna causa.
El Ministro del Interior, Carlos Corach, aseguró el jueves que el presidente no vetará la ley, que en la Cámara de Diputados sólo tuvo un voto en contra y en el Senado, donde se preveía una mayor resistencia, logró unanimidad.
Los senadores consideraron que la idea de eliminar las leyes que amnistiaron a militares era un reclamo de la ciudadanía que no se podía ignorar, y admitieron la inconveniencia de demorar su voto. (FIN/IPS/mv/ff/hd/98
