Militares argentinos que participaron en la represión ilegal en los años 70 están hoy en la mira de la justicia por las fortunas que algunos amasaron a costa de sus víctimas y de otros recursos ilegales de los que se valieron desde el poder.
Los investigadores judiciales del "botín de guerra", que actúan tanto en España como en Argentina, no se habían propuesto seguir la pista de ese enriquecimiento, que emergió como un hallazgo inesperado en medio de causas por violaciones a los derechos humanos.
Organismos humanitarios, sobrevivientes y militares retirados estiman que el total de propiedades, automóviles y otros bienes robados a los desaparecidos supera los 70 millones de dólares. Algunos militares aprovecharon su paso por el poder para enriquecerse.
El juez español Baltasar Garzón pidió a la justicia suiza que le informe si un grupo de militares argentinos, presuntos responsables de la desaparición de ciudadanos españoles en Argentina durante la última dictadura (1976-1983), tenían cajas de seguridad en Suiza con información sobre las víctimas.
El juez argentino Antonio Bagnasco requirió también de la justicia suiza información sobre el contenido de las cajas de seguridad de militares a los que se responsabiliza por el secuestro de menores nacidos durante el cautiverio de sus padres.
Garzón sostiene que el genocidio no prescribe y que los ex comandantes y otros militares amnistiados en Argentina podrían ser condenados en España. Bagnasco considera que el secuestro de niños no fue incluido en la amnistía, y por eso pide cuentas a los responsables.
El secuestro de menores, del cual hubo unos 280 casos, según la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, no había sido considerado durante el juicio a los ex comandantes, luego indultados. Pero con los años, las abuelas lograron reunir pruebas que demuestran que fue un delito sistemático del régimen.
Tanto Garzón como Bagnasco tropezaron en sus investigaciones por violaciones de derechos humanos con el hecho de que en las cajas de seguridad de militares argentinos en Suiza no había datos sobre el paradero de las víctimas, pero sí dinero que podría tener una procedencia ilegal.
Entre los acusados figura el actual gobernador de la provincia norteña de Tucumán, Antonio Bussi, un general retirado que esta semana fue condenado por un tribunal de honor militar por no haber declarado esa cuenta millonaria.
Ahora Bussi se enfrenta a una investigación de la fiscalía federal argentina, que reúne pruebas sobre su fortuna y detectó la semana pasada nueve propiedades del militar a nombre de familiares y testaferros. Esta semana esos bienes crecieron a 16.
La fiscalía promete continuar recolectando pruebas de otros bienes no declarados que integran el patrimonio de Bussi, y anticipó que antes de fin de mes podrá acusarlo por los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica de documento público.
Bussi fue comandante del Tecer Cuerpo de Ejército en Tucumán y gobernador de esa provincia durante el régimen. Organismos de derechos humanos lo acusan de ser responsable de la desaparición de 600 personas, pero las leyes de obediencia debida lo liberaron de proceso.
Mientras tanto, la Cámara Federal, que investiga el paradero del escritor y periodista Rodolfo Walsh, secuestrado y asesinado en un tiroteo, tomó declaración esta semana al ex comandante Emilio Massera, quien fue jefe de la Armada y miembro de la junta militar que encabezó el golpe de Estado de 1976.
Massera fue condenado a cadena perpetura por violaciones graves a los derechos humanos e indultado tras cinco años en prisión.
La familia Walsh sabe que las leyes impiden reclamar el castigo a los culpables, pero pidió que se investigue dónde fue enterrado el cuerpo del escritor y adónde fueron a parar sus últimos manuscritos inditos.
Para conocer esos datos, la Cámara citó a declarar a Masseera, a la sazón máximo responsable de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), cuyo local funcionó como cárcel clandestina donde se detuvo y torturó a unos 5.000 prisioneros.
También el ex capitán Jorge Acosta y Jorge Radice, que revistaron en la ESMA, fueron citados a declarar en esta causa.
Massera, Acosta y Radice son, además, investigados por la justicia por presunto enriquecimiento ilícito, que tendría origen en una inmobiliaria creada al amparo de la ESMA para transferir propiedades de los detenidos a nombre de los captores y sus familiares.
El ex comandante Massera fue acusado por tres familias de la provincia de Mendoza, por haberse apropiado de fincas, casas y otros bienes, colocándolas a nombre de familiares suyos por intermedio de esa inmobiliaria, mientras los propietarios estaban en cautiverio.
Los tres propietarios están desaparecidos y sus familias nunca pudieron recuperar los bienes, que fueron pasando de uno a otro titular cada vez que el brazo de la justicia parecía alcanzar al ex comandante.
También Radice y Acosta fueron procesados por una estafa con créditos por un monto de 37 millones de dólares, y actualmente son investigados por la desaparición de hijos de desaparecidos y por evasión fiscal, ya que aparecieron en Suiza cuentas a sus nombres.
En medio del escándalo por el enriquecimiento de los militares, que se consideraban la "reserva moral" que salvaría a los argentinos del comunismo, el reclamo del ex comandante Leopoldo Galtieri, que decidió la fracasada invasión a las islas Malvinas en poder de los británicos, aparece como el más tímido.
Galtieri, procesado e indultado por violaciones de derechos humanos y por haber llevado a la muerte a unos 400 soldados en el archipiélago, pidió este mes una vez más al gobierno una pensión de 12.000 dólares mensuales como "ex presidente", un reclamo rechazado por las autoridades, que lo juzgaron improcedente. (FIN/IPS/mv/mj/hd ip/98
