Argentina recordó esta semana los 22 años del último golpe de Estado con noticias hasta ahora desconocidas sobre violaciones de los derechos humanos cometidos por la cruenta dictadura que duró siete años.
La denuncia de que un niño de 14 años estuvo detenido en un centro clandestino de detención durante la dictadura (1976-1983) y hoy está desaparecido es una de las informaciones más relevantes de las difundidas el martes.
El niño era hijo de prisioneros. Una sobreviviente denunció haberlo visto entonces en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), donde funcionaba una prisión ilegal.
Otra noticia que concentró la atención de los argentinos el martes, aniversario del levantamiento militar del 24 de marzo de 1976, fue la segunda presentación de un proyecto para derogar las leyes de amnistía que beneficiaron a un millar de militares que participaron de la represión ilegal.
La iniciativa presentada por la Alianza de oposición, que fue aprobada por las dos cámaras parlamentarias esta semana, impone la derogación de la norma sin efecto retroactivo.
Con motivo de este aniversario, organizaciones de defensa de los derechos humanos invitaron a visitar Argentina a los fiscales españoles que acusaron en su país a los ex comandantes del régimen por la desaparición de compatriotas suyos.
Los fiscales rechazaron las críticas del presidente Carlos Menem, que consideró que el proceso judicial que se desarrolla en España constituye un "acoso" a las Fuerzas Armadas argentinas.
El proceso que conduce el juez español Baltasar Garzón se convirtió este año en el foro al que van a pedir justicia centenares de familiares de víctimas de la represión, así como dirigentes políticos, humanitarios, sindicales y estudiantiles de Argentina.
Garzón sostiene que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y comenzó a aceptar denuncias y testimonios sobre las desapariciones en Argentina.
En este país, los ex comandantes fueron condenados por el secuestro, tortura y desaparición de 11.000 personas, cifra que organizaciones de derechos humanos elevan a 30.000. Pero el presidente Menem los indultó tras cinco años de purgar condena.
Poco antes, los procesos a los militares subordinados habían sido detenidos por las leyes de amnistía.
También esta semana se precipitó un debate por la campaña que desarrollan organizaciones de derechos humanos, que convocan a demostraciones frente a los domicilios de militares represores, pegan carteles para que sus vecinos conozcan los hechos de los que se los acusa y entonan consignas durante varias horas.
"No subas por la escalera, no tomes el ascensor, que al lado de tu casa vive un torturador", cantaban el lunes frente al edificio donde vive el ex ministro del interior del régimen, Albano Harguindeguy. Luego, se dirigieron a la casa del ex jefe de la Marina, Emilio Massera, condenado e indultado.
Massera había concurrido a declarar la semana pasada en una causa judicial en la que se procura conocer el destino final del escritor y periodista Rodolfo Walsh.
El ex jefe de la Armada ya fue condenado por este delito, pero ahora fue citado para que dé explicaciones sobre ese caso. Sin embargo, se negó rotundamente a colaborar con el juez.
Militares retirados reaccionaron esta semana con afiches en la calle en los que protestan por lo que consideran "una agresión virulenta" con presuntos "apoyos internacionales", una clara alusión al juicio que se desarrolla en España.
Nunca, ni siquiera cuando se cumplieron 20 años del golpe, hubo tanta coincidencia de noticias de actualidad vinculadas con los militares de la dictadura.
En enero, las declaraciones del ex capitán Alfredo Astiz reivindicando la represión marcaron el inicio de un año que parece estar signado por un renacer de la memoria.
También el martes se conoció la decisión de un juez que ordenó pagar una indemnización a Mario Bufano, un perseguido político que debió exiliarse en 1976 luego del golpe para salvar su vida.
El Estado sólo aceptaba pagarle un resarcimiento por un día que estuvo en prisión, pero el detenido apeló y obtuvo el fallo favorable del juez.
Bufano fue secuestrado en 1976 y logró huir tras un día de detención en un centro clandestino. Después de cinco días de vivir ocultándose de sus captores, logró exiliarse en Uruguay, luego en Brasil y por último en México, donde debió permanecer hasta 1983, cuando se produjo el retorno de la democracia.
Veintidós años después, la justicia decidió que es justo que el Estado le pague una indemnización por el exilio, un fallo que sienta un precedente para la presentación de miles de casos de personas que debieron huir a Europa y países latinoamericanos.
Mientras tanto, continúan los cuestionamientos sobre el general retirado Antonio Domingo Bussi, actual gobernador de la provincia de Tucumán y responsable de la desaparición de al menos 600 personas cuando gobernaba esa misma provincia por la fuerza durante el régimen.
Bussi es investigado en España por el juez Garzón, cuya pesquisa reveló que el militar posee una cuenta bancaria en Suiza que nunca había declarado.
La noticia, que se conoció en febrero, le costó a Bussi una sanción del tribunal de honor del Ejército. La fiscalía federal y el parlamento investigan ahora su culpabilidad.
Entre tanta actualidad vinculada a hechos ocurridos durante el régimen militar, los anunciados actos de recordación y repudio pasaron a un segundo plano.
Lo mismo sucedió con la decisión del gobierno de que cada 24 de marzo a partir de este año se recuerde el golpe y sus consecuencias en todas las escuelas "para no perder la memoria". (FIN/IPS/mv/mj/hd ip/98
