Organizaciones de derechos humanos de Argentina están disconformes con la derogación aprobada por el Congreso de las leyes de amnistía a militares represores, porque, al carecer de efecto retroactivo, no pondrá fin a la impunidad.
Activistas de derechos humanos y familiares de las víctimas de la dictadura (1976-1983) habían pedido la "nulidad" de las leyes, a fin de que los militares beneficiados por la amnistía debieran enfrentarse de nuevo a sus procesos y pagaran sus culpas. Pero los legisladores rechazaron la propuesta.
Las leyes beneficiaron a militares como el destituido capitán Alfredo Astiz, procesado por secuestro, torturas y homicidos, que en enero de este año reivindicó la represión ilegal y aseguró ser la persona mejor preparada del país para matar a un político o a un periodista.
Otros de los alcanzados por el beneficio fueron el general retirado Antonio Bussi, responsable de la desaparición de 600 personas, y el capitán Alfredo Acosta, quien estuvo a cargo de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde funcionó un centro ilegal de detención y torturas con más de 5.000 prisioneros.
En la noche del martes, cuando se cumplían 22 años del golpe de Estado que dio inicio al régimen militar, los diputados del oficialismo y la oposición aprobaron la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final hacia el futuro, para que ningún militar pueda volver a esgrimirlas en su provecho.
Mientras tanto, unos 15.000 manifestantes congregados frente al Congreso para repudiar la represión ilegal en el aniversario de la dictadura clamaron por la "nulidad" de esas leyes, y no sólo la derogación, así como la del indulto decretado por el presidente Carlos Menem a los comandantes del régimen.
"No admitimos que se vote una engañosa derogación que no servirá para encarcelar a los genocidas. El Congreso debe aprobar la anulación efectiva de las leyes para posibilitar el castigo a los responsables del terrorismo de Estado", reclamó un grupo de organizaciones en un documento difundido el martes.
Las leyes habían sido dictadas por el parlamento en 1987 a propuesta del Poder Ejecutivo en un contexto de sublevaciones militares.
Cuando se las aprobó, los comandantes de la dictadura estaban presos por violaciones de derechos humanos y sus subordinados enfrentaban procesos legales por secuestro, tortura, homicidio y desapariciones.
Con la ley de obediencia debida, el Congreso había aceptado justificar la represión clandestina ejecutada por los subordinados en el cumplimiento de órdenes de superiores.
La ley de punto final, en tanto, fijó un plazo de 30 días para que la justicia terminara con los procesos abiertos a militares represores, que tuvieron así un corte abrupto.
Debido a estas dos leyes, que beneficiaron a 1.100 militares, solo fueron condenados los ex jerarcas del régimen, que tras cinco años de encarcelamiento fueron indultados por el presidente Menem. Por lo tanto, tampoco ellos purgaron sus culpas.
Tres legisladores de uno de los dos partidos que integran la Alianza de oposición, el Frente País Solidario, presentaron en enero una iniciativa para que se anulen los efectos de esas leyes de amnistía de manera de reabrir los procesos.
El proyecto, que contaba con la aprobación de todas las organizaciones de derechos humanos, fue rechazado por el oficialismo e incluso por miembros de la Alianza, dirigentes del Frente y aliados. Menem amenazó con vetar la norma si obtenía respaldo en el Congreso.
El proyecto de derogación había sido presentado en febrero en el Congreso, pero la falta de acuerdo entre los partidos abortó el debate.
La mayoría de los juristas coincide en que las leyes penales no pueden ser retroactivas, y menos aun si las nuevas normas son más gravosas. O sea que la derogación no preocupa a los militares que afrontaron procesos o acusaciones, y hoy están en libertad. (FIN/IPS/mv/mj/hd/98
