Treinta y cinco organizaciones de mujeres, indígenas, negros, jóvenes, homosexuales y ancianos de Ecuador presentaron al gobierno un plan nacional para una política de Estado de protección de los derechos humanos.
La cancillería presentó a comienzos de año una primera propuesta para la elaboración del plan, que fue discutida luego por los grupos sociales que, a su vez, contaron con asesoramiento de organizaciones especializadas en derechos humanos.
A raíz del documento entregado por la cancillería "se buscó el consenso entre distintos actores de la sociedad ecuatoriana, que culminó en esta propuesta concreta" entregada el martes a la cancillería, dijo Hans-Ulrich Bünger, director del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (Ildis).
Raúl Moscoso, presidente de la Asociación Latinoamericana de Juristas, dijo que el gobierno aprobará el plan nacional la próxima semana por medio de un decreto del presidente provisional del Ecuador, Fabián Alarcón. La norma entrará en vigencia de inmediato.
El documento fue sometido a un análisis en una reunión que se desarrolló entre el jueves y el sábado y en la que participaron las 35 organizaciones sociales, las Fuerzas Armadas, la cancillería, la policía y la Corte Suprema de Justicia.
"No se puede olvidar ni ocultar las prácticas de tortura, muerte y desaparición de personas, los miles de presos sin sentencia, el mal uso de la prisión preventiva y la inobservancia de los derechos al debido proceso y a la defensa", se lee en el documento presentado al gobierno.
La administración de la justicia es uno de los principales puntos abordados en el plan nacional. Se establece que todos los jueces deberán ser nombrados por el Consejo Nacional de la Judicatura con estricto respeto de la carrera judicial.
"De esta manera se reducirá el margen de acción (influencia política) sobre la administración de la justicia, que antes era uno de los botines de partidos políticos y del mismo gobierno", consideró Poso.
El plan también se refiere a la delimitación de funciones de las fuerzas de seguridad pública.
Se plantea el compromiso de que las Fuerzas Armadas no se atribuyan funciones judiciales y que se eliminen todas los fundamentos legales que permiten el abuso de autoridad y la represión policial.
Además, en la propuesta se pretende reforzar a la Defensoría del Pueblo, creada a mediados de 1997 como vínculo entre la sociedad y la estructura del Estado.
La Defensoría actualmente no está en funciones, ya que el parlamento unicameral nunca tramitó un reglamento que permitiese actuar al funcionario encargado (que finalmente renunció a su cargo) "y el gobierno no entregó los recursos necesarios ni las instalaciones para que funcione", apuntó Moscoso.
Según el plan, se debe designar de inmediato a un defensor del pueblo, y se deberá garantizar que el organismo cuente con autonomía, respeto institucional y los recursos necesarios para su funcionamiento.(FIN/IPS/mg/mj/hd/98
