Los planes del gobierno de Canadá para hacer más duras las leyes de inmigración y refugiados del país enfrentan crecientes protestas ante la posibilidad de que estos extranjeros no puedan reunirse con sus familias.
Las protestas, registradas en todo el país, se volcaron contra la ministra de Inmigración, Lucienne Robillard, quien recorrió el país buscando aprobación para los cambios propuestos.
Las nuevas leyes que afectarían el sistema de inmigración de Canadá, que fue el más abierto del mundo, cerraría las posibilidades de la mayoría de potenciales nuevas llegadas, a menos que se tratara de personas altamente calificadas, ricas y anglo o franco parlantes.
Las propuestas del gobierno siguieron a un reciente informe de una comisión independiente que recomienda cambios radicales en las leyes y nuevos controles sobre quienes reclaman estatuto de refugiado en Canadá.
El documento, de 168 páginas, fue preparado el año pasado por un grupo asesor independiente presidido por Robert Trempe, funcionario público retirado de Quebec.
En el se favoreció un cupo anual al número de recién llegados y puso énfasis en la capacidad de hablar inglés o francés de los inmigrantes, incluso entre los grandes inversores a los que Canadá ha intentado seducir en Asia.
El nuevo sistema subrayaría la necesidad de que los inmigrantes llegaran capacitados -lengua, educación y experiencia empresarial- para permitir su rápida integración a la sociedad canandiense.
Además, cerraría lagunas en el programa de familias bajo el cual los inmigrantes establecidos aceptan mantener financieramente a sus familiares durante varios años después de llegados a Canadá. El programa ha sufrido 15 por ciento de violaciones y engaños.
Bajo el nuevo esquema, los responsables de los familiares deberán comprobar que cumplen con obligaciones previas y que no reciben seguro social.
La mayoría de los manifestantes que marcharon por las calles de la ciudad de Toronto la semana pasada eran inmigrantes sikh e iraquíes quienes temen que Canadá cierre la puerta a los refugiados y haga imposible la reunificación familiar.
El informe indica que los inmigrantes que ingresan a Canadá sin conocimiento básico de alguna de las dos lenguas deben pagar una "matrícula" para cubrir el costo del aprendizaje.
La enseñanza del inglés como segunda lengua se convirtió en una pesada carga para muchas escuelas de las grandes ciudades y sus contribuyentes, con un costo de 200 millones anuales a la región de Toronto.
Mientras están en Canadá, quienes reclaman el estatuto de refugiados pueden ser supervisados de cerca mediante la introducción de un sistema de seguimiento computarizado, indica el informe.
Los refugiados tendrían que llevar tarjetas codificadas y hacerlas leer en una estación computarizada a intervalos regulares. Aquellos que violan las normas, recomienda el informe, serían detenidos hasta finalizadas las audiencias.
La política propuesta haría que los inversores entregaran al gobierno de Canadá un préstamo de 500.000 dólares libre de intereses durante cinco años y limpiaría la corrupción del programa de empresarios, haciendo que los solicitantes demuestren que tienen 250.000 dólares para establecer un negocio en Canadá.
Además, recomienda al gobierno introducir un nuevo sistema de refugiados que ponga más énfasis en asegurar que Canadá sirva a las personas más necesitadas, en general mujeres y niños, en lugar de las personas que se las arreglan para llegar a las costas canadienses.
También se limitaría la potestad del ministro de Inmigración de otorgar estatuto sobre bases humanitarias y compasivas. La legislación podría entrar en vigor a fin de este año.
En el informe se plantean cambios revolucionarios. Ampliaría la definición de "familia", haciendo elegibles al programa de inmigración a parejas del mismo sexo y de convivencia.
Además, recomienda una nueva agencia que sustituya al lento y costoso Consejo de Inmigración y Refugiados, el cual ahora está empantanado con 29.000 casos y podría requerir años para tomar decisiones.
En lugar del actual sistema de consejos de funcionarios políticos designados, empleados civiles decidirían sobre los casos en un plazo de cuatro a cinco meses.
Los autores del informe sostienen que el nuevo sistema es "justo para todos", y asegura que no hay motivos para temer que Canadá "cierre las puertas a todo el mundo".
Los críticos del sistema propuesto afirman que hará más fácil a los inmigrantes económicos llegar a Canadá a costillas de los casos humanitarios.
"Están desarticulando el sistema de refugiados", dijo el abogado David Matas, al reemplazar la junta de refugiados con funcionarios civiles "que no serán tan independientes y no tendrán el mismo nivel de experiencia en el trabajo". (FIN/IPS/tra-en/mb/mk/lp/pr ip/98
