El debate sobre la descontaminación de las bases militares que Estados Unidos entregará a Panamá el 31 de diciembre de 1999 volvió a ponerse al rojo vivo porque Washington se resiste a esa obligación.
La tesis de que "el que contamina paga" lanzada por el legislador Oyden Ortega, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del parlamento panameño, se convirtió en consigna de diversos sectores que consideran a la postura de Estados Unidos una burla a los tratados sobre el canal de Panamá de 1977.
La situación se agrava ante el desconocimiento que se tiene en este país sobre el tipo y la cantidad de explosivos y otros elementos contaminantes en las bases militares y en los polígonos de tiro de Nuevo Emperador, Balboa Oeste y Piña, todos ellos ubicados sobre la vertiente del Pacífico.
En estos tres polígonos, cuya extensión es de 15.129 hectáreas, existe por lo menos un tercio de las tierras que, segun oficiales del ejército de Estados Unidos, no podrán ser descontaminadas debido a que no existe una tecnología apropiada para ello.
El director de Política Ambiental del Comando Sur del ejército estadounidense radicado en Panamá, Rogelio Preciado, indicó que los terrenos donde se realizaron prácticas de tiro desde antes de la segunda guerra mundial "no podrán ser limpiados en un ciento por ciento" debido a su topografía.
Estos predios se encuentran dentro de áreas montañosas y vegetación densa y pantanosa, explicó Preciado.
El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta 111 del ejército de Estados Unidos, Reynold Hoover, explicó que desde mediados de febrero 90 militares estadounidenses "han trabajado intensamente" para recoger 43.000 libras (unas 20 toneladas) de chatarra y municiones sin detonar en los polígonos.
Sin embargo, aclaró que a pesar de ello las áreas de impacto de las municiones no se pueden sanear totalmente porque todavía no existe tecnología para ello.
A su juicio, habría que talar la densa cubierta boscosa del lugar, lo cual "afectaría el ambiente y el funcionamiento del canal".
En el área de los tres polígonos se encuentran 900 especies de plantas, 320 especies de aves, 81 especies de mamiferos y 62 especies de reptiles y anfibios.
A pesar delas afirmaciones de Hoover y Preciado, Ortega estimó que Panamá "debe tomar las acciones adecuadas para que Estados Unidos cumpla con su obligación" de entregar todas las instalaciones militares libres de contaminación o peligro para la vida humana, según lo establecen los tratados canaleros.
Mientras tanto, el legislador Abel Rodríguez, presidente de la Comisión del Asuntos del Canal del parlamento, afirmó que el único que puede descontaminar los polígonos de tiro y las bases militares es Estados Unidos porque solo sus funcionarios "saben lo que hicieron en esa área".
Pero Washington se ha negado en reiteradas oportunidades a revelar el tipo de armas que se probaron en esos polígonos, así como las diferentes substancias químicas almacenadas en sus bases canaleras.
El experto estadounidense Rick Stauber, a quien el Departamento (ministerio) de Defensa encomendó en 1993 un estudio sobre el impacto ambiental de las bases militares en el canal, denunció en marzo de 1997 que en el polígono de Piña se efectuaron pruebas con armas químicas y uranio agotado.
Además de realizar disparos de municiones antitanque cargadas con uranio agotado, en Piña se habría almacenado gas mostaza y otras armas químicas extremadamente peligrosas para la salud humana y el ambiente.
Stauber indicó que la información recabada era tan delicada que "muchos de los datos fueron descaradamente omitidos" en el informe divulgado por el Deparamento de Defensa.
El sociólogo Raúl Leis, que hace 15 años estudió el impacto de la presencia militar estadounidense en Panamá y otros países del mundo, refutó el planteamiento de Hoover sobre la carencia de tecnología para descontaminar las bases militares y los polígonos de tiro en las riberas del canal.
"Sí hay tecnología para limpiar los polígonos totalmente, pero es una tecnología muy cara y Estados Unidos quiere hacer este trabajo al menor costo posible", preciso Leis, directivo del no gubernamental Centro de Estudios y Acción Social.
Si no descontamina, Estados Unidos "estaría violando los tratados del canal", dijo Leis. "Las actividades bélicas dentro de los polígonos no deben continuar" y Panamá debe exigir que se cumpla el principio de que "el que contamina paga", concluyó.
Además de bloquear la posibilidad de que las áreas contaminadas puedan ser utilizadas con fines económicos, Leis advirtió el peligro que eso representa para el millón de panameños que residen en las áreas cercanas a los actuales polígonos de tiro.
Desde 1979, cuando entraron en vigor los tratados sobre el canal de Panamá, fallecieron alrededor de 10 panameños dedicados a la recolección de metales tras manipular municiones abandonadas en los campos de tiro estadounidenses. (FIN/IPS/sh/mj/en/98
