La secretaria del juez que investiga en Argentina el secuestro y apropiación de unos 200 niños durante la última dictadura militar fue objeto hoy de un acto intimidatorio, pero el magistrado aseguró que la investigación seguirá su curso.
Adriana Scoccia, secretaria del juez federal Antonio Bagnasco, recibió una llamada en su domicilio que le anunciaba un "regalo" en la puerta de su edificio. El presunto regalo era una granada con dispositivo de detonación electrónica desactivado.
Scoccia y Bagnasco trabajan en la investigación del escándalo por los millonarios sobornos que habría pagado la multinacional informática IBM para proveer de servicios a organismos públicos como el estatal Banco de la Nación Argentina y la Dirección General Impositiva.
La actuación judicial, que intenta probar el pago de sobornos por 21 millones de dólares, determinó el procesamiento por defraudación y cohecho de ex directivos del Banco Nación y de ex titulares de IBM en Argentina, y el magistrado podría pedir la captura de ejecutivos de la casa matriz de la multinacional.
Pero Scoccia y Bagnasco negaron que el acto intimidatorio tuviera relación con esa causa, en la que trabajan desde hace cuatro años. En cambio, sospechan que se refiere a otra investigación: la de los niños y las niñas secuestrados por los agentes de la dictadura (1976-1983).
"No nos van a intimidar. Estaría fuera de sus cabales el que crea que por esto vamos a abandonar la investigación", declaró Soccia.
La agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, dedicada a ubicar a niños secuestrados o nacidos en el cautiverio de sus padres desaparecidos durante el régimen de facto, inició en 1997 una querella por robo de menores, un delito que no contemplado por las leyes de amnistía a militares.
Las abuelas llevan un registro de más de 300 niñas y niños desparecidos, y 50 de ellos ya fueron localizados. La mayoría estaban viviendo con sus apropiadores, es decir, militares o policías participantes de una represión ilegal que provocó al menos 11.000 desaparecidos.
Otros niños habían sido adoptados de buena fe, y tras probarse su auténtica filiación mediante pruebas genéticas, permanecieron con sus familias adoptivas, aunque también se vincularon con sus parientes de sangre.
Las Abuelas de Plaza de Mayo denuncian el secuestro de menores desde hace más de 20 años. Pero cuando la justicia condenó a los ex comandantes del régimen en 1985, no se habían reunido pruebas suficientes para acusarlos por ese delito.
Con los años, la agrupación consiguió documentos que prueban que el secuestro de niños y niñas fue una práctica sistemtica y programada. Uno de las evidencias más contundentes es una lista de instrucciones del Ejército sobre cómo proceder con niños arrebatados a los detenidos.
Las abuelas pidieron que comparezcan ante la justicia al menos seis generales del Ejército -algunos de ellos indultados por el presidente Carlos Menem- y que también se tome declaración a Alfredo Astiz, el capitán dado de baja en enero de la Armada que reconoció públicamente ese delito.
Bagnasco tiene previsto viajar el próximo lunes a Suiza para reunirse con la fiscal Carla del Ponte, a quien solicitó información sobre el contenido de cajas de seguridad de bancos suizos a nombre de militares involucrados en el secuestro de menores en Argentina.
El magistrado presume que esas cajas de seguridad pueden contener archivos sobre el paradero de los niños, aunque hasta ahora, Del Ponte sólo descubrió cuentas bancarias de otros militares argentinos investigados en España por violaciones a los derechos humanos. (FIN/IPS/mv/ff/hd/98
