El presidente de Argentina, Carlos Menem, firmó hoy un decreto que prorroga por dos años el monopolio de la telefonía básica, concedido en 1990 a dos empresas privadas que facturan más de 5.000 millones de dólares al año.
Menem extendió hasta noviembre de 1999 el plazo otorgado a Telefónica de Argentina y Telecom para abrir el mercado a la competencia, pese a la oposición de parlamentarios y de asociaciones de consumidores que amenazan con una lluvia de demandas judiciales contra la medida.
La apertura del sector se producirá entonces en forma gradual y condicionada, y no como estaba previsto en el pliego de licitación, cuando el territorio argentino fue dividido en dos y cada zona se adjudicó en exclusividad a una compañía privada.
Telefónica de Argentina y Telecom obtuvieron en los últimos dos años ganancias por 2.000 millones de dólares.
En el contrato de concesión de la telefonía se estableció que, tras siete años de exclusividad -que vencieron en noviembre- las dos compañías tendrían la opción a una prórroga de tres años del régimen monópolico si cumplían con exceso las metas de inversiones y ampliación y calidad del servicio.
Es decir, que la prórroga se concedería si se sobrecumplían los compromisos de inversión. El decreto de este martes admite que las dos empresas sólo lograron la mayoría, y no todas, de las metas señaladas, aunque mantiene de todos modos el régimen monopólico hasta noviembre de 1999.
Asimismo, el pliego de licitación estableció que, una vez finalizada la etapa de exclusividad, "cualquier interesado" podría "solicitar licencias en competencia con las que presten servicio en ese momento". Pero el decreto impone requisitos que dejan fuera del negocio a muchas empresas del sector.
Por ejemplo, se establece que sólo en noviembre de 1999 se podrán sumar otros dos grupos de empresas que incluyan a un operador de servicios de telefonía básica con experiencia internacional, una empresa de telefonía celular y un operador de televisión por cable.
En otra etapa, que comenzará en el 2000, serán autorizadas a operar las empresas de transmisión de datos y las de telefonía de larga distancia e internacional. Pero, para entonces, según advierten algunos expertos, las dos pioneras habrán consolidado su primacía en el mercado.
La decisión del gobierno -que, según un editorial del diario La Nación, fue tomada por "unos pocos funcionarios y unas pocas empresas" para "satisfacer intereses privados"- fue cuestionada por el Congreso, los grupos de consumidores y la Defensoría del Pueblo.
La comisión parlamentaria de seguimiento de las privatizaciones, integrada por el oficialismo y la oposición, expresó sorpresa ante el decreto, que se anticipó a su pronunciamiento sobre el cumplimiento de las metas, una condición para resolver la prórroga.
El senador oficialista Augusto Alasino advirtió que la Secretaría de Comunicaciones no había enviado aún al parlamento su informe con el detalle técnico de las inversiones que Telefónica y Telecom debían realizar en siete años de servicio.
"No está claro que efectivamente las empresas hayan cumplido con las inversiones", dijo Alasino, quien además afirmó que el decreto hace una "interpretación política, más que técnica", de las metas exigidas a las empresas para ganarse el derecho a la prórroga.
La comisión de seguimiento, compuesta por 12 legisladores, está dividida. Seis de sus integrantes apoyan la prórroga, y otros seis consideran que los proyectos no fueron cumplidos en los términos exigidos y por lo tanto no aceptan conceder la exclusividad por otros dos años.
Los diputados que se oponen a la prórroga anunciaron que convocarán al secretario de Comunicaciones para que explique los fundamentos del decreto. El funcionario había dicho en noviembre que no se mantendría el monopolio, porque decisiones judiciales lo impedían.
El secretario se había referido entonces a un recurso de amparo de un particular respaldado por una organización de consumidores, que invocó un nuevo artículo constitucional que obliga al gobierno a convocar a una audiencia pública para debatir la extensión de la exclusividad de la telefonía básica.
El artículo consagra el derecho a información adecuada y veraz y la libertad de elección. Defiende la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, el derecho a controlar monopolios "naturales o legales" de servicios públicos y exige "la participación de usuarios y asociaciones de consumidores" en las decisiones.
La justicia hizo lugar al pedido y, tras la apelación del gobierno, el fallo fue confirmado en segunda instancia. Por eso, tanto las organizaciones de consumidores como la Defensoría del Pueblo advirtieron que, una vez firmado el decreto, recurrirían contra la prórroga, a la que creen inconstitucional.
Los consumidores señalan además que las dos empresas monopólicas no superaron las metas de inversiones, condición prevista en el contrato original, y que fueron multadas en cientos de millones de dólares durante su desempeño, por irregularidades en el servicio.
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia debe pronunciarse sobre un polémico "rebalanceo tarifario" dispuesto por las empresas en noviembre y cuestionado por los grupos de consumidores, que lo consideran un aumento encubierto de tarifas. (FIN/IPS/mv/ff/if/98
