Las acusaciones cruzadas entre autoridades y empresas, así como la improvisación, la negligencia y la burocracia de socorristas, pasaron al primer plano mientras velaban hoy en Argentina a un niño de cinco años que permaneció 33 horas en un pozo de 18 metros de profundidad.
A pesar de que en Argentina ya hubo dos brutales atentados que cobraron la vida de más de un centenar de personas, cada catástrofe reflota el debate sobre la falta de instrumentos y personal idóneo para actuar de manera rápida y eficaz a fin de salvar la vida de los sobrevivientes.
En el ataque a la Embajada de Israel en 1992 hubo anarquía, pero en 1994, cuando voló la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, las autoridades no mostraron haber aprendido la leción.
Pese a la buena voluntad de bomberos y socorristas, hubo que convocar a expertos israelíes para el rescate de víctimas.
En el caso del niño, a la improvisación se sumó la negligencia de una empresa que presuntamente realizó decenas de pozos profundos en una zona de la provincia de Buenos Aires y los abandonó apenas con tapas precarias al fracasar en su intento de encontrar napas de agua potable.
Al volver de la escuela con su madre, Cristian Quiroz cayó el jueves al mediodía en un hoyo apenas oculto por una chapa cuadrada de 40 centímetros de lado, la misma medida del diámetro del pozo ubicado en el límite entre la vereda y un campo sin cercar.
La tragedia, que mantuvo en una angustiante vigilia a los argentinos durante las 33 horas que duró el rescate, ocurrió en una zona rural de la localidad de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires.
Allí se denunció ahora la existencia de al menos 35 pozos más de esas características, realizados para exploración y luego abandonados.
La empresa Topsa, que ganó la licitación para construir los pozos y el tanque de reserva, niega su responsabilidad en el hecho. El dueño de la compañía asegura que los únicos pozos que realizaron fueron debidamente encamisados y sellados.
El empresario sugirió que las otras perforaciones pudieron haber sido hechos por la propia comuna para comprobar si en esas zonas había agua.
El ex jefe comunal de San Nicolás, Eduardo Di Rocco, asumió su parte de responsabilidad por la falta de control durante su gestión, pero recordó que cuando él asumió, hace 10 años, solo 20 por ciento de la población tenía agua corriente y ahora 95 por ciento está provisto de ese servicio.
Los vecinos aseguran que el pozo en el que cayó el niño no es el único que está apenas disimulado por chapas y pastos crecidos, y ahora la justicia investiga quién los realizó y por qué quedaron al descubierto.
Sin embargo, la polémica de este sábado no se limitó a la existencia de los pozos, sino también a la actuación improvisada de los socorristas que trabajaron a destajo pero de manera precaria y lenta.
Se cometieron muchos errores que debieron ser corregidos con más y más horas de trabajo mientras el niño permanecía en la profundidad del hueco.
Con escaso oxígeno a esas alturas, los médicos estiman que el niño, que durante los primeros minutos llamaba a su madre entre sollozos, pudo haber muerto pocas horas después por asfixia, ya que encontraron restos de hierba y barro en la tráquea y en sus pulmones.
El cuerpo fue retirado del pozo sin vida, pero la expectativa que se generó en Argentina en torno del caso era tan grande que lo trasladaron de todos modos a un hospital y le hicieron reanimación durante dos horas hasta resignarse a anunciar oficialmente su muerte.
Los primeros intentos de rescate el jueves fueron caseros. Siete voluntarios, incluido un menor, se introdujeron en el pozo atados con sogas por los pies y sin máscaras de oxígeno.
Nueve horas después de la caída, una empresa privada aportó una trepanadora para hacer un pozo paralelo más amplio. Y allí se formó un improvisado grupo de policías, bomberos, socorristas, operarios de la empresa que aportó las máquinas, médicos y paramédicos, sin conducción.
Debieron pasar 26 horas desde la caída para que los bomberos lograran hacer un túnel que uniera en forma horizontal los dos pozos a la altura en que presuntamente estaba el niño, que no podía ser detectado por una cámara de video introducida inútilmente mediante una sonda.
La cámara no llegaba hasta el fondo, donde estaba la criatura, y se empañaba frecuentemente por la humedad del lugar. Pocas horas antes de llegar hasta el cuerpo del niño, fue reemplazada por otra más fiel, pero ya era tarde.
Un pocero (experto en excavaciones), al ver el caso por televisión, se ofreció como voluntario y tras varias horas de discusión sobre responsabilidades y jurisdicciones el subcomisario de policía a cargo del operativo le permitió el ingreso al hueco paralelo.
Los bomberos se turnaban cada 10 minutos para bajar y excavar asistidos por máscaras de oxígeno para construir el túnel horizontal, pero el pocero permaneció allí durante una hora y 45 minutos sin relevo.
El padre de la víctima dijo que el pocero, que reorientó el túnel a la altura necesaria para dar con Cristian, sacó más cubos de tierra en ese lapso que lo que habían hecho los bomberos en cinco horas.
Pero, pese a las súplicas del padre del niño, el pocero no fue autorizado por el comisario a bajar de nuevo. El comisario argumentó que solo podía responsabilizarse por la vida de bomberos y socorristas autorizados, y no podía arriesgar la de un civil.
La paradoja de dejar afuera de las tareas de rescate al único operario que se mostró eficiente en la labor pudo no ser la causa de la muerte del niño, pero corroboró la falta de capacitación e instrumentos de quienes deberían estar preparados para llevar adelante los salvamentos. (FIN/IPS/mv/mj/ip/98
