Dos militares golpistas intentan en Paraguay y Venezuela llegar al poder por la vía electoral, siguiendo los pasos de Hugo Banzer, que 19 años después de la caída de la dictadura que encabezaba se convirtió en presidente de Bolivia por voto popular.
En Paraguay, el general retirado Lino Oviedo, arrestado hace tres meses y condenado a diez años de cárcel por un tribunal militar extraordinario, mantiene su candidatura a la Presidencia por el Partido Colorado, que domina el país desde 1948 pero está peligrosamente dividido.
Oviedo fue condenado por un intento de golpe de Estado en abril de 1996 contra el presidente Juan Carlos Wasmosy, obviamente uno de sus enemigos entre los colorados.
Pero la Justicia Electoral rechazó el pedido del partido de inscripción de otro aspirante, hasta que la sentencia sea ratificada por la Corte Suprema. Esa decisión frustró la salida pretendida para la crisis por Wasmosy y el presidente del Partido Colorado, Luis María Argaña.
Las elecciones están fijadas para el 10 de mayo y se teme su aplazamiento o anulación. Argentina y Brasil presionan a favor del calendario electoral y de las instituciones, recordando que la ruptura del sistema democrático excluiría automáticamente a Paraguay del Mercado Común del Sur.
Según los oviedistas, confusiones y omisiones de la Constitución y de la legislación electoral permiten que el general, dado de baja del ejército por el mismo tribunal que lo condenó, sea elegido y gobierne el país, pese a la sentencia. Las encuestas lo señalan como favorito al triunfo.
En Venezuela, también ha optado por el camino de las elecciones el comandante Hugo Chávez, que en febrero de 1992 encabezó una rebelión militar contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez.
Chávez, que cursa una maestría en ciencias políticas, es un candidato en ascenso para los comicios de diciembre. En las encuestas ya aparece en segundo lugar, detrás de Irene Sáez, que de Miss Universo pasó a ser centro de un singular fenómeno electoral.
La irrupción de Sáez y Chávez parece cambiar el escenario político venezolano y postergar otra vez a los dos grandes partidos, el socialdemócrata Acción Democrática y el socialcristiano Copei, que ya en 1993 fueron derrotados por Rafael Caldera.
Caldera se separó en las últimas elecciones presidenciales de Copei, el partido que había contribuido a fundar, y Claudio Fermín, que disputa ahora a Chávez el segundo lugar en las encuestas, es disidente de Acción Democrática.
Chávez y Oviedo intentan imitar a Banzer, que condujo una dictadura de 1971 a 1978 y volvió al poder en elecciones libres.
Pero se diferencian del presidente boliviano en que sus tentativas de golpe fracasaron, en el caso de Chávez de modo sangriento, y en el de Oviedo, por presiones diplomáticas y al cabo de una negociación.
Son ejemplos de un "populismo autoritario", y se presentan como "salvadores" ante una población que cada día cree menos en los políticos, señaló Newton Carlos, un comentarista internacional de una red de televisión brasileña que acompaña como periodista la evolución de América Latina desde hace más de 40 años.
La acogida popular que obtienen esas "soluciones de fuerza enfrentadas al Estado" demuestra "la dificultad de la convivencia por largo tiempo entre el neoliberalismo y la democracia", según Carlos.
Mientras el neoliberalismo promueve la concentración de la riqueza, la democracia exige una mejor distribución de los ingresos, argumentó.
El desempleo y la desesperación favorece propuestas "salvacionistas", como las que representan esos militares, concluyó el comentarista brasileño.
América Latina también enfrenta obstáculos para superar definitivamente la herencia de regímenes militares. El general Augusto Pinochet, dictador de Chile entre 1973 y 1990, permanece en escena como senador vitalicio y su presencia divide de modo tajante a la opinión pública.
En Brasil, como en otros países, designar militares para ciertos puestos exige un gran cuidado. El presidente Fernando Henrique Cardoso enfrenta una incómoda situación para conservar como subdirector de Salud del Ejército al general Ricardo Agnese Fayad.
Ese funcionario está acusado de participar como médico en torturas a presos polticos en los años 70. Cardoso resolvió mantener su nombramiento hasta que la justicia se expida acerca de un recurso del general.
Fayad recurrió ante el Poder Judicial la decisión del Consejo Federal de Medicina, tomada en 1994, de excluirlo del registro de médicos por sus oscuros antecedentes. (FIN/IPS/mo/ff/ip/98
