La primera asamblea del Fondo Global del Medio Ambiente (GEF) comenzará este miércoles en la capital de India, mientras activistas de ese país acusan a la agencia de impulsar el desalojo forzado de millones de habitantes de bosques.
El coordinador de asuntos externos del GEF, Hutton Archer, dijo que confía en que la asamblea concentre su atención en la implementación de proyectos que en los conflictos políticos nacionales o internacionales.
Archer sostuvo que India es una sede excelente para la asamblea de tres días, entre el 1 y el 3 de abril, por la rica experiencia del país en proyectos de cooperación de los programas de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Medio Ambiente (PNUMA) y el Banco Mundial.
El GEF es un mecanismo multilateral de financiamiento de proyectos relacionados con el ambiente creado en 1991 y que cuenta con fondos del Banco Mundial.
Pero ambientalistas y organizaciones no gubernamentales afirman que los proyectos del GEF en India han servido para que burócratas se enriquezcan a costas de la población que se supone beneficiada.
El Proyecto de Eco-Desarrollo, por ejemplo, fue creado por el Instituto Indio de Administración Pública (IIPA) con el objetivo de "proteger áreas ecológicamente valiosas de la presión insostenible o inaceptable que surge de las necesidades y actividades de la población circundante".
Los principales ambientalistas de India afirman que el proyecto, dotado de 70 millones de dólares, provocará, de hecho, la expulsión de sus hogares de millones de habitantes de zonas de bosque y elevar la deuda externa del país.
Entre quienes critican el proyecto figura, incluso, el nuevo ministro de Defensa, George Fernandes.
El plan introduce en India el concepto de parques nacionales y enfatiza la "reubicación voluntaria" de habitantes de estas áreas al mismo tiempo que promueve la actividad turística.
El problema básico con esa política de conservación es que concibe las áreas protegidas como silvestres, por lo que se manejarían mejor mediante la reducción de la intervención humana.
Sin embargo, en esas áreas viven millones de personas. El proyecto no toma en cuenta la experiencia de las tribus en el manejo de los bosques, que con frecuencia es mayor a la de los funcionarios del gobierno y del GEF, según los activistas.
Sucesivos gobiernos han sido acusados de no atender las protestas contra el proyecto financiado por el GEF desde que comenzó a implementarse hace dos años.
Representantes tribales del Parque Nacional Nagarhole, en el estado de Karnataka, en el sur, uno de los siete lugares cubiertos por el proyecto, afirman que sus preocupaciones han chocado sin excepción con oídos sordos, tanto en el gobierno como en las oficinas del GEF.
Los otros sitios afectados son Rathambore, en el estado de Rajasthan, Gir, en Gujarat, Pench, en Madhya Pradesh, Buxa, en Bengala Oriental, Periyar, en Kerala, y Palamau, en Bihar.
Los ambientalistas mencionaron también el caso del traslado forzado de la tribu de pastores Van Gujjar del Parque Nacional Rajaji, en el estado de Uttar Pradesh, en el norte.
"La conspicua ausencia de representantes del gobierno" en esos lugares "habla tanto de la indiferencia a los reclamos de las comunidades como de la falta de voluntad para afrontar una polémica en ciernes", dijo Sunita Narain, del no gubernamental Centro para la Ciencia y el Ambiente (CSE).
El gobierno hubiera tenido dificultades para explicar cómo se permitió la instalación de un hotel de gran categoría en Nagarhole mientras se desaloja a las poblaciones locales, dijo Narain.
Antes de la reunión del GEF hubo protestas en otros países por motivos similares. Grace Akumu, de la red Acción Climática de Kenia, informó sobre un proyecto similar en la Reserva de Tana que incluyó el traslado forzoso de la población local de la etnia pokomo.
El GEF, que aporta financiamiento a obras que por su naturaleza no son considerados por agencias bilaterales o multilaterales, programó 1.800 millones de dólares para 440 proyectos.
La agencia también asignó 5.000 millones de dólares a acciones tendientes a reducir el riesgo de cambio climático, conservar la biodiversidad, proteger las aguas internacionales y disminuir el uso de sustancias que dañan la capa de ozono.
Los ambientalistas acusaron a la poderosa burocracia india de ejercer una mezcla de coerción y ahorcamiento para negar cualquier posibilidad de elección a las poblaciones afectadas, a pesar de las protestas.
Los funcionarios ignoraron, incluso, el compromiso a dar participación a la población local asumido por dos ministros de Ambiente del gobierno anterior, que perdió el poder en febrero.
Anil Agarwal, a cargo del CSE, dijo que el proyecto es inviable porque sus 70 millones de dólares se dirigirán apenas a siete áreas protegidas, cuando India posee 521 áreas que podrían calificarse de parque nacional. (FIN/IPS/tra-en/rdr/an/en/98
