La prohibición de exportar desechos tóxicos de países industrializados a naciones en desarrollo, ratificada en 1995, sobrevivió el último intento de disolverla, generando expectativas de que permanezca intacta por unos años más.
Alrededor de 100 países, reunidos en Kuching, ciudad del este de Malasia, acordaron trabar cualquier discusión que tienda a enmendar la prohibición sobre el comercio de desechos tóxicos hasta que esté implementada por completo.
El resultado de la reunión, celebrada entre el 23 y el 27 de febrero, "es una victoria para todos, excepto un pequeño grupo de saboteadores", afirmó una declaración de los grupos defensores del medio ambiente Greenpeace y Basel Action Netork (BAN).
Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda fueron acusados de llegar a la reunión de Malasia con "mala fe".
BAN dijo que, si el no a la enmienda presentada este año a la cuarta conferencia de las partes de la Convención de Basilea se mantiene en los próximos años, la prohibición a las exportaciones de basura peligrosa "posiblemente permanezca inalterada al menos por siete años".
Las estimaciones están basadas en que llevaría entre cuatro y cinco años implementar la prohibición por completo, algo más de tiempo para su adopción formal y el desarrollo de criterios para forzar la prohibición.
El presidente de la conferencia, Rosnani Ibrahim, de Malasia, quien el 27 de febrero anunció un consenso de último minuto para rechazar cualquier cambio a la prohibición, dijo que es importante reconocer que "no estaríamos donde ahora estamos sin la prohibición no hubiera sido adoptada (en 1995)".
La medida acordada ese año por países integrantes de la Convención de Basilea suscripta en 1985, prohibía las exportaciones de desechos tóxicos de países industrializados a países en desarrollo a partir del 1 de enero de 1998.
Pero aún no entró por completo en vigor, ya que sólo 16 países la ratificaron. Se requieren 48 nuevas ratificaciones para que la prohibición se convierta en ley internacional.
Antes de su implementación, algunos países industrializados y en desarrollo pretenden cambios que permitirían a las naciones no industrializadas aceptar exportaciones de desechos de los países ricos para procesarlos o recuperarlos a cambio de una ganancia.
La prohibición de 1995, tal como está redactada, impide exportaciones de países miembros de la OCDE a no miembros, dado que más de 400 millones de toneladas de desechos generadas actualmente provienen del mundo desarrollado.
Países como Eslovenia e Israel propusieron la semana pasada que países en desarrollo se sumen a la lista de miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y continúen procesando desechos peligrosos.
Grupos ambientalistas han documentado casos de millones de toneladas de basura tóxica, incluyendo químicos peligrosos, exportados de Estados Unidos, Canadá, Australia, Holanda y Alemania a India, Brasil, Bangladesh, Filipinas, China y Europa oriental.
Los críticos alegan que una expansión de la lista de la OCDE permitiría a los países industrializados presionar a las naciones en desarrollo para revivir transacciones de desechos por ganancias, a pesar del altísimo costo ambiental y para la salud humana.
Aunque no tomó decisiones sobre nuevos países a ser agregados a la lista de miembros de la OCDE, la conferencia de Kuching acordó un compromiso para "estudiar las implicancias" de la lista.
La reunión de Kuching también adoptó una lista especificando cuales son desechos peligrosos y otra de basura no tóxica, lo que implica que ahora hay anexos de cumplimiento obligatorio a la Convención de Basilea. Canadá, Nueva Zelanda y Australia adoptaron la decisión de la reunión de Kuching con reservas. (FIN/IPS/tra-en/js-an/lp/en dv/98
