Habitantes, autoridades, empresarios turísticos y ambientalistas de la provincia de Galápagos declararon un día de luto por los ecosistemas de este archipiélago de Ecuador, amenazados por las actividades pesqueras.
En lo que denominaron "lunes negro" para el ambiente, los pobladores de las Galápagos vistieron el día 2 ropas oscuras para recorrer las calles de las islas más pobladas, como San Cristóbal y Santa Isabel.
En los edificios públicos "se izaron las banderas a media asta en señal de dolor", dijo Alfredo Serrano, diputado por esta provincia y uno de los principales promotores de la Ley de Régimen Especial para la conservación del archipiélago.
Los impulsores de esta protesta pretenden que el Congreso unicameral ecuatoriano apruebe la ley para Galápagos sin aceptar una enmienda planteada por el presidente interino Fabián Alarcón, que permite la pesca industrial en regiones consideradas fundamentales para mantener el equilibrio ambiental.
El presidente, "en su afán de quedar bien con todos los sectores, terminó por sacrificar los ecosistemas, ante la presión de los industriales pesqueros" de la provincia costera de Manabí, apuntó Serrano.
Pero "la última palabra la tiene el parlamento, que deberá actuar de acuerdo con los intereses de la población y del mundo entero", ya que las islas Galápagos "pertenecen a toda la humanidad", agregó el legislador.
La polémica Ley de Régimen Especial fue aprobada por el parlamento en enero tras cuatro meses de discusión y luego entregada al Poder Ejecutivo para su análisis.
Entre los aspectos más polémicos de la ley figura la ampliación de la reserva marina de 15 a 40 millas náuticas alrededor del archipiélago. Las reservas marinas son zonas donde está prohibida la pesca industrial, de acuerdo con las leyes ecuatorianas de protección ambiental.
La Asociación de Atuneros del Ecuador (Atunec) y otras organizaciones de pescadores presionaron al gobierno de Alarcón, quien decidió entonces incluir un artículo en la ley por el cual se permite la pesca industrial a cinco millas "al oeste, sur y sudeste del archipiélago".
El parlamento deberá resolver ahora si acepta o no al veto parcial del Poder Ejecutivo. Simón Bustamante, diputado de provincia pesquera de Manabí, dijo que "la resolución del presidente protege a más de 200.000 familias que viven de la actividad pesquera".
Bustamante afirmó que hace 50 años existe pesca industrial en Galápagos "y hasta ahora no se ha comprobado" que esa actividad "afecte el ecosistema de las islas de manera directa".
Pero grupos ambientalistas que participaron en la elaboración de la ley, como la Fundación Natura de Ecuador y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), entienden que las 40 millas de protección son necesarias para preservar especies terrestres y marinas únicas en su tipo que viven en el archipiélago.
Focas, lobos marinos, tiburones y tortugas "recogen su alimento en el fondo del mar recorriendo grandes distancias, que cada vez son mayores por la pesca", apuntó Teodoro Bustamante, director de la Fundación Natura.
Galápagos es una de las 21 provincias de Ecuador y se encuentra a 1.000 kilómetros del territorio continental. Su amplia y única biodiversidad es considerada por especialistas como el museo viviente más grande y completo del mundo.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró a la Galápagos patrimonio natural de la humanidad en 1979.
El archipiélago es también el mayor centro turístico de Ecuador. Sesenta por ciento de los ingresos que el estado obtiene por las actividades turísticas proceden de Galápagos.
Por esta razón, el crecimiento de la población de Galápagos es el mayor entre las provincias del país, pues cientos de familias deciden radicarse allí en procura de un mejor nivel de vida.
En las Galápagos, los salarios son hasta 70 por ciento más elevados que en cualquier otra región de Ecuador, según diversos estudios oficiales y de organizaciones no gubernamentales.
La UNESCO advirtió en 1996 los peligros que atentan contra la biodiversidad de las islas, como la pesca industrial, la elevada migración y la introducción de especies no endémicas (ganado vacuno, cerdos, animales domésticos y ratas).
La organización internacional exigió a las autoridades ecuatorianas la adopción de medidas urgentes y alertó que, en caso contrario, incluiría al archipiélago en su lista de "patrimonios en peligro de extinción".
Como respuesta a la UNESCO, el gobierno de Ecuador creó una comisión especial para elaborar la ley, en la que participaron representantes gubernamentales, empresariales, líderes sociales, organizaciones ambientalistas y expertos.
"Parece que todos los consensos y los esfuerzos no han servido de nada", pues al final "los intereses políticos y económicos son los que definirán el futuro de las Galápagos", se lamentó. (FIN/IPS/mg/mj/en dv/98
