El gobierno de Panamá calificó como otro error de la política exterior del gobierno estadounidense un reciente informe sobre derechos humanos que acusa al sistema judicial panameño de corrupto y permeable a presiones políticas.
El presidente de Panamá, Ernesto Pérez Balladares, rechazó por improcedentes las acusaciones de Washington, en declaraciones emitidas desde Egipto, donde se encuentra de visita desde el martes. En el mismo sentido se pronunció el canciller Ricardo Alberto Arias.
Un informe sobre derechos humanos en el mundo divulgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, indicó que en Panamá la policía comete abusos contra la población civil y que el sistema judicial "está sujeto a corrupción y manipulación política".
El informe fue emitido pocos días después que el gobierno de Panamá se negara a firmar un "acuerdo en principio" pactado a fines de diciembre con Washington para la constitución del Centro Multilateral Antidrogas (CMA) en el área del canal.
Ambos gobiernos están en desacuerdo sobre el momento en que se debe negociar con otros países de la región interesados en participar en el CMA y los alcances de la presencia militar estadounidense.
Pérez Balladares indicó desde Egipto que el informe de Estados Unidos es inaceptable para su gobierno y que el mismo "es otro de los múltiples errores de política exterior norteamericana".
Tras señalar que Estados Unidos "pasa de la intención de defensa de los derechos humanos a emitir calificaciones sobre los demás países", el presidente panameño dijo que Washington "no toma en cuenta las violaciones de los derechos humanos" que se producen dentro de sus fronteras.
"O es que ya se olvidaron de las discriminaciones que aún se dan en contra de los negros y latinos", precisó.
La respuesta de Pérez Balladares marca la primera discrepancia de envergadura entre Panamá y Estados Unidos desde su llegada a la presidencia el 1 de septiembre de 1994.
Entre tanto, Arias advirtió que Estados Unidos no puede convertirse en gendarme del mundo sobre los derechos humanos, ya que a nivel internacional existen otros organismos que "son verdaderos vigilantes de este tema y tienen autoridad moral para hacer señalamientos".
El canciller panameño recordó que para la vigilancia de los derechos humanos existen organismos internacionales a los que pertenecen Panamá y Estados Unidos, "los únicos facultados" para emitir ese tipo de opinión.
Sin embargo, el Defensor del Pueblo, Italo Antinori, indicó que las opiniones emitidas por Washington sobre la administración de justicia y los derechos humanos en Panamá "son un fiel reflejo de la realidad".
Además de criticar la mora judicial que ha provocado el actual hacinamiento en las carceles del país, así como el mal trato a los presos, Antinori avaló el informe del Departamento de Estado sobre la violación de los derechos económicos y sociales en Panamá.
El Defensor del Pueblo advirtió que "la pobreza se hace cada vez más notoria y la brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor".
Cerca de la mitad de los 2,6 millones de habitantes de Panamá se encuentran por debajo de la línea de pobreza y 27 por ciento viven en la extrema pobreza.
En medio de esta polémica, otro informe sobre derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica señaló que en Panamá "se violan constantemente las garantías fundamentales por parte de las mismas autoridades que están llamadas a proteger la vida, honra y bienes de los asociados".
Entre otras cosas, la Comisión de Justicia y Paz afirmó que la mayor parte de las violaciones de los derechos humanos ocurren por una excesiva lentitud de los procesos penales, una tímida aplicación de medidas alternas e "irrespeto al principio de presunción de inocencia o la aplicación de tratos crueles".
Esto ha provocado un inusual aumento en el número de presos por delitos comunes, que pasaron de 3.477 en marzo de 1991 a 7.822 en junio de 1997, creando "un hacinamiento alarmante en las cárceles del país", subrayó el informe.
En materia de derechos económicos y sociales, el informe de la Iglesia Católica precisó que pese a que la economía creció 2,5 por ciento en 1996 y 3,6 por ciento en 1997, "sus efectos en cuanto a mejoramiento de la calidad de vida de la población fueron prácticamente nulos". (FIN/IPS/sh/ag/ip-hd/98
