Febrero será recordado en Ecuador como un mes de triunfo para los derechos humanos, pues el Estado ecuatoriano asumió responsabilidades en los casos más polémicos de desaparecidos, tras una década de pleitos judiciales.
El procurador general del Estado, Milton Alava, reconoció en menos de una semana la existencia de dos crímenes de Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington.
El primer pronunciamiento oficial se produjo el día 21. Se trata del caso de la profesora Consuelo Benavides, muerta en 1985 tras haber sido torturada por un grupo de marinos encabezado por el capitán Fausto Morales, quien se encuentra prófugo.
Benavides habría sido asesinada por su presunta vinculación al grupo guerrillero Alfaro Vive, que tuvo su mayor actividad durante el gobierno derechista de León Febres Cordero (1984-88). Su cuerpo fue hallado en un pueblo cercano a la ciudad costera de Esmeraldas, donde vivía, 318 kilómetros al noroeste de Quito.
El Estado ecuatoriano asumió la responsabilidad del crimen y firmó un acuerdo con los familiares de la víctima, comprometiéndose a pagar un millón de dólares por daños y perjuicios.
"Esperamos que en un plazo no mayor a 90 días los padres de Consuelo reciban la indemnización del Estado", dijo Alfonso Benavides, representante legal de la familia.
El segundo caso es el de los hermanos Restrepo Arismendi, que desaparecieron el 8 de enero de 1988. El día 25, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad en el caso, comprometiéndose también a indemnizar a los familiares.
Santiago y Pedro Andrés Restrepo, de 14 y 17 años respectivamente, fueron detenidos, torturados y asesinados por miembros del desaparecido Servicio de Investigación Criminal, según la justicia ecuatoriana, que dictó una sentencia 1994.
Los responsables del crimen, Guillermo Llerena y Víctor Badillo, quienes cumplen una condena de 16 años de prisión, declararon que la detención de los hermanos Restrepo habría sido un error policial, pues fueron confundidos con miembros de Alfaro Vive.
Los padres de Benavides exigieron el reconocimiento de las autoridades de la existencia de un crimen de Estado y el pago de una indemnización. Para ello entablaron ocho procesos judiciales en Ecuador y, agotados todos los recursos legales, presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión dio lugar a la demanda y lo remitió a la Corte Interamericana de Justicia, con sede en San José de Costa Rica.
La Comisión Interamericana recibe demandas particulares, provenientes de todos los países que suscribieron la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y actúa contra los Estados, una vez que se hayan agotado todos los recursos legales internos.
"La intervención de la Comisión Interamericana fue definitiva para lograr una reacción del Estado ecuatoriano», dijo a IPS Pedro Restrepo, padre de los jóvenes desaparecidos, de nacionalidad colombiana.
La resolución del procurador fue entregada a la Comisión Interamericana, como respuesta a la denuncia presentada dos días antes por Pedro Restrepo.
Desde que la justicia ecuatoriana dictó la sentencia en 1994 contra los policías involucrados, "tuvimos que seguir otros procesos por daños y perjuicios, que hasta ahora no tienen respuesta", afirmó.
"Ninguna vida humana tiene precio, pero hay momentos en los cuales, debido a los procesos judiciales como los que están en trámite en la Corte Interamericana, el Estado debe asumir su responsabilidad, tanto ante el país como ante la comunidad internacional", consideró el procurador general.
Restrepo considera que no se puede hablar de triunfo en el caso de sus hijos ni en el de Benavides, pues "aún falta el esclarecimiento de muchas muertes y librar muchas batallas en las cortes nacionales e internacionales". (FIN/IPS/mg/ag/hd/98
