El informe del Departamento de Estado estadounidense sobre la situación de los derechos humanos en Perú reabrió una discusión en este país sobre un tema que unos consideran consecuencia de la estructura política y otros un rezago de los procedimientos contrainsurgentes.
Algunos términos incluidos en el informe son especialmente duros, como el que señala la existencia de una "cultura de la brutalidad y la tortura", basados en referencias explícitas a hechos que involucraron a altos oficiales del Ejército.
El caso más claro es el de Leonor La Rosa, una ex agente del Servicio de Inteligencia actualmente semiinválida como consecuencia de la tortura sufrida cuando era interrogada por el presunto delito de infidencia.
La Rosa está a punto de viajar a México, tras serle concedido asilo, y tres de los cuatro oficiales que la torturaron han sido condenados a 12 años de reclusión en dependencias militares.
El informe del Departamento de Estado no parece haber conmovido especialmente a la opinión publica peruana, cuya atención está focalizado en este momento en las calamidades producidas por el fenomeno del Niño, pero impactó en los medios políticos locales.
Las organizaciones no gubernamentales que se ocupan del tema de los derechos humanos y la mayoría de los dirigentes políticos de oposición aplaudieron el informe y aseguran que su apreciación es objetiva.
"La violación de derechos humanos en Perú no responde únicamente al estilo autoritario del presidente Alberto Fujimori, sino que es característica propia de un régimen que reemplaza el partido, que no tiene, por el apoyo político de la cúpula militar", dijo el diputado izquierdista Javier Diez Canseco.
"En base al respaldo militar se ha creado un gobierno sin partido y sin independencia de poderes, basado en el control del Congreso y los aparatos Judicial y Electoral, entidades sin cuya autonomía no puede haber democracia", precisó Diez Canseco.
"El informe expresa nuestra realidad política", manifestó el congresista Ernesto Gamarra, del Frente Independiente Moralizador (FIM). "Es alarmante la falta de control de las autoridades del gobierno central y del Poder Judicial sobre los abusos que cometen las Fuerzas Armadas y policiales".
En tanto, la parlamentaria oficialista Carmen Lozada, descalificó el informe, con el argumento de que el gobierno de Estados Unidos no tiene derecho de intervenir en los asuntos internos de otros países.
"Es como si el Congreso peruano se manifestara en torno de los acosos sexuales de los que está siendo investigado el presidente Bill Clinton", sentenció.
Lozada dijo que sería lamentable que el informe comprometa la cooperación de Estados Unidos con Perú, pero aseguró que esto "es lo que buscan congresistas como Diez Canseco, quien antes pidió a Washington que suspenda a Perú las preferencias arancelarias".
La Comisión Andina de Juristas expresó en su informe sobre la situación de la democracia en la región en 1997 que uno de los obstáculos por vencer en Perú es la subsistencia de las posiciones autoritarias de las Fuerzas Armadas, y destacó la falta de independencia de los magistrados del Poder Judicial.
En materia de institucionalidad democrática, la Comisión criticó la destitución de tres miembros del Tribunal Constitucional de Perú, lo que según fuentes opositoras se hizo para impedir que dicho organismo cierre el paso a la ilegal reelección por segunda vez consecutiva de Fujimori.
Hasta el momento, ningún miembro del gobierno ha respondido directamente al informe del Departamento de Estado estadounidense, aunque el ministro de Justicia, Alfredo Quispe, negó que la tortura sea un procedimiento sistemático en Perú.
El gobierno "hizo aprobar recientemente una ley que tipifica la tortura como un crimen contra la humanidad y lo sanciona con severas penas", recordó Quispe y añadió que "esa ley corrige una omisión antigua en el Código Penal peruano, que sólo la consideraba abuso de autoridad agravado con lesiones".
Según el presidente de la Comisión parlamentaria contra el abuso de autoridad, el oficialista Daniel Espichan, "las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional intensificarán una campaña de orientación de su personal para evitar que incurran en torturas o abusos de autoridad".
Espichan aseguró que la iniciativa no es consecuencia del informe del Departamento de Estado estadounidense, pues esa campaña dentro de las Fuerzas Armadas estaba programada desde el año pasado. (FIN/IPS/al/ag/ip-hd/98
