Acusaciones contra el gobierno de Perú sobre presuntas esterilizaciones forzadas y masivas formuladas en el país son ahora investigadas por organizaciones de defensa de los derechos humanos del exterior.
El plan de población instrumentado por el presidente Alberto Fujimori generó una fuerte polémica desde su puesta en marcha. Las opiniones se dividen entre quienes creen que el Estado tiene derecho a imponer el control demográfico y los que consideran que con ello se violan derechos básicos.
Joseph Rees, asesor principal de la subcomisión de Operaciones Internacionales y Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos, encabezó una delegación que a fines de enero investigó en forma reservada durante 10 días diversas denuncias.
"La esterlización que se hace en Perú asusta, parece una guerra contra las mujeres pobres. Hay que acabar con la pobreza, no con los pobres", dijo Daniel Ziedler, uno de los miembros de la delegación y funcionario de la oficina de la Alianza Latinoamericana para la Familia, en Washington.
En declaraciones al matutino El Sol, Ziedler afirmó que "el gobierno peruano desarrolla su política de población como una guerra contra las mujeres pobres".
Ziedler informó que recibieron denuncias de mujeres amenazadas con el corte de ayuda alimentaria si no permitían que se les efectuara la esterilización.
También comprobó la muerte de dos mujeres en Piura, en la costa norte, por las secuelas de las intervenciones quirúrgicas.
Ziedler dijo que la comisión dará a conocer próximamente en Washington los resultados de la investigación y anticipó que se pedirá al Congreso de su país que presione al gobierno de Perú, con la amenaza de reducción de la cooperación económica, si mantiene el programa.
Esta acusación se contrapone con el éxito alcanzado por Fujimori en noviembre de 1997, cuando fuera felicitado por varios organismos internacionales por haber reducido la tasa de natalidad de 3,2 a 1,17 por ciento anual.
Luego de recibidas las felicitaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas y del Banco Mundial, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Pandolfi, anunció que en 1997 se había alcanzado la meta de 130.000 esterilizaciones quirúrgicas, cifra que se mantendría este año.
La Iglesia Católica reaccionó ante las declaraciones de Pandolfi a través de las organizaciones políticas y comunales sobre las que tiene influencia, que comenzaron una intensa campaña contra el programa.
El diputado independiente Rafael Rey, vinculado al movimiento conservador católico Opus Dei, denunció que en las zonas rurales y barriadas se exige a los médicos del sistema estatal de salud que cumplan con una cuota mínimas de ligaduras de trompas al mes.
Aseguró tener pruebas de que los procedimientos quirúrgicos de esterilización en el área rural han causado la muerte de varias mujeres y ocasionado diversas dolencias a otras.
Los miembros de las organizaciones católicas conservadoras condenan el uso de dispositivos intrauterinos para evitar la fecundación, que califican como abortantes, y objetan inclusive la idea de la planificación familiar.
Rey, quien tampoco acepta el empleo de preservativos "pues el riesgo del sida se combate con fidelidad en el matrimonio y castidad de los solteros", sostiene que "los gobiernos no deben controlar la natalidad, porque la población no es un problema sino una riqueza".
Según los promotores de la campaña, "a mayor volumen de población más posibilidades de desarrollo económico".
Esa tesis se contrapone a los criterios del gobierno y a las pautas del FNUAP, que consideran que el volumen de población en un país debe ser proporcional a la capacidad de su territorio de generar alimentación suficiente.
La prédica oficial en este país sobre una paternidad responsable ("tener sólo los hijos que puedes mantener") ha ganado terreno y, según una encuesta efectuada por el instituto independiente Apoyo en enero, 85 por ciento de los entrevistados respalda el programa .
La encuesta reveló también que 89 por ciento prefiere el uso de preservativos (algunos por razones de prevención contra el sida), 56 por ciento admite la ligadura de trompas y 49 por ciento acepta la vasectomía.
La campaña fuera del país de los opositores al programa de población se centra en las presuntas violaciones a los derechos humanos implícita en los métodos, y en el relativo descrédito del gobierno de Fujimori.
Fujimori es calificado por la oposición de autoritario y su régimen es considerado un cogobierno con la cúpula militar. Ha recibido duras críticas por los excesos cometidos en la represión antiinsurgente y por crímenes atribuidos a sus servicios de inteligencia.
Hasta el momento no hubo ninguna respuesta oficial a las críticas contra las esterilizaciones, salvo la afirmación de que son realizadas a mujeres que las aceptan voluntariamente.
El viceministro de Salud, Alejandro Aguinaga, dijo que "se mantendrá la meta de esterilizaciones quirúrgicas y que este año se dará mayor énfasis a las vasectomías". (FIN/IPS/al/dm-dg/hd-ip/98
