Con la expulsión de extranjeros del estado de Chiapas, el gobierno de México cosechó acusaciones de xenofobia, reacciones de preocupación en otros países, intervención de grupos humanitarios y el respaldo de campesinos contrarios a la guerrilla y un sector de Iglesia Católica.
¿Porqué ahora se vuelve tan incómoda para el gobierno la presencia de extranjeros en Chiapas?, se preguntan organizaciones sociales, intelectuales y partidos políticos de oposición, mientras el conflicto del estado sureño parece agudizarse cada vez más.
En las dos últimas semanas, el gobierno expulsó de Chiapas a cuatro extranjeros con el argumento que realizaban actividades políticas. El último fue el sacerdote francés Jean Chanteau, quien trabajó más de 30 años con grupos indígenas.
Francia lamentó este viernes , a través del vocero de la cancillería Yves Doutriaux, la expulsión del religioso, que, agregó, sólo realizaba labores humanitarias.
El gobierno de Estados Unidos manifestó la semana pasada su preocupación pues un representante del Cuerpo de Paz fue expulsado de Chiapas por autoridades migratorias, luego de haber recibido amenazas.
"Dadas las expulsiones y los comentarios del discurso oficial, podemos concluir que en México hay ahora una campaña contra los extranjeros que merece una investigación", dijo Joel Solom, portavoz del grupo Human Rights Watch.
Para la Conferencia del Episcopado México, la deportación de Chanteau, quien desde Francia declaró que el gobierno del presidente Ernesto Zedillo quiere usar la fuerza para solucionar el conflicto con la guerrilla, fue inoportuna y preocupante, pues dificulta aún más el proceso de paz.
Desde que el gobierno rechazó en 1996 el contenido de un proyecto de ley preparado por mediadores del Congreso, que recogía un acuerdo de derechos y cultura indígena firmado con la guerrilla zapatista, el diálogo de paz se encuentra en suspenso.
A la sombra de los intentos por retomar las negociaciones, la militarización, violencia y los enfrentamientos entre campesinos crecen en la zona. Para algunos analistas, el gobierno estaría apostando al desgaste político de la guerrilla y al desmembramiento de sus bases sociales.
En el marco de su última ofensiva política contra el grupo armado, al que acusa de rehuir al diálogo, y luego de la matanza de 45 indígenas a manos de un grupo paramilitar en diciembre, el gobierno mantiene una exhaustiva investigación de todo extranjero que viaja a Chiapas.
Su estrategia recibió este viernes el respaldo de unos 4.000 campesinos que marcharon por calles de la ciudad de San Cristóbal, la tercera del estado sureño.
Campesinos identificados por el gobernante Partido Revolucionario Institucional manifestaron su beneplácito por las expulsiones, respaldaron la masiva presencia de militares en Chiapas y reclamaron la renuncia del Samuel Ruiz, considerado por sectores conservadores como un "obispo rojo".
Los manifestantes pidieron además la liberación de varios indígenas acusados de participar en la matanza de diciembre e integrar bandas paramilitares contrarias a la guerrilla.
Miles de extranjeros, en especial estadounidenses y europeos, visitaron Chiapas los últimos años, atraídos por la causa de los zapatistas, el carisma del subcomandante Marcos, la pobreza de la zona y las divisiones sociales entre nativos y mestizos.
Algunos llegaron para cumplir actividades humanitarias, pastorales o asistenciales, mientras otros realizaron recorridos turísticos, asistieron a algunas de las reuniones internacionales que organizó la guerrilla o convivieron y apoyaron a los indígenas.
"El clima xenófobo que ha desatado la Secretaría (ministerio) de Gobernación (Interior) ha cobrado ya muchas víctimas", , reza un comunicado publicado este sábado por grupos humanitarios y líderes sociales.
Pero "el autoritarismo y la intolerancia se encontrarán siempre con el enérgico repudio de los mexicanos honestos", agregaron.
"Hemos sido testigos de una campaña abiertamente contraria a los extranjeros, tal parece que se había preparado un ambiente propicio para realizar actos contra quienes han estado trabajando generosamente con las comunidades de Chiapas", declaró, por su parte, la orden católica de los jesuitas.
Dueños de hoteles de la ciudad de San Cristobal protestaron los últimos días contra las autoridades, pues con el "acoso a los extranjeros" estaría disminuyendo el turismo.
El analista Luis Pazos, conocido por sus posturas conservadoras, sostuvo que la guerrilla zapatista está dirigida por mestizos y extranjeros y no tiene ninguna vinculación con los indígenas. "El gobierno hace bien en expulsar a todos los izquierdistas extranjeros", expresó. (FIN/IPS/dc/mj/ip hd/98
