Unos 270 militantes del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) de México fueron asesinados en los últimos tres años. Y como los casos de un candidato presidencial y de un alto dirigente oficialistas, esos crímenes permanecen en la impunidad.
"Poco ha cambiado con el gobierno de Ernesto Zedillo, los miembros del PRD siguen expuestos a las amenazas y peligros de una lucha política a sangre y fuego", dijo a IPS Isabel Molina, presidenta la Fundación Ovando y Gil, creada para apoyar a los familiares de los asesinados.
Este lunes fue muerto a tiros Alejandro Reyes, dirigente de la Unión de Taxistas Democráticos del estado sureño de Guerrero y miembro del centroizquierdista PRD, tercera fuerza política mexicana.
"El crimen de nuestro compañero tiene sin duda tintes políticos", aseguró Silverio Díaz, portavoz del sindicato.
"El PRD sigue padeciendo un fenómeno que podría ser calificado como persecución jurídico- política y amenazas criminales", sostiene la Secretaría de Derechos Humanos de esa fuerza política.
Durante el gobierno de Carlos Salinas (1988-94) fueron asesinados más de 300 militantes del PRD, en su mayoría dirigentes de organizaciones de base o activistas de comunidades indígenas y barrios marginales.
"A pesar que se han concretado algunas detenciones, para el PRD, 95 por ciento de los casos sigue sin aclararse mientras no se descubra y detenga a los autores intelectuales", dijo Molina.
Los primeros asesinatos de militantes se reportaron en 1988, cuando esa fuerza comenzaba a formarse. En ese año fueron asesinados Javier Obando y Ramón Gil, colaboradores cercanos del líder del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, hoy gobernador de la capital.
Como sucedió en 1994 con los asesinatos del candidato presidencial del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Colosio, y de su secretario general, José Ruiz Massieu, el gobierno abrió investigaciones especiales en los casos de los miembros del PRD y prometió pronto esclareciemiento.
Sin embargo, ninguno de estos casos ha sido resuelto.
En los últimos nueve años, 570 militantes del PRD fueron asesinados en diversas circunstancias, según la Secretaría de Derechos Humanos de esa fuerza política.
"Es una cifra enorme para un país que no tiene declarado un estado de sitio, con una Comisión Nacional de Derechos Humanos y con la visión gubernamental de respeto de garantías individuales", apunta el PRD.
Según la Fundación Ovando y Gil, los estados mexicanos donde mayor peligro enfrentan los miembros de la oposición son Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán, de fuerte presencia indígena y campesina.
El gobierno mexicano atribuyó las muertes en más de una ocasión a peleas entre campesinos y disputas personales. En otros casos, los asesinados fueron previamente acusados colaborar con grupos guerrilleros.
El gobierno de Zedillo debe aclarar todos los crímenes, muchos de los cuales fueron cometidos por miembros o simpatizantes del PRI, dijo Manuel López, dirigente del PRD.
Los asesinatos son una expresión más de la difícil transición política que vive México, luego de 69 años de gobiernos del PRI, según observadores locales.
El PRD, formado por ex comunistas, socialistas, socialdemócratas y ex miembros del PRI, y el conservador Partido Acción Nacional, gobiernan hoy en varios estados del país y juntos cuentan con mayoría en el Congreso federal desde septiembre de 1997.
Los analistas consideran probable que en el año 2000, cuando concluye el mandato de Zedillo, los mexicanos elijan a un presidente ajeno al PRI. (FIN/IPS/dc/ag/ip/98
