La paz se aleja del estado mexicano de Chiapas. A la xenofobia, violencia y militarización, se añadieron las posiciones "irrenunciables" del gobierno, el "todo o nada" de la guerrilla zapatista y el descrédito de los mediadores.
La promesas de paz y el mea culpa del gobierno por los problemas de Chiapas, el cambio de funcionarios, las presiones internacionales y las innumerables reuniones entre autoridades y mediadores no tienen ningún efecto. Por el contrario, los problemas se agudizan.
Según denuncian grupos humanitarios, las fuerzas paramilitares se multiplican, los soldados incursionan en zonas de la guerrilla con actitud provocativa y los campesinos pro zapatistas son amenazados.
En cualquier momento se repetirá un caso como el de Acteal, comunidad de Chiapas donde fueron asesinados en diciembre 45 indígenas, en su mayoría niños y mujeres, advierten los grupos humanitarios.
Bajo la mirada de 200 obervadores internacionales, que visitan esta semana las zonas de conflicto en un marcado clima antiextranjero, el conflicto vive ahora uno de sus momentos de mayor tensión.
En las últimas dos semanas el gobierno expulsó a tres extranjeros de Chiapas. El último fue un pastor estadounidense acusado de realizar actividades políticas.
No hay cacería de brujas, sólo aplicación de la ley, sostiene el gobierno, empeñado en investigar a todo extranjero que llegue a Chiapas.
Grupos campesinos vinculados al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) declararon personas no gratas a los observadores recién llegados y exigieron su expulsión.
Mientras tanto, militares y agentes de migración detuvieron varias veces y por largos períodos a los visitantes para revisar sus documentos.
El líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), subcomandante Marcos, indicó al grupo de extranjeros que integran la Comisión Civil Internacional de Observación para los Derechos Humanos que no podrá recibirlos, pues el lugar se encuentra plagado de militares y su seguridad corre peligro.
En sus primeros contactos con los pobladores de Chiapas, los observadores, que tienen permiso para realizar sus tareas durante 10 días, escucharon dramáticos relatos sobre la violencia que reina en las comunidades del estado sureño.
"Nos matan sólo por no querer pertenecer al PRI", dijo Vicente Jiménez, un campesino que quedó viudo luego de la matanza de Acteal.
En Chiapas sólo hay un guerra "de tinta e Internet", aseguró en 1996 un funcionario del gobierno mexicano.
Dos años después, y luego de cosechar decenas de muertos, el escenario de tensión es más real que nunca, la pobreza lacera y la guerra abierta parece cercana, sostiene el grupo humanitario de la orden los jesuitas Agustín Pro Juárez.
El ejército rodea pueblos enteros, efectúa cateos, detiene a dirigentes campesinos, golpea, interroga, secuestra, viola y tortura a los indígenas, afirma.
En Chiapas hay ahora por lo menos 40.000 soldados. El gobierno sólo espera ganar tiempo para preparar "un nuevo montaje, quizá el último", señaló el grupo.
No se usará la fuerza contra la guerrilla, dijo por enésima vez este jueves el presidente Ernesto Zedillo, quien reconoce no estar convencido que el EZLN quiera realmente la paz. Las conversaciones de pacificación están suspendidas desde 1996.
El gobierno pidió a la guerrilla volver a la negociación para discutir el tema de derechos y cultura indígena, sobre el que ya existe un acuerdo firmado. A cambio ofreció reposicionar al ejército.
No hay nada que discutir sobre el asunto, el EZLN sólo quiere que se respete lo suscrito, fue la contestación que recibió.
"Ni una palabra, ni una coma, ni un punto, ni una letra vamos a aceptar que le cambien (al proyecto de ley que recoge el contenido del acuerdo). Es todo o nada", dijo el guerrillero Ezequiel.
A pesar de haber firmado el acuerdo, en febrero de 1996, el gobierno de Zedillo sostiene que la ley que lo recoge -con total fidelidad, según afirman los diputados que la redactaron- pone en peligro la unidad del país, pues otorga excesivos derechos de autonomía a las etnias.
El gobierno tiene cuatro observaciones "irrenunciables" al proyecto, indicaron portavoces oficiales.
Mientras intentan lograr el acercaminto entre las partes, los mediadores del Congreso y de la Comisión Nacional de Intermediación, que preside el obispo Samuel Ruiz, son acusados por funcionarios, empresarios y diputados oficialistas de actuar con parcialidad.
Miembros de las dos comisiones sostienen que el gobierno de Zedillo maneja un doble lenjuage: habla de paz y permite que en Chiapas aumente la violencia.
Para este conflicto ya es necesaria una mediación internacional, opinan algunos observadores locales. El gobierno sostiene que jamás aceptará tal estrategia, ya que piensa que es un problema exclusivamente de mexicanos. (FIN/IPS/dc/dg/ip/98)
