El gobierno de México celebró hoy el 81 aniversario de la Constitución nacional, una ley suprema que coronó el proceso revolucionario de la segunda década de este siglo. Reformada hasta parecer otra, la norma se encamina hoy a una nueva etapa de cambios.
Repitiendo el ritual de cada 5 de febrero, el presidente Ernesto Zedillo y la mayoría de los funcionarios del estado participaron de una reunión solemne en que se alabó el contenido de la ley fundamental y se reiteró la necesidad de modernizarla y respetarla.
"Los mexicanos no tememos los cambios", y la Constitución debe reformarse nuevamente, para asegurar el progreso, la gobernabilidad y la democracia, dijo el secretario (ministro) de Gobernación (Interior), Francisco Labastida.
La Constitución fue modificada más de una vez por vez en los últimos 15 años, siempre con la venia del gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI), que hasta mediados de 1997 y por 68 años consecutivos mantuvo la mayoría absoluta en el Congreso Federal.
Actualmente, sólo 33 de sus 136 artículos conservan el texto que tenían cuando se promulgó en 1917, al finalizar el proceso revolucionario.
Labastida señaló que todos los mexicanos tendrían que verse reflejados en la Constitución y exhortó a los partidos de oposición, que obtuvieron la mayoría parlamentaria luego de las elecciones legislativas de junio de 1997, a diseñar nuevos cambios.
El funcionario también pidió superar la controversia creada por el planteo de reformas jurídicas en materia de derechos y cultura indígena, que la guerrilla zapatista pide aprobar y que el gobierno cuestiona por otorgar excesivos derechos de autonomía a las etnias.
Labastida llamó a la sociedad y a los partidos políticos a un debate plural para concertar cambios en el régimen político, en los problemas de seguridad, federalismo y participación cuidadana.
Para algunos analistas y juristas, la Constitución debe ser reformada para rescatar los principios que le dieron origen, mientras que para otros debe dictarse una nueva, que recoja las transformaciones sociales y políticas de los últimos años.
Cuando se proclamó la Constitución, luego de una guerra civil, México tenía 15 millones de habitantes, la sexta parte de la población actual.
"Hay que reformar la Constitución, pues en nombre del neoliberalismo y la globalización se ha pretendido eliminar su sentido social", expresó el jurista Emilio Krieger, quien agregó que las privatizaciones y la libre competencia alteraron los principios revolucionarios.
Ignacio Burgos, profesor universitario, indicó por su parte que los cambios introducidos en la Constitución no alteraron sus principios fundamentales en "materia humanística", aunque en la realidad la situación sea otra.
En la ley suprema se incluyen una serie de derechos sociales que actualmente no se cumplen. Igual sucede con los preceptos que hablan de justicia e igualdad ante la ley.
En México hay 40 millones de pobres y 10 millones se encuentran en la miseria casi absoluta, mientras la impunidad y el delito marcan la vida cotidiana.
Por su parte, el constitucionalista Santiago Corcuera, experto en derecho internacional, dijo que los derechos más violados en México son los sociales.
México ocupa junto a Brasil el primer lugar en América Latina que materia de concentración en el ingreso, según el Banco Mundial.
Una década atrás, 10 por ciento de los mexicanos con mayores ingresos poseían 34 por ciento de la riqueza nacional, mientras que actualmente la proporción es de 41 por ciento.
En contraste, 20 por ciento de los hogares más pobres, que hace 10 años contaban con 4,8 por ciento de los ingresos, ahora apenas perciben 3,2 por ciento.
Si la Constitución se aplicara, el estado debería ser demandado por no garantizar la justicia y la igualdad, declaró Corcuera. Sin embargo, con la doctrina neoliberal, "que considera un sacrilegio que el poder estatal haga algo", la Constitución ya parece tener poca importancia, afirmó. (FIN/IPS/dc/dam-ff/ip hd/98
